Por Gustavo F. Wallberg
Columnista invitado
El pago de sumas fijas para los trabajadores en relación de dependencia recogió opiniones mayormente contrarias de los empleadores, englobando empresarios, gobernadores e intendentes. A su vez, tales opinioes fueron criticadas por funcionarios nacionales y, como suele ocurrir, se deslizaron falacias. Por ejemplo, el administrador de la AFIP, Carlos Castagneto, fue muy duro con las empresas diciendo que tienen dinero para pagar y que deben hacer un aporte “para el país”, y dividió a las firmas entre las subsidiadas y las grandes que evaden o eluden impuestos.
Una digresión con respecto al último punto: ¿debería entenderse que la única forma de crecer legalmente en Argentina es con ayuda del Estado? ¿Que sin subsidios no habría otro camino que esquivar tributos? Si fuera así, es confesión de que se gobierna mal. Segunda digresión: evadir no es lo mismo que eludir. Lo primero es ilegal, lo segundo no. Tercera: ¿quiso decir que todos los empresarios no subsidiados son malas personas? Otra más: si las empresas no subsidiadas son evasoras, ¿actúa la AFIP ante ello o sólo amenaza a las que no se alinean con el gobierno?
Volviendo al bono salarial. Que las empresas deban pagar porque tienen dinero para hacerlo expresa una confusión profunda y difundida, la de evaluar la ganancia ajena con criterios propios o bien con otros supuestamente objetivos. De allí surge, por ejemplo, el equivocado concepto de ganancia justa como un monto o un porcentaje y no como fruto de un estilo de conducta.
Una persona es dueña de su capital y de su esfuerzo y vuelca ambos a una actividad por una expectativa de ganancia que prefiere al compararla con las resultantes de asignaciones alternativas de sus recursos. Por supuesto, el espectro de posibilidades depende de los montos y tipos del capital involucrados, pero el principio es el mismo no importa que uno sea un emprendedor pequeño, el dueño de una multinacional, un profesional independiente, personal jerárquico o empleado. En consecuencia, calificar la ganancia de mucha o poca depende de cada uno dadas sus restricciones y aspiraciones.
Y cuando se la afecta cambia la relación entre el beneficio realizado y el que no se obtuvo por no elegir la actividad que lo podría haber generado (costo alternativo). Si esa modificación es relevante puede esperarse que también varíe la conducta de la persona. Por ejemplo, que reduzca el ritmo de actividad, que suspenda inversiones que tenía planeadas o inclusive que abandone el emprendimiento. Y todo eso sería legítimo. Inclusive para algunos también la evasión sería legítima, aunque ilegal, si fuera la única manera de mantenerse en una actividad legítima y sean el impuesto o la forma de gastar la recaudación los ilegales o ilegítimos. Importantes avances de la civilización comenzaron como rebeliones fiscales.
Claro que el bono tiene el alivio de ser a cuenta de las paritarias. En el fondo es un anticipo de sueldos para los trabajadores formales. Pero igual es inconveniente porque significa meterse con el flujo de caja de las empresas, con su situación financiera, sin considerar cómo eso impactará en cada una.
Tampoco puede dejarse lado la afirmación de Castagneto, para justificar la suma fija, de que toda la ganancia de las empresas es fruto de la mano de obra de los trabajadores. ¿Acaso la dirección no cuenta? ¿La visión de negocio, la capacidad gerencial, la habilidad para negociar redes de proveedores y comercialización? ¿El ahorro arriesgado en forma de capital y adelanto de salarios? Si todo fuera mano de obra, ¿qué sentido tendrían los empresarios? El valor de la contribución de los trabajadores se discute en las paritarias, muchas de ellas en marcha, y su importancia no puede usarse como excusa para una medida que sin dudas pretende tener efectos electorales.
Para cerrar el concepto, una mejor aproximación a la justicia de las ganancias estudiaría las condiciones en que se consigue. Sería justa si surgiera de competir en un mercado abierto sin engañar al consumidor, sin estafar a los proveedores y empleados y no por ser un monopolio legal o moverse en mercados cerrados.
Ahora bien, si los empresarios pudieran pagar el bono aunque frustrara de momento sus expectativas, ¿valdría la pena? Depende de lo que haya en el horizonte. ¿Aportaría a un futuro mejor del país o simplemente ayudaría a sumar votos para Sergio Massa? ¿Serviría de algo el triunfo de Massa? Tal vez algunos gobernadores hayan seguido ese razonamiento y entonces podría especularse que no pagarán porque concluyeron que implica sacrificarse por un proyecto que no se concretará, que apostarían por un candidato perdedor.
Por otra parte, se argumenta que el bono compensa en parte la devaluación del peso que pidió el Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿por qué deberían las empresas compensar una mala política cambiaria? Y además Massa no es creíble cuando dice que el Fondo pidió revaluar el dólar oficial un cien por cien, que él se negó, también rechazó un 50 por ciento y finalmente quedaron en 22 por ciento. Esta última suba era la necesaria para volver al valor real de diciembre de 2019, por lo que no luce razonable que se hayan discutido porcentajes mayores. Más bien parece un intento de mostrar que sí puede “ponerse picante” al negociar con el FMI, como dijo su esposa, buscando apoyar su pose en que la brecha oficial-blue supera el cien por cien y se querría eliminarla. Pero para eso el Fondo suele pedir unificación cambiaria, no revaluaciones bajo un esquema fallido. Además, se revalúa cuando no quedan más reservas en el BCRA, no importa quién gobierne. Es realismo, no ideología.
Y revaluar no es útil bajo cualquier condición. Por eso la brecha continúa. Parte de ella se debe al cepo y a la desconfianza, pero también a que se esperan más revaluaciones, expectativa sustentada en el anuncio del congelamiento de la cotización oficial y en la toma de medidas que muestran laxitud fiscal y hacen prever más inflación. Claramente, no es un problema de ambiciones empresarias.