Por Álvaro José Aurane
09 Octubre 2021
PARADIGMÁTICO. La ex Presidenta se defendió sin sentarse en el banquillo ni ser interrogada. Twitter @CFKArgentina
El fallo mediante el cual el Tribunal Fedeal 8 ha dictado el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Memorándum con Irán” cristaliza el fenómeno de doble estándard institucional de la Argentina. Un doble estándard que, coherentemente, se da en los poderes públicos por partida doble.
Por un lado, el Gobierno nacional respalda la pesquisa que lideró el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) abocada a investigar el peor atentado terrorista perpetrado contra la Argentina, mediante la voladura de la AMIA, el 18 de julio de 1994. El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
En 2006, la tarea de Nisman determinó que el Gobierno iraní había planeado el atentado, y que sus impulsores eran cinco ex funcionarios de ese país y un libanés miembro de Hezbollah, cuya detención fue solicitada a Interpol, que a su vez expidió órdenes de busca y captura contra los seis en 2007.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional acaba de sepultar en Tribunales la investigación encabezada también por Nisman, en 2015, acerca de quiénes encubrieron tanta muerte. El 14 de enero de ese año, el fiscal sustanció su acusación. El 18 lo hallaron muerto.
El titular de la UFI AMIA centró en el “Memorándum de Entendimiento” el nudo de las maniobras para dejar impune la masacre.
Ese acuerdo fue firmado en secreto el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, capital de Etiopía, por los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, y de la Argentina, Héctor Timerman (falleció en 2018), en representación de los Gobiernos de Mahmud Ahmadineyad y de Cristina.
El punto más importante es la creación de una “Comisión de la Verdad”, compuesta por 14 miembros (siete por cada país), que no podían ser argentinos ni iraníes. Tanto Nisman como el juez Rodolfo Canicoba Corral (se jubiló en 2020 y este año, por sorteo, su juzgado es subrogado por Daniel Rafecas) podrían interrogar a los iraníes en Teherán.
Sin embargo, los miembros de la Justicia argentina no tenían jurisdicción ni autoridad para tomar medidas en Irán. Y la “Comisión de la Verdad”, sin reconocimiento alguno en la legislación argentina, no tenía pautados plazos ni procedimientos.
Según Nisman, Cristina y Timerman “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”. Aseguró, además, que el acuerdo permitió a Irán esperar que se anularían las órdenes de captura de Interpol.
Timerman rechazó esta presunción del fiscal con dos cartas. Una, firmada por él el 15 de febrero de 2013, le explicaba a Interpol que el memorándum no producía cambios en los requerimientos de captura. En la otra, el entonces responsable de Interpol, Ronald Noble, avalaba las palabras de Timerman.
El 27 de febrero de 2013, un mes después de la firma, la Cámara de Diputados argentina convirtió el memorándum en ley por 131 votos a favor y 113 en contra, pese a las airadas protestas de la comunidad judía.
En contraste, Irán nunca tornó operativo el pacto. En 2013, Ahmadineyad lo firmó, pero aclaró que ello no implicaba su entrada en vigor. Su sucesor, Hasan Rohaní, solicitó a Argentina que levantara las órdenes de captura para seguir con las negociaciones. El memorándum ingresó al Parlamento iraní el 10 de marzo de 2013, y el 15 de marzo Interpol ratificó la vigencia de las solicitudes de captura. Finalmente, los parlamentarios iraníes votaron en contra del acuerdo.
En la Argentina, la Justicia declaró inconstitucional el memorándum en 2014.
No existe, pero existe
El otro doble estándard que ha quedado en evidencia es el de la Justicia argentina. La Vicepresidenta de la Nación logró algo inédito: el juicio por el encubrimiento de los autores del atentado nunca comenzó, ella nunca se sentó en el banquillo de los acusados y, sin embargo, pudo dar ejercer su defensa ante los jueces sin tener que ser interrogada.
La defensa de la ex mandataria solicitó una “audiencia preliminar” que no existe en la legislación. “Si bien la audiencia oral y pública solicitada no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal para resolver nulidades, no hay ninguna razón para desalentar su celebración”, admitió el Tribunal Oral Federal 8 para permitirle a la Presidenta del Senado defenderse con un soliloquio, en el que proclamó su inocencia y manifestó sus reparos contra el proceso. La instancia para todo ello era la instancia del debate oral, tal y como sostuvieron los fiscales. Pero no hubo juicio. Así que no hay encubridores. Aunque la realidad desafíe esta certeza judicial porque no los sospechosos de planear el atentado a la AMIA siguen libres. Y el asesinato masivo sigue impune.
El doble estándar institucional queda configurado. Hay “verdad” en las investigaciones de los fiscales. Lo que no hay es Justicia.
Los otros beneficiados: el fallo judicial alcanza a 10 imputados, además de Cristina
El sobreseimiento en la causa por encubrimiento de los autores del atentado a la Argentina a través de la voladura de la AMIA no sólo fue para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los otros beneficiados son el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía, el hoy embajador Eduardo Zuain, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, el dirigente islámico Jorge Alejandro Khalil, y el ex agente de la SIDE Ramón Héctor Allan Bogado.
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