A un año de la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe con una evaluación detallada del impacto institucional, económico y social que produjo su implementación. El documento pone el foco en la concentración del poder en el Ejecutivo, el desmantelamiento del aparato estatal, la regresión tributaria, el avance privatizador y los escasos resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los centrales del análisis gira en torno a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que habilitaron al presidente Javier Milei a legislar por decreto en un contexto de desarticulación del Congreso. Según CEPA, al 4 de julio de 2025 se registraron 157 decretos de carácter legislativo, entre los que se incluyen 75 Decretos de Necesidad y Urgencia y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se sustentaron directamente en las disposiciones de la Ley Bases.

Efecto de la Ley Bases: el Belgrano Cargas, hacia su total privatización

Estas medidas derivaron en una política de desguace sistemático de organismos públicos, con una lista que incluye al Inadi, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), la AFIP -reconfigurada como ARCA- y fondos fiduciarios emblemáticos como el Procrear, el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo Nacional de Emergencias.