A ninguno de los investigadores les llamó la atención que dos efectivos hayan sido detenidos acusados de haber secuestrado a un supuesto transa. La novedad se registró porque esta banda utilizaba una sede policial para llevar ahí a las víctimas y cobrar el rescate que exigían. Eso se desprendió en la investigación que desarrolla la Justicia Federal y que generó una fuerte cimbronazo en la fuerza.

El viernes por la noche una mujer se comunicó con la guardia de la seccional 11° para denunciar que su hijo había sido secuestrado por cuatro hombres que dijeron ser policías. El personal de esa dependencia, al mando de los comisarios Tatiana Frías y Marcelo Juárez, comenzó a investigar el caso.

La mujer les habría contado que su hijo habría sido capturado en su domicilio de un barrio privado de Villa Carmela. Los pesquisas se trasladaron hasta ese lugar y confirmaron la versión. El portero les informó que cuatro hombres que se movilizaban en un auto gris se habían llevado a la fuerza al joven de 28 años. El testigo les confirmó que eran efectivos, aunque no supo precisar a qué dependencia pertenecían.

Después de hacer varias averiguaciones, establecieron que la víctima no había sido detenida en ningún procedimiento y empezaron a confirmar la posibilidad de que estaban ante un secuestro extorsivo.

Las sospechas se confirmaron cuando finalmente lograron entrevistarse con la mujer. Esta les informó que a su hijo lo llevaron hasta una dependencia policial y que en un primer momento le exigían el pago de $400.000 para dejarlo en libertad. La madre del secuestrado indicó que sólo pudo reunir $240.000 y por ese dinero pudo rescatarlo.

Los pesquisas informaron de la situación a la Unidad de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira, pero al tratarse de un delito federal, las actuaciones pasaron a las manos del fiscal Agustín Chit.

La investigación

El fiscal federal pidió a las fuerzas federales que intervinieran en el caso. Los investigadores lograron confirmar todos los datos recolectados por sus pares tucumanos. Determinaron cómo había sido secuestrado y que el pago del rescate se concretó en las oficinas de la Jefatura de Zona 3, ubicada al sur de la capital.

EL INVESTIGADOR. El fiscal federal Agustín Chit está al frente del expediente.

Según versiones policiales, los sospechosos prestarían funciones en la seccional 9° y no sería la primera vez que utilizaban esa dependencia para realizar este tipo de actividad ilícita. Con el correr de las horas, varios informantes dijeron que desde diciembre venían utilizando este modus operandi.

Infiltrados

Fuentes de las fuerzas federales habrían establecido cómo los acusados eligieron a la víctima. Se habrían infiltrado en un grupo de una red donde cultivadores de marihuana, además de intercambiar consejos, ofrecían vender diferentes productos, entre otros, flores de marihuana.

Al sumar las pruebas necesarias, el fiscal Chit consiguió una orden de detención para dos de los acusados. Los arrestos se concretaron el domingo, casi en simultáneo con los allanamientos a los efectivos que habían intentado organizar una huelga policial.

Los dos fueron llevados el lunes y ayer a los tribunales federales para ser indagados. Pero el paso procesal fue suspendido para hoy. El fiscal Chit no quiso dar detalles porque la investigación está en curso para identificar a los demás involucrados.

Perfiles

LA GACETA, después de hablar con varias fuentes, estableció que la víctima no es desconocida para las autoridades. Estuvo mencionado en la causa conocida como “El crimen de las flores”. Si bien nunca fue procesado por ese homicidio, la Justicia Federal lo acusó de comercialización de flores de marihuana, causa que aún sigue tramitándose.

Sólo surgieron datos de uno de los dos policías detenidos. Se trata de un oficial principal que no gozaba de buen prestigio en la fuerza.

Habría sido procesado por una denuncia de abuso sexual contra una subalterna y además habría sido sancionado administrativamente porque travestis, en un confuso episodio, le sustrajeron su arma reglamentaria.

Se espera que en las próximas horas declaren. Si cuentan quiénes eran los otros involucrados y cómo “trabajaba” la banda, podrían mejorar su situación procesal.

“Esos no son policías, son delincuentes”

“Me gustaría aclarar dos cosas. La primera: fue una investigación realizada por los buenos hombres de la fuerza. La otra, estos no son policías, sino delincuentes que ya no serán parte de la fuerza”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau al ser consultado por este caso. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Los dos detenidos ya fueron puestos disponibles y, si se confirma su procesamiento, inmediatamente se iniciará los trámites para su expulsión”, agregó en una entrevista con LA GACETA. Girveau indicó que van a seguir colaborando con la Justicia Federal en la investigación. “Como dice el gobernador Osvaldo Jaldo, iremos con todo, caiga quien caiga”, finalizó.