Las mujeres más solas de Tucumán

Noemí Gutiérrez inaugura las historias del último libro de Jorge Fernández Díaz. En sus años jóvenes era flaca, aunque arrugada y con debilidad por la nicotina. “Tenía la piel acerada y los dientes amarillentos, pero así y todo su cuerpo no dejaba de transmitir una cierta sensualidad latente y sus ojos azules eran muy bien cotizados en los barrios bajos de San Miguel de Tucumán”. Todavía conservaba algunos de esos encantos cuando el escritor y periodista la entrevistó 35 años después de permanecer detenida, purgando la reclusión perpetua a la que un tribunal de nuestra provincia la condenó por el asesinato de su marido.

Los primeros años los pasó recluida aquí. Luego la trasladaron al penal de Neuquén. El “distinguido esposo” de Noemí -como ella lo llama, en una plétora de ironía- era de jactarse de sus infidelidades, que ella jamás recriminaba. Se limitaba a llorar su pena en silencio. Hasta que un día, escribe el inagotable Fernández Díaz, “pasó de la cortesía al homicidio”.

En reclusión, la tucumana se dedicó a fumar y a leer. En promedio, un libro por día. Según el fichero de la penitenciaría patagónica, llevaba leídos 12.000 ejemplares. Y le deja en claro a su entrevistador que está dispuesta a cualquier cosa con tal de que jamás la dejen libre y la alejen de esa biblioteca. “Es la mujer más sola del mundo”, anota Fernández Díaz, en la página 22.

“Tengo insomnio y buena vista. Hice solamente la primaria y nunca me había interesado por los libros hasta que encontré una Biblia en mi celda. Me sentí impactada, transportada hacia mundos y sensaciones increíbles al leerla. Dejé inmediatamente de creer en Dios cuando llegué a la última página”, describe Noemí. El libro de Fernández Díaz, que comienza con la historia de esta tucumana, se llama, paradigmáticamente, “Las mujeres más solas del mundo”.

Por estas horas, trágicas horas, Noelia Sosa anota su soledad en esta misma estirpe.

Otras violencias

Noelia tenía 30 años y dos hijos. Usaba el pelo rubio y en la foto que publicó LA GACETA se la ve riendo, incluso, con la mirada. Se enarcaban sus cejas y se agrandaban sus ojos oscuros cuando la sonrisa le ganaba la boca. Usaba aretes de perlas y cuidaba sus uñas cortas.

El domingo pasado acudió a la comisaría de Trancas. Ese hecho no tiene controversia: se presentó en la delegación policial con la intención de denunciar a su pareja por presunta violencia de género. Y se fue de allí sin que la denuncia fuera asentada. Volvió a su casa. Escribió una carta. Registró en ella su amor por sus hijos, por sus hermanos y por su madre. A todos les pidió perdón. Con su novio no se disculpó. Le confesó que lo amó hasta el último suspiro. Y le reprochó que no se hubiera dado cuenta. Luego tomó la decisión más drástica. Se despidió de todos para siempre. De la vida, también. Después… qué importa el después.

La pareja de Noelia tuvo más éxito: ese domingo él también se presentó a realizar una denuncia contra ella por presuntas agresiones. Esa denuncia sí fue tomada. De Noelia se sabe ahora que el informe del médico de la Policía da cuenta de que tenía marcas de lesiones de entre tres a cinco días previos a su muerte. Así lo informó a LA GACETA el fiscal de la unidad de Homicidios II, Carlos Sale.

La soledad de Noelia deviene insoportable. El fiscal Sale, temprano en la semana, puntualizó que debían ser estudiadas, por un lado, la denuncia de violencia de género de Noelia, que terminó trunca (como la vida misma de la víctima); y, por el otro, el presunto incumplimiento de funcionario público. Agregó que, incluso, podía ser un caso de violencia institucional.

