Una nota realizada por LG Play, en ocasión de la espera de Inés y de Alcides para retirar el Boleto Gratuito para Jubilados en San Miguel de Tucumán, plantea una mirada sobre la situación de los adultos mayores en Argentina. Sus ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica, tienen dificultades para acceder a medicamentos y servicios esenciales, y sufren por un sistema previsional con problemas estructurales. Este panorama lleva a que el debate sobre la política previsional sea prioritario.
Inés tiene 77 años. Alcides, 87. Usan el transporte público para asistir a consultas médicas, ya que no cuentan con recursos suficientes para afrontar otros medios de traslado. Ambos viven con la jubilación mínima, que no les alcanza para cubrir los gastos básicos. Alcides explicó que algunos medicamentos los consigue a través de la obra social, pero otros debe comprarlos. La organización diaria está condicionada por el ingreso: “Tomamos mate nomás todas las mañanas hasta que nos toque el turno para volver a cobrar”, dijo. Inés relató que para el almuerzo prepara sopa y por la noche suelen tomar café con galletitas. “Cuando no hay para galletas, tomamos mate”, agregó.
Este caso no es aislado. Según estimaciones de hace algunos meses de la Defensoría de la Tercera Edad, más de cinco millones de jubilados y pensionados se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Adicionalmente, cerca de 500.000 personas cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. Un millón más perciben pensiones no contributivas.
Especialistas han advertido sobre el impacto de esta situación en la salud de los adultos mayores. Entre el 80% y el 90% padece hipertensión o colesterol elevado. Sin embargo, los ingresos no permiten mantener una alimentación adecuada ni comprar todos los medicamentos necesarios. También hay dificultades para afrontar gastos como calefacción o transporte.
El sistema previsional presenta problemas estructurales que limitan su sostenibilidad. Entre ellos se encuentran el déficit de financiamiento, la creciente demanda de cobertura social, el bajo nivel de aportes efectivos, y una informalidad laboral que reduce la base de contribuyentes. La percepción de que el sistema no garantiza haberes suficientes también desalienta el aporte regular por parte de los trabajadores. Esto genera un ciclo que afecta tanto a los actuales jubilados como a las generaciones futuras.
En este contexto, el diseño de políticas públicas orientadas a equilibrar los recursos con mecanismos de actualización que reflejen la inflación real y el costo de vida se vuelve urgente. Garantizar una vejez con acceso a derechos básicos como salud, alimentación, transporte y vivienda debe ser una prioridad del Estado.
El caso de Inés y Alcides no es nuevo ni excepcional, pero sí representa una constante que debería importar más allá de lo anecdótico. Se trata de voces que deben ser escuchadas y atendidas con premura. De fondo hay un sistema previsional tensionado, una economía que empuja a millones de adultos mayores por debajo de la línea de pobreza, y una política pública insuficiente.
Mientras tanto, los números muestran lo que las historias humanizan: con ingresos tres veces menores a la canasta básica, gran parte de los jubilados y pensionados organiza su vida diaria con estrategias de subsistencia. Reducen porciones, postergan tratamientos, priorizan un viaje al médico por sobre una comida caliente.
Lo urgente es reconocer que este no es sólo un problema económico o técnico. Es una señal clara del modelo de país que se construye desde hace muchos años. Si el presente no garantiza derechos básicos a quienes ya cumplieron su ciclo laboral, es difícil sostener que hay futuro para quienes vienen detrás. La transformación dependerá de una decisión más profunda: si la sociedad y, sobre todo, quienes gobiernan, están dispuestos a dejar de administrar la urgencia y empezar a construir respuestas. Y que estas incluyan a quienes ya no están en la agenda productiva, pero sí en la agenda ética de cualquier democracia.