28 Julio 2021
CARTUCHOS. Las cajas tienen fecha de octubre y noviembre de 2018. telam
BUENOS AIRES.- El escándalo por el envío, desde Argentina, de municiones y material bélico destinado a reprimir protestas a Bolivia, durante el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a ser noticia. Ahora, una publicación del diario “La Nación” asegura que, durante el gobierno de Alberto Fernández, se extendió dos veces la autorización temporaria de las 70.000 municiones enviadas a Bolivia por la gestión de Macri.
El dato, dice el artículo, se desprende de la documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) dentro de la denuncia realizada por el actual gobierno contra Macri y parte de su gabinete.
Las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el macrismo: proteger la Embajada argentina en el país vecino. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez, que asumió la presidencia luego del derrocamiento de Evo Morales.
El informe de la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciante en el caso, tiene 42 páginas con documentación sobre el tema.
Allí, con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y con el detalle de las 70.000 municiones calibre 12/70, eje de la acusación. En ambos casos la autorización fue por 90 días, para “brindar seguridad y protección al embajador y el personal de la Embajada argentina en Bolivia”.
PARTE DEL ENVÍO. Se observan elementos enviados a Bolivia.
La investigación por el envío de material bélico a Bolivia comenzó el 8 de julio, luego de la denuncia del canciller boliviano, Rogelio Mayta. Cuatro días después, el gobierno argentino denunció que Macri, los ex ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, hicieron arreglos para “poner material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país”.
El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, emitió otro dictamen en el que consideró que los nuevos elementos aportados por los denunciantes -en la ampliación de la denuncia presentada la última semana- “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”.
Apuntó también al rol que pudo haber tenido en el caso el entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Caliba, quien quedó formalmente imputado en el caso.
Hasta ahora, las investigaciones apuntaban al ex director de la Gendarmería, Gerardo José Otero; al ex director de Logística de la fuerza, Rubén Carlos Yavorski, y al de Operaciones, Carlos Miguel Recalde.
De acuerdo a la acusación, Caliba habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, “las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviados”.
El fiscal también se refirió a la coordinación que habría mantenido durante esos días con las autoridades de la nueva conducción de la Policía Boliviana, y “en la presunta puesta en marcha extemporánea de un procedimiento tendiente a la formalización del pase de manos de municiones y armamentos que ya se había concretado previamente y con su intervención”.
La justicia ya tiene en sus manos el sumario administrativo de Gendarmería, con información sobre lo sucedido, que fue abierto con una orden directa del presidente Fernández. (Especial)
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