Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos rechazaron la medida del gobierno de Javier Milei que vuelve a subir las retenciones a las exportaciones de soja, maíz, girasol y sorgo.  

La decisión entra en vigor a partir del 1° de julio, y fue oficializada mediante el decreto 439 publicado en el Boletín Oficial.  Esta generó una fuerte reacción de gobernadores y sectores del agro, quienes calificaron la medida como un golpe al sector productivo en un contexto económico crítico. 

Es oficial: el Gobierno nacional vuelve a aumentar las retenciones al campo

El decreto establece el retorno a alícuotas más altas para la soja y el maíz, mientras que el trigo y la cebada mantendrán un esquema de retenciones reducidas al 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.  

Además, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los 30 días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Esta medida profundiza las tensiones con el campo. 

"Es una medida que asfixia al agro en un momento crítico. Volver a ponerle un freno al campo es profundamente regresivo y perjudicial para el desarrollo productivo del país", dijo el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. "Argentina crecerá con el campo, nunca sin él ni en su contra. Necesitamos políticas que acompañen a quienes producen, invierten y generan empleo", sumó. 

En la misma línea, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, calificó la decisión como "un error" que ignora al interior productivo. "El campo reinvierte todo lo que genera en tecnología y en nuestras ciudades, no en cuentas offshore ni criptomonedas. Si esta política no cambia, el Gobierno cometerá un gravísimo error", advirtió Pullaro, quien abogó por la eliminación total de las retenciones y una apertura comercial "estratégica e inteligente" que proteja los empleos. 

Desde Entre Ríos, Rogelio Frigerio expresó su apoyo al sector: "Nuestra provincia es el campo. Siempre estaremos del lado de los productores". 

El aumento de las retenciones, que revierte la reducción transitoria aplicada desde inicios de 2025, llega en un momento de alta tensión con el campo, que denuncia un esquema fiscal "asfixiante" y demanda mayor previsibilidad para planificar la próxima campaña agrícola. Los productores advierten que la medida impactará negativamente en la inversión y la competitividad del sector, clave para la generación de divisas en el país. 

El malestar se suma a los reclamos de los gobernadores por los fondos de coparticipación, configurando un nuevo frente de conflicto con la Casa Rosada. Mientras el Gobierno defiende la suba de retenciones como una medida para fortalecer las reservas, el agro y las provincias productivas insisten en que el camino es eliminar las trabas al sector que sostiene la economía nacional.