En la Argentina rige la Ley 26.811, de noviembre de 2012, que estatuye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional”, cuya finalidad es “recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”. En Tucumán no hay una norma específica en esa materia. Haciendo una analogía, lo que está en vigencia es la Ley 7.232, que brinda un marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral. Si bien protege a los empleados públicos contra los abusos en sus ámbitos de trabajo, determina como formas de abuso el maltrato físico y psíquico, el acoso laboral y sexual y las distintas formas de coacción y de discriminación.

En otro orden, en 2016 declarada, también por ley, la “Emergencia por Violencia contra la Mujer”, prorrogada por la Ley 9.368. La norma de origen crea una “Mesa Institucional” con miembros de los tres poderes, pauta un régimen de licencia especial con goce de haberes para las víctimas y hasta ordena al IPV a crear un cupo de vivienda específico. Entre sus objetivos más directos: “El diseño y ejecución de acciones y programas tendientes a la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra la mujer, niña y mujer embarazada, en toda nuestra jurisdicción, y el fortalecimiento o intensificación de los que estén en ejecución”.

Ni hablar de que en mayo de 2020, Tucumán dejó de ser la única provincia argentina que no se había adherido a la Ley Micaela (27.499). Esa norma fija la capacitación obligatoria en género y violencia de género en todo el Estado. En virtud de esa capacitación, cualquier agente debió tomar la denuncia de Noelia Sosa. No importa si no estaba el “oficial de guardia”. Ni si había o no una computadora. Un teléfono celular servía. Una servilleta, también.

Pero el Estado tucumano no aprende ni siquiera de sus propias y luctuosas actuaciones. El 30 de octubre de 2020, Paola Estefanía Tacacho, profesora de inglés, murió a manos de Mauricio Parada Parejas, quien luego de perpetrar el crimen se quitó la vida. Ella llevaba cinco años denunciándolo por acoso. Se presentó 13 veces en la Justicia para radicar formalmente las denuncias. Se las tomaron todas, pero nunca le prestaron atención.

Con Noelia dieron un salto en materia de involución: según dijeron familiares, a ella ni siquiera la denuncia le tomaron. Ella fue a buscar la contención del Estado. No la encontró.

Otros abandonos

Este año, en mayo, se cumplieron 20 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón. “Marita” tenía 22 años cuando fue raptada. Su familia todavía la busca. Cuatro años después, el 26 de febrero de 2006, desapareció Paulina Lebbos a la salida de un boliche de San Miguel de Tucumán. Su cuerpo apareció sin vida el 11 de marzo siguiente. A principios de 2019, la Justicia Tucumana condenó por encubrimiento de ese caso, con distintas penas, al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, al ex subjefe de la Regional Norte Rubén Brito y al ex policía Waldino Rodríguez. En 2021 fue condenado, también por encubrimiento, el ex fiscal de esa causa, Carlos Albaca. Sin embargo, el crimen sigue impune: no hay un culpable de haber truncado la vida de esa joven estudiante, trabajadora, hija, hermana y madre.

Más aún: en el mencionado juicio de 2019, los magistrados de la sala penal III ordenaron que se investigue a 40 funcionarios policiales, empleados públicos y otras personas por supuesto encubrimiento, abuso de autoridad, falso testimonio e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, entre muchos cargos. Entre los mencionados se encuentra el ex gobernador y ex senador nacional José Alperovich. Ninguna de esas causas ha progresado. El papá de Paulina, Alberto Lebbos, sigue buscando Justicia para su hija.

Soledad de soledades, todo es soledad.

En la provincia hay, entre empleados permanentes, contratados, transitorios y ciudadanos con planes sociales (su beneficio es pagado enteramente por la administración pública, pero con otro estatuto y otra contraprestación), prácticamente un estatal cada 12 tucumanos. O lo que es igual, uno cada seis mujeres. Sin embargo, las tucumanas, ahí afuera, siguen muriendo, muchas por veces, en el abandono.

Las tucumanas, por momentos, parecen hacerle honor al título de la obra de Fernández Díaz.