Servicio de Justicia: Un clásico problema de sábana corta

En febrero, cuando estallaba la indignación popular por un motoarrebatador que en su fuga  chocó contra un colectivo y se descubrió que había entrado y salido de Tribunales sin haber sido nunca condenado, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse le echó nafta al fuego: dijo que había 1.500 motochorros con causas circulando por la ciudad y puso énfasis en la “puerta giratoria” de la Justicia. “Los jueces tienen que ponerse a trabajar”, sentenció.  Eran meses de fuertes cuestionamientos al Poder político y a la Justicia por la inseguridad y el análisis que se hacía era demoledor: cada área de los poderes Ejecutivo y Legislativo aportaba su cuota en la búsqueda de culpables de la situación. Bien señala Alberto Lebbos que las preocupaciones recurrentes en la sociedad son la economía y la inseguridad. “De la primera, el Gobierno culpa a la prensa; de la segunda, a los jueces”, describe.

Los jueces estaban a la defensiva, en una provincia que parecía romper cada vez más los límites de la inseguridad: los 152 homicidios de 2020 marcaban el pulso de la explosión de violencia y en los primeros meses del año la temperatura aumentaba con la presión de la pelea política en la interna del PJ entre manzuristas y jaldistas.

Destituciones

El sistema de Justicia, en especial la penal, en proceso de cambio del viejo Código Procesal al nuevo, estaba en la mira. Arrastraba además los cuestionamientos a los jueces Roberto Guyot (de Ejecución de sentencias, destituido  en septiembre de 2020) y Juan Francisco Pisa (de instrucción), absuelto primero en marzo de este año y luego destituido en noviembre por su desempeño en la tragedia de Paola Tacacho. También fueron destituidos el juez del Tribunal de Impugnación Enrique Pedicone (en febrero) al cabo del conflicto con el hoy presidente de la Corte Suprema Daniel Leiva (al que había acusado de incitarlo a manejar los tiempos en una causa contra el legislador Ricardo Bussi) y el juez de Familia Orlando Stoyanoff (en noviembre) por su arranque de furia contra un cadete en la vía pública.

Cuatro jueces se fueron en 14 meses, una cifra sorprendente que dejó sensaciones dispares. Si la partida de Guyot pareció casi lógica, debido a que su falta de atención habría tenido que ver con un asesinato en la cárcel, la de Pedicone tuvo un fuerte condimento político por el conflicto con Leiva. Conflicto que dista de estar resuelto, porque hay apelaciones en curso.

El caso de Pisa, en cambio, considerado como sintomático de la relación entre magistratura y poder, mostró cómo la grieta política interna permitía que soplen nuevos vientos.  Con su salida, los integrantes de la Comisión de Juicio Político “se dieron una ducha de institucionalidad”, al decir de un opositor. Stoyanoff, el último destituido, habría caído en la volteada institucional. Habrá que ver si en el 2022 se mantiene esa ducha, cuando la madre de Paola Tacacho apunte contra fiscales y funcionarios a los que considera corresponsables de la tragedia de su hija, asesinada a manos del acosador Mauricio Parada Parejas, después de 22 denuncias en la Justicia a lo largo de cinco años.

El nuevo Código

En el año transcurrido la aplicación del nuevo Código Procesal Penal  le dio otra “ducha” al sistema judicial. Comenzaron a verse audiencias cotidianas por episodios de inseguridad, complementando las detenciones a mansalva, a tal punto que en las consideraciones sobre la disminución de hechos de sangre (este año se contabiliza un 32% menos de homicidios que en 2020) se habla de la influencia del cambio del sistema y de la aplicación del nuevo Código, del dictado inmediato de prisiones preventivas -la cárcel y las comisarías están sobresaturadas de detenidos y este año hubo varios episodios de conflicto y tragedias por el hacinamiento-. Los informes de la Justicia desbordan de optimismo en la comparación con años anteriores. En la actividad jurisdiccional no penal, se consigna que mientras en 2019 hubo 2.773.705 actuaciones firmadas, esa cifra trepó a 3.745.984 entre febrero y noviembre de este año. En el fuero penal se indica que, mientras en 2017 hubo un total de 467 sentencias (tanto condenas como absoluciones), en 2021 esa cifra alcanzó las 2.115. En cuanto a las sentencias con condenas, en 2017 hubo 414, número que se elevó a 2.070 en 2021.

El cambio en el sistema  permitió agilizar causas menores en juicios abreviados y en acuerdos de partes. Las víctimas pudieron participar y ver a acusadores, defensores y jueces. Prácticamente con la misma cantidad de jueces y fiscales que contemplaba el derogado código de 1991. Del cual quedó un remanente de 40.000 causas en el sistema conclusional que deberán resolverse en estos tres años.

Hoy hay 19 magistrados en el Colegio de Jueces y debería haber 36; hay seis jueces de impugnación y deberían ser 9; hay 13 fiscalías de las cuales seis son subrogadas; en el CAM se espera nombrar cinco jueces subrogantes, figura tan polémica como la de los fiscales auxiliares creados en el Ministerio Público Fiscal para suplir con funcionarios con menos independencia la falta de cobertura de cargos. Ya se vieron los intríngulis de este sistema precario en el caso Tacacho, cuando un auxiliar fiscal archivó una de las denuncias de la profesora de inglés. Si ocurrieran otros casos como ese podría deducirse que se está ante una bomba de tiempo.

Mientras tanto, la espectacularidad de los resultados del nuevo Código les ayuda a las autoridades a generar la idea de que las cosas están más tranquilas. Pero el costo se desconoce. En el nuevo Código Procesal Penal estaban pensadas las oficinas de control de respuesta de ley, llamadas OMA, para revisar si se cumplen y cómo se cumplen las medidas que determinan los jueces -como saber si un condenado lleva tobillera, por ejemplo-, pero si los jueces se nombran a cuentagotas, ¿de dónde saldrán los otros que deben acompañar el proceso del nuevo código? Bien se dice que el fracaso del Código de 1991 se debió a que no se acompañó con la estructura las normas.

La preocupación oficial para 2022 va a ser la reforma del Código Civil, que se aprobaría en marzo y que comenzaría a funcionar en octubre. No siendo año electoral, no se esperan cimbronazos como los vividos en 2021. Lebbos se pregunta por qué no se nombran 100 jueces de una vez y se normaliza el fuero penal. En tanto, todo sigue sustanciándose con subrogancias disfrazadas de normalidad en un sistema que, como lo definió en su momento el ex presidente de la Corte, Daniel Posse, es un clásico problema de sábana corta.