La Ley de Humedales es una deuda pendiente

Después de los incendios que produjeron efectos devastadores en Corrientes, un nuevo proyecto de Ley de Humedales fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación con el acompañamiento de legisladores y organizaciones ambientales, sociales y científicas. Aunque este tema lleva más de una década de reclamos, la iniciativa perdió estado parlamentario en tres oportunidades. Cuando más lejos pudo avanzar fue en 2016, oportunidad en la que recibió media sanción del Senado. Pero hasta ahí llegó.

En diálogo con LA GACETA, Jorge Carrero Valenzuela, subdirector de Suelos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, destacó la importancia que tendría en el país una legislación de este tipo y remarcó que lograr una ley que contemple y contenga todas las visiones de los actores involucrados llevará a un arduo tratamiento de dificultosa definición.

- ¿La aprobación de una Ley de Humedales daría mayores herramientas al Estado para evitar la desertificación?

- Los humedales son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. Argentina cuenta con más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales (21,5% de la superficie). En el noreste del país hay más humedales que en regiones áridas, pero en todos los casos estos cumplen un rol esencial. Existen 10 proyectos presentados en Diputados y tres en el Senado. La mayoría buscan establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los humedales.

- ¿Por qué resulta complejo encontrar puntos de coincidencia sobre la regulación de este tema?

- Existen puntos de vista encontrados en lo referente a la definición de humedal dado que en muchos sectores de nuestra geografía existe producción ganadera en bajos anegables. Otra situación similar se presenta ante el avance de urbanizaciones en sitios que presentan una fisonomía propia y que actúan como reguladores de crecidas. Lo cierto es que en el Congreso ya hay movimientos para comenzar con su discusión y desde el campo se plantean inquietudes, miedos y reticencias. En la provincia hubo un esfuerzo por declarar Sitio Ramsar al perilago del Lago Frontal de Río Hondo pero no respetaba los condicionantes establecidos en la convención homónima vigente desde 1.975 y ratificada por el país en 1.991. Un antecedente de valía es la ley sancionada en Misiones para proteger estos ecosistemas, convirtiéndose en la primera provincia argentina en regular la materia. Resulta muy interesante que la ley se remarque que el aprovechamiento de los humedales deberá ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, entre las que no puede prescindirse de su elasticidad, entendida como la relación entre la superficie ocupada durante la fase de máximo anegamiento o inundación y la que corresponde al momento de sequía extrema, así como de la conservación de los servicios ambientales que brindan. En principio una norma de estas características conformaría un cúmulo de estrategias que, de aplicarse, sin duda mitigaría los efectos del cambio climático y procesos de desertificación en vastos sectores del territorio nacional; pero lograr una ley que contemple y contenga todas las visiones de los actores involucrados llevará a un arduo tratamiento de, hasta ahora, dificultosa definición.

- ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en los suelos?

- Los cambios climáticos generan modificaciones siendo la desertificación una de sus consecuencias más notables. Se trata de la degradación de las propiedades naturales del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas en donde se conjugan y potencian distintos factores, como las variaciones climáticas y las actividades humanas. La sequía es el fenómeno natural que se produce cuando las lluvias son considerablemente inferiores a los niveles normales registrados estadísticamente, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción. Las tierras secas ocupan el 70 % del territorio nacional y se ven afectadas por el manejo ganadero, forestal o agrícola no sostenible; la deforestación y el uso inadecuado de los recursos hídricos. Los factores que llevan a la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos pueden ser la erosión hídrica y eólica, la disminución de la cobertura vegetal, de la productividad de la vegetación natural y la alteración del ciclo hidrológico. Esto se traduce en impactos negativos como la migración de poblaciones desde sectores rurales hacia las urbes, el abandono de tierras, la pobreza y la marginalización, además de un desequilibrio territorial y ambiental. La mitigación de estos procesos es factible toda vez que se acepte de modo definitivo la importancia que los suelos productivos tienen en la distribución ordenada de los esfuerzos, en la generación de riquezas derivada del uso sostenible de los recursos, en la calidad de vida de los habitantes y en el progreso de nuestra sociedad. Argentina es uno de los exponentes, en el concierto mundial, más representativo en la adopción de tecnología de punta para la producción de granos, carne, madera y frutas. Esta situación está limitada a determinadas regiones del país donde la riqueza de los suelos y otros factores lo permiten. No obstante ello, es necesario avanzar con urgencia en las regiones más limitadas severamente por sus condiciones climáticas, de suelos en las cuales la fragilidad de los ambientes y la notable presión que sobre ellos se ejerce derivan en las consecuencias ya citadas.