El legislador Juan Manuel Cid, de Hacemos por Córdoba, busca que haya tolerancia cero contra las manifestaciones callejeras en el centro de la ciudad. También trata de simplificar la carga de las prestaciones sociales, de las cuales muchas se cobran simultáneamente y forman un entramado programa de 182 prestaciones.
Para limitar las protestas o manifestaciones en la vía pública, la Legislatura de Córdoba está tratando un proyecto de ley que le quitará los planes sociales a quienes cometan delitos contravencionales previstos en el Código de Convivencia provincial, por ejemplo, el de impedir la libre transitabilidad.
La comisión de Asuntos Constitucionales viene trabajando desde hace semanas sobre diferentes propuestas. Uno de esos proyectos está siendo impulsado por Juan Manuel Cid, diputado del bloque Hacemos por Córdoba y pica en punta para ser aprobada. La idea es establecer una regulación de las protestas y piquetes, y disponer de fuertes sanciones ante los incumplimientos y excesos en la vía pública.
La iniciativa surgió a partir de que durante las últimas semanas, diferentes manifestaciones vienen aumentando el nivel de conflictividad en las calles de la ciudad de Córdoba. La semana pasada, el gremio de los empleados municipales de la capital, el SUOEM (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales), realizó una serie de cortes de calles que derivaron en un despliegue policial de 500 efectivos. Se llevaron a cabo al menos 20 protestas en igual cantidad de reparticiones que paralizaron la actividad y generaron innumerables problemas en el tránsito en la ciudad.
“No pueden tolerarse manifestaciones callejeras que impliquen cortes de calles e invasión de espacios públicos,”, dice el texto que fundamenta el proyecto del legislador Cid. El plan llega en un momento de constante tensión entre el sindicato SUOEM y el municipio de Córdoba.
Los reclamos del gremio municipal exigen una negociación salarial, a lo que la ley, según su texto, no se opondría a la legalidad de las manifestaciones. “Nadie puede poner en duda el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. De todos modos, la existencia de ese derecho no puede implicar la consecución de otros de igual jerarquía, como trabajar y circular libremente”, advierte la disposición en tratamiento.
La norma enumera una serie de consecuencias que traen aparejadas las protestas, que serían multadas con la quita de planes a los manifestantes. Menciona desde atentados contra la higiene de la vía pública, contra la seguridad vial y el normal desenvolvimiento del tránsito, hasta el trastocamiento del “orden y la paz social”
Por otro lado, la iniciativa promueve también la sustentabilidad de las cuentas del fisco a partir de la abultada distribución de los planes sociales. Según un informe mencionado en el escrito, existe actualmente un entramado de 182 programas de ayuda social, de los cuales muchos se cobran simultáneamente. Según los cálculos, una familia tipo de cuatro personas sin empleo podría percibir una ayuda estatal por un total entre $ 156.000 y $173.000 por mes.
Al mismo tiempo, el proyecto exceptúa a aquellas personas cuyo subsidio recaiga en hijos menores de edad o en personas con discapacidad dependientes de los mismos. Cid había presentado la propuesta el pasado agosto, apuntando precisamente a garantizar el derecho a la libre circulación. “Todo subsidio, prestación, beneficio económico y/o plan social que percibiere del Estado Provincial serán suspendidos o dados de baja por la autoridad competente”, recita el artículo 1 sobre la consecuencia para toda persona involucrada en la comisión de delitos.
Según lo estudiado por Cid, los montos en concepto de planes sociales que serán suspendidos a quienes corten la vía pública, serán destinados a la creación de un fondo exclusivo que tendrá como objetivo principal la formación en oficios. El fondo busca fomentar el trabajo y la formación para aquellos beneficiarios que les sea sustraída la prestación.
