Casi la mitad de los tucumanos que hoy trabajan no podrían recibir una jubilación cuando alcancen la edad prevista para su retiro. Si a ese universo de personas se le suman los desocupados o quienes perciben salarios en blanco cercanos a la línea de la pobreza, el panorama de los próximos años parece mucho más desolador. La crisis del sistema previsional es recurrente, no ha tenido resolución y para la mayoría de la gente aparece como un asunto de “viejos”, aunque tarde o temprano todos llegarán a enfrentarlo.
Según datos oficiales, el empleo no registrado en el tercer trimestre del año pasado llegó al 47,2% de quienes trabajan en la provincia. El dato abarca a poco más de 136.000 personas que no tienen aportes previsionales. La foto podría ser pasajera, pero, en la serie histórica, Tucumán sólo estuvo por debajo del 40% de trabajo en negro en cinco de los 86 trimestres medidos desde 2003 hasta la fecha. La película muestra, entonces, un universo de personas que trabaja desde hace más de una década sin descuentos para su jubilación. Los trabajadores “en negro” son la segunda fuerza laboral de la provincia, por encima de los estatales.
El otro frente de tormenta está vinculado con la masa de empleados en blanco que percibe salarios muy bajos o con varias categorías como “no remunerativas”. La frase refiere a montos que no generan aportes al régimen social. En uno y en otro caso, la proyección de estos trabajadores es que, aún con derecho a jubilarse, sus ingresos de futuro estarán por debajo de la línea de la pobreza. En este rubro, el problema afecta a los ocupados del sector privado y también a la planta estatal que involucra a más de 100.000 personas.
Péndulo histórico
La ley vigente prevé que quienes no pueden acceder a una jubilación ordinaria por no cumplir con la edad requerida y los años de aportes, pueden cobrar una PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) cuyo valor es equivalente al 80% de una jubilación mínima. Para ello deberán tener 65 años, dejar de recibir cualquier pensión por viudez y demostrar estar en situación de vulnerabilidad social.
La jubilación es un derecho reconocido a quienes finalizan su período laboral activo. En nuestro país, comenzó a ser reconocida a comienzos del siglo XX y luego se hizo masivo. El llamado “sistema de reparto” implica la financiación de los retiros con el porcentaje de los aportes que realizan quienes aún estaban en actividad. El sistema generó equilibrio cuando el promedio de aportantes era de cuatro empleados por un jubilado.
En los años 90, Nación impulsó cambios de fondo. La reforma estableció un sistema de capitalización en el que cada trabajador aportaba a una cuenta individual de jubilación con la expectativa de recibir una pensión en función de los aportes realizados. Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) tenían a su cargo el manejo de esos créditos. Aquella reforma previsional implicó el traspaso de las cajas previsionales de las provincias al sistema nacional. El año próximo se cumplirán 30 años de la transferencia del régimen previsional tucumano. En 2008, Nación volvió a estatizar el régimen y desaparecieron las AFJP.
El Gobierno anunció que trabaja en una reforma previsional para darle “sustentabilidad” a un sistema que se presenta como “quebrado”. La propuesta implicaría, además, distinguir entre los potenciales jubilados que cumplieron con sus aportes y aquellos que ingresaron al beneficio con alguna moratoria. No se descarta aumentar la edad jubilatoria e igualar a hombres con mujeres. El retorno de las jubilaciones privadas también está en agenda. La falta de empleo, las nuevas modalidades de trabajo y el aumento de la expectativa de vida han puesto en crisis a un sistema que nació en el denominado “Estado de Bienestar”. Los datos muestran que el mundo estudia cómo resolver el problema, pero en Argentina las necesidades siempre parecen más urgentes.
Puntos de vista
Paula Omodeo: "Los kioscos políticos quebraron el sistema"
Sabemos que nuestro sistema jubilatorio está quebrado y enfrenta numerosos problemas. El más grave es la discrecionalidad en los montos de las jubilaciones: personas que aportaron lo mismo reciben haberes muy distintos, sin justificación. A esto se suma un problema estructural: el envejecimiento poblacional y la alta informalidad laboral, que generan cada vez menos aportantes para sostener a quienes ya se jubilaron.
Debemos hacernos una pregunta: ¿por qué nuestra economía, especialmente en Tucumán, fomenta tanta informalidad? La respuesta está en los números, que no cierran para nadie. La formalidad es tan cara debido a los costos que impone el Estado.
En Tucumán, lo vemos todos los días. Desde el comerciante que debe elegir entre pagar impuestos o contratar a alguien en blanco, hasta el trabajador que acepta cualquier condición laboral porque necesita llevar un plato de comida a su mesa. Es una realidad que nos duele y que no debería ser normal.
¿Cómo llegamos a este punto? La responsabilidad, sin dudas, es 100% política.
Tucumán tiene la tasa de desocupación más alta del NOA y más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Esto no es casualidad. El propio oficialismo reconoció que cada ministerio trabajaba más en construir alianzas políticas que en atender los problemas reales.
Mientras tanto, Tucumán se ha convertido en una máquina de destruir empresas, aumentar impuestos y expandir un gasto público que no da respuestas. La presión tributaria no ha dejado de crecer; hoy somos la segunda provincia con mayor carga impositiva del país. Los “kioscos” del gobierno tucumano no solo han devorado las empresas; también han destruido las oportunidades. Tucumán tiene el potencial para cambiar si empezamos a poner el foco en quienes verdaderamente sostienen la economía: los emprendedores, los trabajadores y las familias tucumanas.
