Las causas pendientes de Cristina Kirchner

1- La Justicia no encontró pruebas en la causa “Cartelización”

Durante esta semana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por el juez federal Julián Ercolini en un tramo de la causa “Cuadernos de la Corrupción” que se dio en llamar “Cartelización de la obra pública”. En concreto, se investigaba el movimiento de dinero realizados por el financista Ernesto Clarens (declaró como “arrepentido”) relacionados con la adjudicación de obras por la Dirección Nacional de Vialidad a decenas de empresas. La Justicia consideró que no hubo pruebas suficientes para demostrar que existió un esquema de cartelización de la obra pública vial a cambio del pago de coimas a los entonces funcionarios públicos encargados de adjudicarlas. Junto con la presidenta de Senado, 120 empresarios fueron sobreseídos por el delito de asociación ilícita y de cohecho. La ex presidenta, sin embargo, tiene abiertos todavía varios otros frentes judiciales.

2- “La ruta del dinero K”: no prosperó el pedido para ser sobreseída

Esta causa investigó el lavado de activos a partir de los fondos que circularon por la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. En el marco de este expediente fue detenido Lázaro Báez en 2016. Luego fue enjuiciado y condenado a 12 años de prisión. La sentencia sostiene que la plata que el santacruceño sacó al exterior -más de 55 millones de dólares- provenían de la obra pública obtenida durante el kirchnerismo y la facturación en negro. El próximo 26, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a revisar la condena al empresario. Cristina no fue parte de ese juicio, pero las sospechas en su contra se mantienen en la instrucción que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. En esa causa, la vicepresidenta tiene dictada la falta de mérito. Es la única causa en la que fue llamada a declarar y no terminó procesada. Su defensa solicitó a principios de abril su sobreseimiento, pero el fiscal Guillermo Marijuan se opuso por entender que aún hay líneas abiertas de investigación. Luego, el propio juez Casanello avaló esa postura. Justamente, a finales del mes pasado la defensa de la Vicepresidenta de la Nación apeló el rechazo al pedido de sobreseímiento ante la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens.

Marijuan insistió en que, a pedido de la UIF, se esperan los resultados de un cruce de llamados. Precisamente, se pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a las compañías telefónicas y a la Agencia Federal de Inteligencia que identifique una serie de números telefónicos de allegados a Cristina cuando ella se desempeñaba como Presidenta.

3- Sobornos y asociación ilícita en “Cuadernos de la corrupción”

Cómo se indicó, la Vicepresidenta fue sobreseída esta semana en el marco de una causa derivada de este expediente. Pero ella continúa procesada en el expediente principal de los “Cuadernos de la Corrupción”. Específicamente, está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita y de ser presunta coautora de 27 casos de sobornos. Precisamente, en la “causa madre” hay 47 imputados, entre ellos (además de Cristina) el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su mano derecha en esa cartera, Roberto Baratta, además de varios de sus colaboradores y decenas de empresarios, tanto de los que están sindicados como organizadores de la asociación ilícita como de aquellos que llevaban dinero de obras o contratos. La causa nació de la investigación periodística de Diego Cabot, del diario La Nación, a partir de los cuadernos en los cuales el remisero Oscar Centeno anotaba los recorridos que realizaba trasladando a funcionarios de Planificación Federal a las oficinas de empresarios beneficiados con la adjudicación de obras públicas para, presuntamente, recolectar sobornos.

4- “Corrupción en la obra pública”: obras y más obras para Lázaro

Esta investigación se inició a partir de una denuncia del ex ministro de Energía durante la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel (también ex director de Vialidad Nacional), por presuntos sobreprecios -entre otras supuestas irregularidades- en contratos de obra pública en Santa Cruz. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública al empresario Lázaro Báez.

Entre las aparentes anomalías que señala la investigación, el juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con compañías de Lázaro Báez por un monto de $ 46.000 millones. Según la acusación, hubo una “maniobra de corrupción” entre el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”. En este proceso que comenzó hace dos años, además de la vicepresidenta y de Báez, están acusados tambiién De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

5- El uso de los aviones oficiales para llevar diarios y muebles

En marzo de 2019, el juez Claudio Bonadio (falleció un año después), en calidad de partícipe necesaria, por la presunta comisión del delito de peculado, por el uso de aviones de la flota presidencial para trasladar diarios y muebles a Río Gallegos y a El Calafate. En ese mismo expediente fue procesado también el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. A los dos, los embargó por medio millón de pesos.

En sede judicial, pilotos de la flota presidencial confirmaron que habían trasladado periódicos desde Buenos Aires a El Calafate y a Río Gallegos, una costumbre que -afirmaron- comenzó con Néstor Kirchner cuando era presidente de la Nación (2003-2007). También llevaban muebles “que eran para el hotel de la Presidenta”. Bonadio puntualizó que de la logística de los viajes presidenciales se ocupa la Secretaría General de la Presidencia y por ello acusó a Parrilli de coordinar y administrar los envíos hacia el sur del país.

El peculado es un delito contra la administración pública que se concreta cuando un funcionario público sustrae caudales que administra o custodia; o cuando emplea en provecho propio o de un tercero los trabajos o los servicios que son pagados por el Estado.

6- Los expedientes que quedaron en el camino desde que volvió

Con el sobreseimiento conseguido esta semana en la causa conocida como “Cartelización de la obra pública”, la presidenta del Senado ha logrado derrumbar cuatro procesos desde que su binomio con Alberto Fernández se impuso en los comicios presidenciales de 2019.

El 13 de abril del año pasado, la Sala I de la Cámara de Casación dictó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación en el caso por las operaciones con el “dólar futuro”. La determinación se basó en una pericia que sostenía que no hubo perjuicio contra el Estado, sino que se trató de una política estatal que no puede judicializarse.

El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal 8, sin sustanciar el juicio, resolvió sobreseer a la ex Presidenta y a los demás imputados, en el caso del Pacto con Irán. El proceso se había iniciado con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien apareció sin vida en su departamento el 18 de enero de 2015. El tratado con Irán, suscrito en secreto y luego avalado por el Congreso, fue declarado inconstitucional.

En noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó, también sin realizar el juicio, a Cristina y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner -y demás acusados- en los casos Hotesur y Los Sauces, donde se los procesó por lavado de dinero.