“No puedo ir presa, soy la única que trabaja. El día a día de mi casa lo llevo yo”, declaró Valeria Jiménez, minutos antes de que se le dictara la prisión preventiva por 60 días y se le trabara un embargo por $ 3.000.000 después de que fuera imputada por intimidación pública. La mujer reconoció que la amenaza de bomba contra un establecimiento educativo se hizo desde el teléfono que está a su nombre y que usa su hijo.
El 7 de agosto, una persona se comunicó con el servicio 911 para informar que en el Colegio Nacional había una bomba. Se activó el protocolo y al menos 1.200 estudiantes fueron evacuados a la plaza Urquiza hasta que personal especializado comprobó la falsedad de la alerta.
Las autoridades del establecimiento educativo realizaron la denuncia correspondiente. La fiscalía a cargo de Mariana Rivadeneira identificó a la titular de la línea como Valeria Jiménez. Luego, con la información brindada por el colegio, logró establecer que la acusada era madre de dos alumnos menores de edad. Con esa información, la representante del Ministerio Público la acusó de intimidación pública.
“Esa línea está a mi nombre, pero la usa mi hijo mayor de 17 años”, declaró la acusada. “Él me dijo que no había hecho nada y que fueron sus compañeros los que hacían las llamadas de amenazas. Compraban un chip y, después de hacerlas, lo tiraban”, añadió.
Sobre el caso en particular, Jiménez relató: “ese día le pidieron prestado el teléfono para hacer la llamada y luego borraron el historial”. Después -especificó- identificó a los amigos a los que acusó y nombró, pero sus identidades se mantienen en reserva por tratarse de menores de edad.
Las defensoras Lucía Gandur y María José Ahumada rechazaron los cargos formulados entendiendo que no había elementos suficientes para considerarla la autora de la amenaza. “Somos perfectamente conscientes de la conmoción que está generando en la sociedad estos casos, pero no por ello se deben vulnerar los derechos de las personas”, indicaron.
También argumentaron que presentaron evidencias para demostrar que Jiménez no fue la autora de la llamada. “Entre otras una entrevista con una persona que estuvo con ella en el horario que se hizo la comunicación y cuál es la verdadera línea que ella usa normalmente”, agregaron.
La auxiliar Mónica Tobchan, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, solicitó la prisión preventiva por 60 días. Argumentó su planteo aduciendo las pruebas que quedan por producir y porque la imputada podría influenciar sobre los testigos que en su mayoría son menores de edad. También solicitó que se le trabe embargo por $3 millones.
“Esta situación se está transformando en un verdadero problema, ya que son 15 los expedientes de estas características que recibimos en la fiscalía”, aseguró la acusadora.
Las defensoras rechazaron los pedidos al entender que en todas las familias los menores no son titulares de las líneas y que, si bien es cierto que estos casos están generando conmoción social, no se puede generalizar a todos por igual.
“Ella es la madre de una familia que lleva adelante con mucho esfuerzo y que nunca tuvo conflicto con la ley. El hecho se registró hace casi un mes y en ningún momento entorpeció la investigación ni eliminó una prueba. Es más, vino caminando para participar la audiencia”, argumentaron al solicitar que se le dicte el arresto domiciliario.
La jueza Valeria Mibelli aceptó todos los planteos realizados por el Ministerio Público. Jiménez se transformó en la segunda persona que es detenida en menos de cuatro horas. La primera fue una joven de 18 años que fue considerada autora del hecho.