Carlos Cisneros: "Se premia a quienes contratan en negro"
El Gobierno es duro con los más débiles y blando con los más poderosos. Lo quieren hacer con la moratoria previsional es de una crueldad insólita. El año pasado el Gobierno tuvo superávit gracias a que, primero, licuó, y después, congeló las jubilaciones. Está claro que este año el rumbo va a ser el mismo: van a profundizar el ajuste a los jubilados y, principalmente, a las jubiladas. Cuando Mili habla de “motosierra profunda” está hablando de esto. La verdad es que si el Gobierno no prorroga la moratoria sólo 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres va a poder jubilarse.
En Tucumán casi la mitad de los trabajadores no podrán jubilarse cuando lleguen a la edad prevista para hacerlo. O sea el 90% de las mujeres van a quedarse sin la posibilidad de jubilarse. Es un trato indigno para personas que toda su vida trabajaron dentro y fuera del hogar. Las mujeres que no podrán jubilarse son personas que pasaron arduas horas ocupándose de las tareas de cuidado y, en muchos casos, haciendo malabares con trabajos precarios y en negro. Pero claro, el Gobierno premia a los empresarios que tuvieron trabajadores en negro y castiga a los trabajadores y, principalmente a las trabajadoras, que fueron negreado. Estos empleadores tuvieron a sus trabajadores en negro, no hicieron los aportes y por lo tanto se quedaron con esa plata que era para la jubilación de los trabajadores. O sea, estos empresarios les robaron a los trabajadores. El Gobierno, lejos de tener reproche, los considera “benefactores sociales” y el año pasado los premió con moratoria, condonación, facilidades de pago, etc. con quien si es implacable es con esos trabajadores que tuvieron que aceptar trabajar en negro o que, en algunos casos, ni sabían que no les estaban haciendo los aportes. Como dije, duro con los más débiles y blando con los poderosos que nunca hizo los aportes. Por eso es que la prórroga de la moratoria es urgente y no hacerlo demuestra la falta de humanidad de este Gobierno.
"Hay que rediseñar el sistema para lograr un futuro más inclusivo"
Manuel Mera - Director de Protección Social, Cippec
El sistema previsional argentino enfrenta graves desafíos de equidad y sostenibilidad, siendo uno de los principales problemas el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación proporcional. Este criterio, que excluye a una parte significativa de la población activa debido a los altos niveles de informalidad laboral, limita la eficacia del sistema para garantizar ingresos en la vejez.
Con una cobertura superior al 90% de las personas mayores de 65 años, su éxito en reducir la pobreza y la indigencia en este grupo etario ha sido notable. Sin embargo, este logro se ha alcanzado a través de medidas excepcionales, como las moratorias previsionales. Las excepciones temporales han permitido una amplia cobertura, pero al mismo tiempo han generado inequidades profundas. Por ejemplo, un trabajador con 29 años de aportes recibe apenas el 18% de su salario promedio como jubilación (lo mismo que recibiría si no hubiese realizado nunca un aporte), mientras que otro con 30 años obtiene un 55%. Este diseño desincentiva los aportes regulares y promueve la dependencia de medidas excepcionales. Esto no solo afecta la equidad, sino que también dificulta la sostenibilidad financiera del sistema.
La informalidad laboral agrava esta situación. Muchos no logran acumular los 30 años de aportes requeridos, lo que pone en riesgo su acceso a una jubilación adecuada. En el caso de Tucumán, se observa una cobertura cercana al 90% en la población de 65 años o más, pero el 63% de los jubilados requirió una moratoria para acceder al beneficio, ligeramente por debajo del total nacional (67%). Al igual que en el resto de las provincias, se destaca la importancia de las moratorias para las mujeres, ya que el 75% de las jubiladas requirió una moratoria por no haber alcanzado 30 años de aportes. También pueden distinguirse algunas particularidades en la composición de los jubilados en la provincia. De los que utilizaron moratoria para jubilarse, el 54% no había realizado aportes (42% en el total nacional) y entre los que se jubilaron sin moratoria, la mitad corresponde a empleados del sector público provincial en relación de dependencia y 34%, a empleados del sector privado. Por su parte, en el total nacional los independientes (autónomos y monotributistas) son el 20% de los jubilados sin moratoria y en Tucumán representan solo el 4%.
Frente a este escenario, CIPPEC propone un reordenamiento que elimine el requisito rígido de aportes y permita un acceso más inclusivo y proporcional, pero que a la vez favorezca la sostenibilidad del sistema. La propuesta incluye un modelo multipilar con tres componentes: un pilar básico universal financiado, que garantice un ingreso mínimo para todos los adultos mayores; un pilar proporcional que vincule directamente los beneficios a los aportes realizados a lo largo de la vida, sin requerir un umbral mínimo de 30 años; y un pilar voluntario de ahorro para quienes deseen mejorar sus ingresos en la jubilación.
Este rediseño permitiría integrar los actuales esquemas contributivos y no contributivos, eliminando la necesidad de moratorias. Al calcular los beneficios en función de la totalidad de los aportes realizados, se eliminarían las desigualdades actuales y se incentivaría la formalización laboral.