Son al menos 17 los muertos en las protestas de Colombia - LA GACETA Tucumán

Son al menos 17 los muertos en las protestas de Colombia

El gobierno culpa a grupos violentos infiltrados. Continuaron las manifestaciones en Bogotá, Medellín y Cali, pese al anuncio de que se retirará el proyecto para subir impuestos.

04 May 2021
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BOGOTÁ, Colombia.- Los recientes saqueos y actos de vandalismo en Colombia fueron cometidos por integrantes de grupos armados ilegales que infiltraron protestas pacíficas, denunció el ministro de Defensa de ese país. Hasta ayer se habían contabilizado 17 muertos y había cientos de heridos.

Decenas de miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de Colombia, para reclamar contra un impuesto extraordinario destinado a parchar la economía devastada por la pandemia.

El domingo, el presidente Iván Duque anunció que retiraría la propuesta, pero insistió en que sigue siendo necesaria la reforma para mantener los programas de asistencia social.

Sin embargo, estas decisiones no lograron aplacar la indignación pública, y las protestas se convirtieron en un clamor nacional contra la pobreza creciente, el desempleo y la desigualdad, que el coronavirus vino a empeorar.

Las imágenes de la violenta represión a los manifestantes exacerbaron la furia contra la policía, a la que acusan de abusos desde hace largo tiempo.

“Nos empujaron al hambre y ahora quieren quitarnos lo poco que nos queda”, dijo al diario “The New York Times” Natalia Arévalo, una joven que se manifestaba en las calles de Bogotá.

Los sindicatos y las organizaciones sociales iniciaron el miércoles pasado las protestas en el país de 50 millones de habitantes para exigir al gobierno que retire el proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos. Pese al anuncio de que se retiraría el proyecto, las protestas continuaron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, pero no lograron sumar a los sindicatos de camioneros y taxistas, que habían amenazado con hacerlo.

El gobierno acusa a grupos derivados de la disidencia guerrillera, infiltrados en las marchas, de haber provocado disturbios. “Colombia enfrenta una amenaza particular con unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, a la prensa, sin ofrecer pruebas de la denuncia.

“No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y que están en sus casas, son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional) los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares”, aseguró el funcionario.

Molano lamentó las muertes de civiles, pero no quiso dar cifras específicas con el argumento de que corresponde a la Fiscalía General investigar.

La Defensoría del Pueblo reportó la muerte de 16 civiles y de un oficial de la policía en los primeros cinco de días de manifestaciones. La Procuraduría General anunció el domingo que investigaba la relación de 14 muertes violentas con las protestas, mientras que grupos de derechos humanos reportaron previamente que más de 20 personas fallecieron. “Lamentamos la muerte de las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal han perdido la vida”, dijo Molano.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dijo que se abrieron 26 investigaciones por denuncias de violencia y abuso policial.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que una cuarta parte de TrasMilenio, el sistema público de transporte en autobuses, está fuera de operación por la destrucción en actos de vandalismo de 41 estaciones.

Pese a que Duque anunció la asistencia militar en las principales ciudades para evitar actos de vandalismo, los alcaldes de Bogotá y Medellín la rechazaron.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, dijo que busca restaurar el orden, proteger la infraestructura, la propiedad pública y privada y garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios esenciales como la salud y la alimentación. (Reuters-Especial)

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