La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), mediante su Secretaría de Género, Diversidades y Derechos Humanos, brindará la primera capacitación de la Ley Micaela destinada especialmente a docentes y egresados de la institución. La primera clase será virtual y está programada para el lunes 21 de abril. Este domingo 20 es el último día para hacer la inscripción.
La formación totalmente gratuita y en modalidad remota se enmarca en la Ley Nacional Nº 27.499, que obliga a todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado a recibir capacitaciones en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. La UNT, al igual que otras universidades del país, adhirió a esta normativa mediante resoluciones propias y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El curso se desarrollará de forma asincrónica, lo que permite avanzar a cada participante según su propio ritmo. Contará con tutorías docentes; estará dividido en cuatro módulos y comenzará el próximo 21 de abril, día en el que se habilitará el acceso a la plataforma educativa y se publicará el primer contenido.
Además, se anticipó que habrá nuevas convocatorias durante el segundo semestre: una destinada al personal nodocente y otras dirigidas a estudiantes, previstas para los meses de junio y septiembre.
La capacitación otorga una certificación oficial de 20 horas cátedra respetuosa de la Ley de Identidad de Género. Por ello se podrá solicitar, vía correo electrónico, la emisión del certificado con nombre autopercibido, incluso si no fue realizado el cambio registral.
La inscripción está abierta hasta el 20 de abril. Las personas interesadas deben completar un formulario online con sus datos personales, que quedarán registrados oficialmente durante el cursado. El formulario de inscripción es goo.su/lMlg7. Se pueden hacer consultas a los correos: secretaria.de.genero.diversidades.y.ddhh@rectorado.unt.edu.ar
¿Qué es la Ley Micaela?
La Ley Micaela fue sancionada en 2018 en memoria de Micaela García, una adolescente víctima de femicidio en 2017. La ley busca garantizar la formación obligatoria en perspectiva de género y prevención de violencias contra las mujeres a todos los niveles del Estado, desde funcionarios hasta personal operativo.
Su implementación tiene como fin transformar estructuras y prácticas institucionales arraigadas en desigualdades históricas, promoviendo una mirada crítica sobre el machismo, los estereotipos y las múltiples violencias. Además, la ley refuerza la responsabilidad del Estado en la erradicación de la violencia de género, y en la construcción de espacios más justos e inclusivos.