Aturdidos por las cifras de la violencia

En los últimos tres meses los funcionarios de Seguridad señalan con discreción el sostenido descenso de las cifras de violencia homicida. Ha bajado la cantidad de crímenes desde el 1 de julio, con pocos hechos de sangre en comparación con las altas cifras de mayo y lo mismo ocurre si se coteja los números de estos meses con iguales meses del año pasado. Algo pasa y los funcionarios ya se han animado a hacer conjeturas que los tienen como responsables del descenso: el programa cuadrantes de patrulla, la vinculación con los vecinos, la coordinación con la Justicia y la celeridad de respuestas en casos menores que en otros tiempos hubieran pasado a mayores. Agregan la atención de los municipios, que no sólo tienen consolidadas sus patrullas de Seguridad, sino que han sembrado por toda la geografía urbana alarmas y botones antipánico.

Todo bien. Pero la cifra de femicidios no para de crecer: ayer fue asesinada una mujer en Pozo del Alto y aunque se están investigando las circunstancias del hecho, es la víctima número 14 de femicidio en lo que va del año y la segunda de septiembre, y para esto no hay explicación. Tucumán prácticamente encabeza en el NOA las cifras de violencia homicida contra la mujer.

Intensa agenda de funcionarios

El tema es uno de los que más ha ocupado las declaraciones políticas. Hubo respuestas desde todos los ámbitos en esta campaña electoral -la violencia de género era uno de los temas por los que se interrogaba a los precandidatos- y ha formado parte de los debates desde muchos ángulos, principalmente en lo penal, a raíz del crimen de Paola Tacacho y el enmarañado derrotero que ha tenido la acusación de juicio político contra el juez Juan Francisco Pisa y los reclamos contra varios fiscales y secretarios que desoyeron las denuncias de Paola, asesinada el 30 de octubre pasado.

¿Cómo ocupó el tema la agenda de los funcionarios? En marzo vino la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, para la creación de un centro de análisis de datos de delitos y “firmar un protocolo sobre violencia de género”. También elogió el registro de violencia de Tucumán y sugirió que se iba a proyectar a la Nación. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, vino también para presentar un plan y una campaña contra la violencia de género. Declaró que las cifras son “demoledoras” y que pasará tiempo hasta que se vean los cambios.

Los poderes del Estado -Judicial, Ejecutivo y municipalidades- tienen oficinas de violencia doméstica. Se ha aceitado el mecanismo para que se responda inmediatamente ante las llamadas de auxilio por el número 144. La oficina policial que recibe denuncias acaba de informar que se reciben 150 denuncias diarias, que son 3.100 en lo que va del año, que hay 156 pulseras activas. Hace pocas semanas el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, dijo que, por falta de pulseras, 1.800 policías deben hacer custodias, y que eso estaba afectando las tareas de prevención. La cifra de custodias había aumentado, en comparación con similares declaraciones de junio, cuando eran 1.200 los agentes afectados a custodias.

Faltaría contabilizar la cantidad de capacitaciones que se han dado en el Estado desde que se exigió que todos los agentes aprendan los contenidos de la Ley Micaela. Ese proceso se está llevando a cabo desde diciembre de 2019. Sabemos que no ha terminado pero no cuál es su avance ni cuáles son sus resultados siquiera parciales.

La denuncia ignorada de Maira

Pero nadie se ha preocupado por informarlo. Hace un mes fue condenado a perpetua Luis Eduardo Martínez por el femicidio de su ex pareja, Maira Alejandra Sarmiento, ocurrido a causa de una terrible demora policial y judicial hace un año en Villa Mariano Moreno. Ella fue un domingo a denunciar que su pareja había amenazado con matarla, no le quisieron recibir el audio y al final la denuncia llegó el miércoles a la Justicia y durmió dos días en un escritorio hasta el viernes, cuando llegó al fiscal. Cuando este ordenó medidas de protección, hacía dos horas que Maira había sido asesinada.

La familia de la joven estuvo conforme con la condena. Ayer se le consultó a Cecilia, la cuñada de Maira -quien fue testigo directa del crimen-, si supo de sanciones a los policías o a los funcionarios judiciales que ignoraron la denuncia. “No, nada, lo único que se decía en la prensa era que se estaba investigando... pero bueno, ya lo condenaron”, respondió. O sea, los que pudieron prevenir ese femicidio siguen ahí en sus puestos -según se sabe-, recibiendo, ignorando o rechazando denuncias, a discreción.

Las cifras son abundantes, por todos lados, pero las explicaciones son demasiado generales y a la hora de responder las razones por las que, en esta circunstancia en que las estadísticas parecen mostrar un descenso en los niveles de violencia, los números de femicidios no descienden.

Haría falta una explicación, sobre todo porque ha habido declaraciones contundentes con respecto a la violencia en general. En junio -cuando la provincia fue sede del Consejo Federal de Prevención y Abordaje de los Femicidios- Frederic dijo que “Tucumán viene demostrando que está a la altura de las políticas de seguridad necesarias para los tiempos que corren”. Es decir, en teoría se podría estar en condiciones de explicar lo que sucede, porque Tucumán “está a la altura” de lo que es necesario.

Abordaje insuficiente

La abogada feminista Soledad Deza tiene algunas opiniones al respecto. Reconoce que se trata de un problema muy complejo y que requiere procesos educativos amplios -educar, deconstruir masculinidades violentas, advertir que la profundización de la pobreza desintegra la estructura social y la violencia se profundiza-. Por eso mismo advierte que, aunque hubiera un descenso casual de casos, el proceso de la violencia, insuficientemente abordado, va a derivar en un aumento de las cifras. “El femicidio es la última expresión de una serie de violencias que responden a una cultura que tiene una desigualdad de poder como base”. Deza reniega de que de esta violencia se ocupe sólo el sistema penal, cuando la cultura que le da sustento sigue firme. “Los patrones culturales siguen respondiendo a castigo y pena, y el castigo y la pena van detrás del conflicto”.

La respuesta no es fácil. Las declaraciones de funcionarios, las reacciones impotentes de los agentes que se ocupan de la protección a las víctimas y la apabullante contundencia del aumento sostenido de los femicidios hacen pensar que no hay interés genuino en la política pública para diseñar la incorporación de la perspectiva de género. Es una suposición. No lo sabemos. Estamos demasiado aturdidos por las cifras.