El reciente golpe militar en Níger destaca una gran debilidad en los esfuerzos mundiales para promover la democracia. También subraya la necesidad de establecer principios jurídicos internacionales vinculantes para prohibir el reconocimiento de regímenes militares resultantes de golpes militares. La institucionalización de tales principios, junto con la creación de los mecanismos legales para aplicarlos, ayudaría a fomentar la democracia en todo el mundo.

En derecho internacional, el tema del no reconocimiento de gobiernos ilegítimos tiene raíces antiguas. La Doctrina Tobar, enunciada en 1907 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Carlos Tobar, llama a negar el reconocimiento a los gobiernos de facto surgidos de revoluciones contra el orden constitucional. Sin embargo, esta doctrina nunca ganó una aceptación generalizada. Lo mismo sucedió con la Doctrina Estrada, formulada en 1930 por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada. Esta doctrina niega el reconocimiento cuando el gobierno ha llegado al poder por medios extra-constitucionales. Aunque ambas doctrinas son conocidas en el derecho internacional, no obtuvieron el amplio reconocimiento que merecían.

La explicación de tal reticencia a negar el reconocimiento a un gobierno ilegítimo se basa claramente en factores políticos. A veces, son incluso las mismas potencias mundiales quienes fomentan el derrocamiento de un gobierno constitucional, como sucedió en 1973 cuando Estados Unidos apoyó el derrocamiento del gobierno legítimo de Allende en Chile por parte de Augusto Pinochet.

Anthony W. Pereira, director del King's Brazil Institute en el King's College de Londres, observó que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los golpes militares se han producido casi exclusivamente en los países en desarrollo, donde alcanzaron su apogeo en las décadas de 1960 y 1970. Aunque por lo general los militares prometen un rápido retorno al gobierno civil, esto rara vez sucede y los militares permanecen en el poder durante largos períodos de tiempo, a menudo a través de un régimen títere.

En el pasado, el reconocimiento explícito o implícito por parte de las democracias occidentales a través de signos ambivalentes alentó a los oficiales militares a derrocar gobiernos constitucionales. Los militares renuncian al poder solo cuando son forzados por la voluntad popular o cuando su propia incapacidad para gobernar hace insostenible su posición. Esto le sucedió a la junta militar griega en 1974 después de su debacle en Chipre, al régimen chileno de Augusto Pinochet en 1990 y al gobierno militar argentino después del conflicto por las Malvinas de 1982.

El no reconocimiento de los regímenes militares como principio universal plantea algunas cuestiones prácticas. La primera, ¿sería posible aplicar el principio retroactivamente, cuando los regímenes militares estén establecidos y ya hayan sido reconocidos? Este tema fue relevante en el caso Tinoco de 1923. Federico Tinoco Granados fue un general costarricense que en 1917 derrocó al gobierno constitucional de Costa Rica. Dos años después Tinoco Granados abandonó el país, tras múltiples acusaciones de corrupción llevándose consigo gran cantidad de dinero público. El nuevo gobierno de Costa Rica declaró la nulidad de todos los acuerdos firmados por Tinoco (entre ellos una concesión petrolera a una empresa británica), situación que enfureció a los británicos. El asunto fue sometido al arbitraje del presidente estadounidense William Howard Taft. El gobierno de Costa Rica argumentó que Gran Bretaña no podía hacer cumplir el contrato porque tanto Costa Rica como Estados Unidos no habían reconocido el régimen de Tinoco. Sin embargo, según Taft, Tinoco, que ejercía el control de facto del Estado, aunque no hubiera respetado la constitución, tenía derecho a contraer deudas en nombre del Estado. La decisión de Taft creó un precedente discutible cuyas consecuencias se sienten aún hoy.

¿Qué pasa si las fuerzas militares dan un golpe de estado contra un régimen civil opresor o corrupto? A un gobierno civil derrocado que ha sido elegido libremente por el pueblo no se le debe negar el reconocimiento a favor de un régimen militar posterior al golpe, a menos que el gobierno derrocado sea responsable de graves violaciones de derechos humanos. Además, después de un golpe, el reconocimiento debe retenerse hasta que se elija otro gobierno civil en elecciones libres y democráticas.

Se puede argumentar que el no reconocimiento de los regímenes de facto no restaurará por sí solo la democracia. Sin embargo, es un paso inicial significativo que podría ser seguido por medidas colectivas más fuertes. A la afirmación de que el no reconocimiento implica una injerencia indebida en los asuntos internos de un Estado, esta objeción pierde validez si el no reconocimiento es un principio consistente del derecho internacional establecido por las Naciones Unidas, y todas las naciones están obligadas a aceptarlo.

La Asamblea General y a su Comisión de Derecho Internacional podrían redactar la legislación adecuada. Como observó el difunto Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjold, las Naciones Unidas son “el lugar más apropiado para el desarrollo y el cambio del derecho internacional en nombre de toda la sociedad de estados”.

El no reconocimiento de los regímenes militares es una respuesta a las demandas mundiales para eliminar la plaga de los golpes de Estado militares. Una vez establecido como principio legal, podría convertirse en un paso significativo hacia la paz y la justicia en el mundo.