05 Diciembre 2022
En Tucumán está claro que el descontento social, no se frena solo con obras, por eso la premura del Gobernador Jaldo de inyectar $ 65.000 millones al circuito comercial, decisión oportuna que denota la sensibilidad y la experiencia política del titular del Ejecutivo, contribuyendo a la tranquilidad de la Provincia, durante las festividades de fin de año. No obstante el esfuerzo financiero, puede fracasar y complicar el futuro de quienes tienen aspiraciones políticas por la pasividad y la indiferencia (“Juntos por el Cambio y el choque electoral de 2023”, LA GACETA, 25/11) de quienes desde sus cargos imponen una impúdica supremacía de ingresos que anula el interés de cuidar que el acuerdo se cumpla. Para garantizar el acuerdo Massa, otorgó potestad a los intendentes del conurbano bonaerense para controlar el cumplimiento del mismo, lo que aún no sucedió en Tucumán, y en especial en Banda del Río Salí, donde no obstante la fenomenal estructura municipal, aún no se vislumbran medidas que frenen la disparada de los precios. Al parecer los responsables políticos del Municipio no entendieron el rédito electoral que significa en estas fiestas cuidar la mesa familiar, porque el control de precios puede significar la pérdida del voto del comerciante, pero en las urnas seguramente tendrá el respaldo del pueblo. Este escenario de inercia de las autoridades locales, se refleja en la descomunal diferencia de precios entre un súper de San Miguel de Tucumán con el almacén del barrio, donde compra un pueblo que puede reaccionar negativamente el 14 de mayo de 2023.
José Emilio Gómez [email protected]
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