Familia y escuela, antes que cuarteles

Familia y escuela, antes que cuarteles

La autopista que une la ciudad de Buenos Aires con Ezeiza, y que permite la llegada y la salida de miles de personas del país, es conocida en toda Argentina. Lleva el nombre de Pablo Ricchieri, con la salvedad de que este militar histórico se llamaba en realidad Pablo Riccheri. Pero hace falta saber mucho de historia argentina, o bien recurrir al que todo lo conoce, Google, para reparar en que Riccheri fue ministro de Guerra durante la segunda presidencia del tucumano Julio Argentino Roca. ¿Por qué es importante este militar santafesino para los argentinos y por qué lleva su nombre la autopista? En 1901 impulsó la ley 4.301 mediante la cual se creó el Servicio Militar Obligatorio en el país. Fue su máximo aporte a la historia.

Según los fundamentos de la ley, el objetivo era difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley y alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes, además de “aumentar el patriotismo en varones provenientes de diversas clases sociales y rincones del país”. ¿Será por eso que, como está sucediendo ahora, cuando se vive una crisis de seguridad y de falta de valores se recurre a la posibilidad de la vuelta de un sistema derogado en 1994?

Quien ahora volvió a encender la polémica fue la mediática legisladora santafesina Amalia Granata, quien, sin embargo, aclaró que su propuesta se llama “Servicio Cívico Obligatorio” y que sería tanto para hombres como para mujeres que hayan terminado el secundario y que no trabajen ni estudien “para que puedan ser capacitados con oficios y valores”. Pero ya el año pasado había sido el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien consideró que “la colimba” era un “servicio a la comunidad” y un “lugar de encuentro” para los adolescentes, al pedir su reanudación. En el 2007, el ex senador salteño Alfredo Olmedo propuso la reactivación del servicio militar obligatorio, al que llamó “servicio militar comunitario”. Su proyecto estaba dirigido a reclutar jóvenes que, al igual que en el caso de Granata, no estudiasen ni trabajasen. Ya en 2019 la entonces ministra de Seguridad y hoy cabeza del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, creó el Servicio Cívico Voluntario en Valores, con sede en Gendarmería, con el objetivo de “poner en marcha un sistema de formación profesional técnica”, aunque sin la utilización de armas. Una de las primeras medidas de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de la mano de la llegada de Alberto Fernández al Gobierno, fue derogarlo.

El servicio militar obligatorio en Argentina fue dado de baja en agosto de 1994 con el decreto 1.537 de Carlos Menem, a cinco meses del hallazgo del cuerpo del soldado Omar Carrasco en el predio del Grupo de Artillería 16 en Zapala, Neuquén. El 6 de abril de 1994, el cuerpo de Carrasco, que tenía 19 años, apareció a 700 metros del edificio del cuartel, con el torso desnudo y un pantalón varios talles más grande. Le habían reventado el ojo izquierdo y luego ocultaron el cadáver. Por su muerte, el subteniente Ignacio Canevaro fue condenado a 15 años de cárcel, y otros dos soldados, Víctor Salazar y Cristian Suárez, a 10; y el sargento Carlos Sánchez, a tres años por encubrimiento. Pero la muerte de Carrasco fue la última de una larga lista de decesos de conscriptos en los cuarteles. Desde 1977 hasta 1994 fueron 34 casos de soldados fallecidos o desaparecidos mientras cumplían el servicio militar. A ellos hay que sumarles los caídos en Malvinas. De los 649 militares argentinos que perdieron la vida, 273 eran conscriptos y la mayoría no superaba los 18 años.

El principal error de quienes pretenden la vuelta del Servicio Militar Obligatorio es equiparar a las Fuerzas Armadas con un taller de oficios. No se escuchó a quienes pregonan estas ideas, al menos, intentar que las escuelas técnicas se expandan en el país y de esa manera dar más oportunidades a quienes hoy, por desigualdades sociales, no pueden estudiar. Y el segundo error es creer que la disciplina militar devolverá a quienes sean obligados a concurrir los valores perdidos, tal como se sugiere. El propio teniente coronel carapintada Aldo Rico criticó ayer a Granata al considerar que “las Fuerzas Armadas no son un reformatorio”. “Los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar los planes”, sostuvo el ex intendente de San Miguel. Al rechazo se sumaron voces tan disímiles como José Luis Espert o el mismo ministro de Defensa, Jorge Taiana, que lo consideraron un despropósito.

En Argentina, además, está vigente el Servicio Militar Voluntario para hombres y mujeres desde los 18 años, por el cual reciben sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios, además de asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Pensar que obligar a las personas a enrolarse modificará los destinos de este país parece utópico. Las estadísticas advierten que, por ejemplo, la caída de los niveles delictivos, coincide con la disminución de los niveles de desigualdad de ingresos de la población. Y con el aumento de la alfabetización. Es decir, con mayores ingresos y fuentes de trabajo, a la par de un completo sistema educativo. Y los valores que se reclaman deben partir de la familia y de la escuela. Sostener que los problemas de Argentina, a esta altura del siglo, pueden resolverse dentro de un cuartel es como mínimo, paradójico. Los años más oscuros de nuestra historia estuvieron vinculados a esos ámbitos.

Comentarios