En un fallo que representa un respiro para las finanzas argentinas, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ratificó una decisión favorable a Argentina en la disputa legal por los cupones ligados al Producto Bruto Interno (PBI).
La decisión judicial, originada en una demanda presentada en 2019, se centra en la metodología utilizada para calcular el crecimiento económico durante el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Si bien este fallo alivia la presión sobre Argentina, aún existen otros litigios relacionados con los cupones PBI en curso.
La jueza Loretta Preska, la misma magistrada que confirmó la obligación de Argentina de entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes en el juicio por la reestatización de la petrolera en 2012, había fallado previamente en primera instancia a favor de Argentina en este caso.
Este triunfo legal en Estados Unidos contrasta con la derrota sufrida en el Reino Unido. En octubre de 2024, Argentina fue condenada por la Corte Suprema británica a pagar aproximadamente 1.330 millones de euros más intereses en otra causa relacionada con los cupones PBI. En febrero de este año, los bonistas ejecutaron una garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo de 2024 en relación con este litigio.
¿Qué son los cupones PBI?
Los cupones PBI fueron emitidos en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda soberana argentina tras el default de 2001. Se trata de instrumentos financieros cuyo pago está condicionado al crecimiento del PBI.
Si la economía argentina supera un umbral de crecimiento predefinido, se activa el pago de un rendimiento adicional a los tenedores de estos cupones. Estos cupones fueron emitidos junto con los nuevos bonos de la reestructuración (Boden, Discount, Par) y colocados tanto en el mercado local como internacional, incluyendo Nueva York.
Desde su lanzamiento en 2005, el valor de estos cupones fluctuó significativamente, reflejando las expectativas de crecimiento de la economía argentina. La demanda en EE.UU. se originó por la acusación de un grupo de bonistas que alegan que Argentina manipuló los datos del PBI en 2013 para evitar el pago de los cupones ligados al crecimiento.
Los demandantes argumentan que el cambio en la base de cálculo del PBI (de 1993 a 2004) realizado por el gobierno argentino en ese año tuvo como objetivo artificialmente mostrar un crecimiento por debajo del umbral requerido para activar el pago. De acuerdo con los demandantes, utilizando la base de cálculo original, el crecimiento sí habría sido suficiente para disparar el pago de los cupones.