El Gobierno reglamentó la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1.000 días

MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL. La norma despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive. TELAM MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL. La norma despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive. TELAM
14 Agosto 2021

El Gobierno argentino reglamentó anoche (y publicó en el Boletín Oficial) la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley de los 1.000 días, aprobadas por el Senado de la Nación el pasado 30 de diciembre.

La norma 27.610 -que legaliza el aborto hasta la semana 14, inclusive- es una de las mayores reivindicaciones del movimiento feminista en nuestro país, y fue aprobada en conjunto con el denominado Plan de los 1.000 días, que busca garantizar la asistencia de la mujer embarazada y su hijo hasta los tres años de vida.

Ambas iniciativas ya habían sido promulgadas por el presidente Alberto Fernández en enero de este año en un acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. "Estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa", había dicho el jefe de Estado en esa oportunidad.

Ahora, las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, informó el diario "Ambito Financiero".

El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. En primer lugar, despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplan las causales correspondientes. Además, establece penas de tres meses a un año e inhabilitaciones a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados".

En tanto, el proyecto también fija una pena de prisión a la persona gestante que, luego de la semana 14 y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, "causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare". En el caso del Plan de los 1.000 días, apunta a bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia tanto sobre la madre como el niño.


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