03 Agosto 2022
“En lo personal, me quita el sosiego que en nuestra provincia se haga tabla rasa impunemente de la legalidad y de las instituciones y que se haya dejado de lado descaradamente las leyes de obras públicas nacional y provincial, abandonando el procedimiento licitatorio”, dijo el ex diputado nacional José Vitar, a raíz del sobreseimiento de empresario de la construcción, Jorge Garber, y del gerente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Augusto Guraiib, de un pedido de investigación por supuesta administración fraudulenta en la realización de obras públicas.
La sustancia de la decisión judicial fue la pericia de Gendarmería (solicitada por el fiscal Carlos Brito) que determinó que pese a que la SAT no eligió a la empresa que ofrecía el precio más bajo sino el que presentaba término medio, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional establece que se debe tener en cuenta “la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento y al menor costo posible”. “Denuncié a la SAT por dos motivos: 1 - haber pergeñado un sistema de contratación y adjudicación de obras que se apartaba de la legislación vigente en materia de obras públicas y 2 – haber pagado importantes sobreprecios como consecuencia de esa caprichosa metodología”, explicó Vitar. “Se me contestó que la SAT como S.A. del Estado provincial es sujeto de derecho privado y por lo tanto no está obligada a licitar y puede elegir discrecionalmente el sistema que crea mejor. Eso probablemente pueda ser cierto con el giro de su recaudación propia, pero no con fondos suministrados a título de subsidio por el Gobierno de la Nación”. Agregó que “el obsceno despliegue de la cartelización de la obra pública y el maridaje entre empresarios y funcionarios venales pocas veces quedó tan al desnudo”.
Dijo que el fiscal Brito, después de más un año, “pidió el archivo de mi denuncia respaldándose en el informe de un contador de la Gendarmería, absolutamente inidóneo para opinar con propiedad sobre temas de derecho administrativo y sistemas de contratación del Estado. Seguramente las pericias de la Gendarmería son eficaces en las causas contra el narcotráfico y el contrabando, pero que sepamos, no tiene competencia en estos temas. En todo caso hubiese correspondido que solicite la pericia a la Sigen o, mejor aún, a la Auditoría General de la Nación”. Añadió que el fiscal “ha usado una doble vara en la investigación de mi denuncia y las referidas a las contrataciones de la UNT. El rigor que aplicó en un caso no se condice con la liviandad con la que encaró el otro”. Concluyó que “la licitación pública es como la democracia republicana: se le pueden achacar mil defectos, pero todavía no se inventó un sistema superior”.
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