Un ejecutivo argentino “salva” a Qatar de un juicio incómodo antes de la Copa

La “mano de Dios” actuó a favor de Qatar, pero no en una cancha de fútbol, sino en el despacho de Brooklyn (Nueva York) de la jueza estadounidense Pamela Chen. El ex ejecutivo de marketing deportivo argentino, Alejandro Burzaco, intervino decisivamente en la jugada que permitirá a la familia real catarí Al Thani vivir la fiesta del Mundial sin debates orales incómodos sobre los supuestos actos de corrupción ligados a la elección de las últimas sedes del torneo de la FIFA. La admisión de la prueba voluminosa aportada por Burzaco en su calidad de “arrepentido” colaborador de la Justicia incidió en la reprogramación del juicio por jurados, que comenzará el 3 de enero de 2023, semanas después de la finalización de la Copa.

El enjuiciamiento en Estados Unidos de la segunda parte del llamado FIFAgate estaba originalmente previsto para el 23 de mayo de este año. Pero el 6 de ese mes hubo un cambio de planes motivado por la resolución de la disputa relativa a la colaboración del ex gerente general y ex presidente de la empresa de televisación de acontecimientos deportivos Torneos (antes Torneos y Competencias o TyC). El conflicto estaba cifrado en la extensión de la cooperación. Mientras Burzaco pretendía que se tomara en cuenta la totalidad del contenido de una computadora de su propiedad que había entregado a las autoridades estadounidenses en 2015, el Gobierno sólo quería analizar los archivos conectados con las alegaciones de corrupción investigadas. Al final, prevaleció la posición de Burzaco, quien admitió su culpabilidad en el FIFAgate.

La prueba aportada consiste en alrededor de 7.000 u 8.000 documentos que comprenden 40.000 páginas. Se supone que este bloque de información contiene datos que podrían comprometer a Qatar, según Ken Bensinger, el periodista de The New York Times que sigue el caso caratulado “Estados Unidos contra Full Play Group SA, Carlos Martínez y Hernán López”. En el corto plazo, la contribución del “arrepentido” Burzaco -considerada central para determinar los hechos y eventuales responsabilidades- alivia la situación para los organizadores de la Copa que será inaugurada en noviembre. Ocurre que a los términos adicionales que las partes necesitaban para analizar los archivos del ex jefe de TyC se sumaron las otras audiencias programadas por la jueza Chen. Mientras el Gobierno -ejerce la acusación- proponía retardar el juicio sólo una semana, las defensas exigieron más tiempo, pero al final, y alegando la complejidad del proceso y sus costos elevados, Chen dispuso una postergación más larga de la usual y esperada.

Qatar se aseguró así que ningún juicio impugne la legitimidad de su localía antes de y durante el Mundial. Lo que suceda después depende del juego judicial. En el banquillo se sentarán los ex directivos de Fox y de la argentina Full Play, López y Martínez, quienes están acusados de haber pagado sobornos para quedarse con los derechos para la transmisión televisiva de las competencias de Rusia (2018), Qatar (2022) y México-Estados Unidos-Canadá (2026), entre otros torneos. Esta alegación abona la sospecha de irregularidades y posibles actos de corrupción en el proceder de la FIFA, cuestionamientos que se intensificaron a partir de la designación de la pequeña nación petrolera como primera sede mundialista en Oriente Medio.

Sin lugar para el delito

El FIFAgate estalló en 2015. En octubre de ese año, el suizo Joseph Blatter se vio obligado a dejar la presidencia de la entidad. Fue el final de un ciclo de 17 años. En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había emitido una acusación extraordinaria contra más de una docena de funcionarios y ejecutivos de la organización por supuestos actos de “corrupción desenfrenada, sistemática y profundamente arraigada” perpetrados durante décadas. Las autoridades de Suiza abrieron su propia investigación criminal, y hubo arrestos y allanamientos espectaculares en el cuartel general de la organización en Zurich entre voces que exigían el comienzo de una nueva etapa de transparencia e integridad para la FIFA que integran 211 federaciones.

Pero Blatter, y el dirigente y ex jugador francés Michel Platini fueron absueltos en julio de este año. La Justicia suiza determinó que no había sido probada la acusación de fraude relacionada con un pago de U$S 2 millones que Blatter hizo a Platini en 2011. Según sus testimonios, la suma correspondía a la retribución del ex jugador por sus servicios como asesor del ex titular de la FIFA y no a una coima ligada a una de las votaciones para la reelección de Blatter, como sostuvo la imputación. Tras recibir la noticia de su absolución, Platini cargó contra el presidente en funciones Gianni Infantino, a quien considera artífice de “las manipulaciones y mentiras” que afectaron su reputación y frustraron sus pretensiones de suceder a Blatter.

