La Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de la República Argentina, permitiendo que acreedores embarguen activos soberanos por un valor de US$ 310 millones. Estos fondos, asociados a los bonos Brady emitidos en los años ‘90, están depositados en cuentas del Banco Central en la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza. Esta decisión representa otro revés judicial para el país, tras el fallo adverso en el caso Cupón PBI por parte de la Corte Suprema del Reino Unido en octubre pasado.
Los acreedores, que incluyen a cinco o seis fondos holdouts, llevan años buscando cobrar una sentencia previa del juez Thomas Griesa, acumulando demandas por US$450 millones. Los activos embargables incluyen US$250 millones en Nueva York y 58 millones de euros en Basilea. Aunque los embargos no cubren la totalidad de la deuda, los acreedores ya enviaron un pedido de autorización a la jueza Loretta Preska para tomar posesión de los fondos.
La defensa argentina argumentó que estos activos pertenecen al Banco Central y no al Estado, por lo que deberían estar protegidos bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, sostuvo que los bonos Brady no fueron utilizados para actividades comerciales. Sin embargo, la jueza Preska desestimó estos argumentos, señalando que los derechos de reversión asociados a los bonos sí fueron utilizados comercialmente, lo que anula su inmunidad.
La decisión judicial se enmarca en la historia de los bonos Brady, emitidos como parte de un programa de reestructuración de deuda de países emergentes en los años ‘90. Argentina utilizó este mecanismo para canjear deuda bancaria por títulos públicos en 1992, pero los bonos cayeron en default tras la crisis de 2001. Desde entonces, varios intentos de reestructuración no lograron resolver completamente los reclamos de los holdouts.
El caso refleja los efectos prolongados de la cesación de pagos de 2001 y las dificultades de sucesivos gobiernos para cerrar conflictos con acreedores. Expertos señalan que el país enfrenta una disyuntiva: pagar con reservas del Banco Central o entrar en default nuevamente. Este nuevo fallo podría profundizar las tensiones económicas y financieras de Argentina, que aún carga con el peso de intereses crecientes por deudas impagas.