Aunque la FIFA asegura que a partir de 2016 hizo reformas, y que la transparencia, el buen gobierno y la ética rigen su accionar, escándalos nuevos y antiguos desafían esa narrativa. En 2019, uno de sus vicepresidentes y cabeza de la confederación africana, Ahmad Ahmad, fue detenido en París por la comisión de supuestos abusos con fondos institucionales. Las autoridades interrogaron a este político de Madagascar -y dirigente aliado de Infantino- por la compra de una flota de autos en su país, la transferencia de dinero a colegas y la contratación de gente de su entorno, entre otros hechos.

“Como principio de debido proceso, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, pero como reiteró el presidente (Infantino), la FIFA está totalmente comprometida con la erradicación de todas las formas de irregularidades en cualquier nivel del fútbol. Cualquier persona que haya cometido actos ilícitos o ilegales no tiene cabida en el fútbol”, comunicó la entidad a propósito del caso de Ahmad Ahmad. En ese momento añadió: “la FIFA está libre de los escándalos que empañaron su reputación y esta misma determinación debe prevalecer en los órganos de gobierno como las confederaciones. La FIFA estará a la vanguardia para garantizar que todos los involucrados en el fútbol la hagan cumplir”.

Muertes y condenas

El primer juicio por jurados que dirigió Chen en el ámbito del FIFAgate terminó en diciembre de 2017 con condenas para dos altos directivos del fútbol sudamericano declarados culpables de aceptar millones de dólares en sobornos de parte de empresas. La sentencia condenatoria alcanza al paraguayo Juan Ángel Napout que presidió la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) y al brasileño José María Marín, quien encabezó la asociación de fútbol de su país, mientras que un veredicto de absolución benefició al dirigente peruano Manuel Burga. En forma previa, otros 24 imputados ligados a la FIFA habían admitido su responsabilidad con el objeto de reducir sus penas.

El enjuiciamiento de Napout, Marín y Burga dio pie a un testimonio explosivo de Burzaco, que es hermano del ex secretario de Seguridad de la Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, Eugenio Burzaco. Primer testigo del Gobierno estadounidense, el ex ejecutivo de TyC dio detalles sobre los retornos percibidos por las autoridades de la FIFA a cambio de los derechos de televisación exclusiva de los partidos. “‘Hay mucho dinero en el fútbol y muchos hombres malos en el negocio’, dijo Burzaco, quien explicó cómo su antigua empresa, Torneos y Competencias, había pagado sobornos anuales de seis y siete cifras a funcionarios del fútbol, incluidos los acusados en el juicio, por los lucrativos contratos de transmisión”, publicó The New York Times acerca del debate en los Tribunales de Brooklyn.

Las incriminaciones de Burzaco llegaron hasta Julio Grondona, presidente histórico de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y figura de la FIFA. El ex gerente afirmó que Grondona, y los dirigentes Ricardo Teixeira (Brasil) y Nicolás Leoz (Paraguay) recibieron coimas por U$S 1 millón a cambio de que votaran para otorgar la Copa del Mundo 2022 a Qatar. El testimonio menciona un acuerdo previo a la votación de 2010 que el fallecimiento de Grondona y de Leoz en 2014 y 2019, y las maniobras evasivas de Teixeira (se resiste a la extradición) impidieron dilucidar judicialmente.

Otra muerte contribuyó a la difusión del testimonio de Burzaco. Se trata del suicidio de un ex abogado del Gobierno argentino asignado al programa Fútbol para Todos, Jorge Delhon, a quien el ex presidente de TyC sindicó como uno de los receptores de sobornos por U$S 4 millones. Horas después de que Burzaco pronunciara su nombre, Delhon se tiró en las vías férreas de las afueras de Buenos Aires. Esas manifestaciones prepararon el terreno para el segundo juicio postergado para enero de 2023, donde la novedad ya no serán las palabras que emita Burzaco, sino lo que los archivos que guardaba en su computadora digan acerca de los secretos y pecados del fútbol y de la FIFA, deporte e institución elegidos por Qatar como trampolín para su ambición de alcanzar la máxima exposición internacional.