Burbujas de mala praxis

Paola Tacacho tenía pánico y pedía ayuda a gritos. “La denunciante expresa su angustia y temor ya que los últimos mensajes mencionan que ella va a morir pronto”, dice el acta del oficial subayudante Hugo Matías Cabeza Ruiz, de la comisaría 1a, en la que pedía un examen psicológico urgente para la joven profesora de Inglés. Ese día, 27 de junio de 2017, había ido dos veces a la comisaría por la persecución a que la sometía Mauricio Parada Parejas. Un año después, el 14 de junio de 2018, el informe de la Ovifam (oficina especializada en violencia familiar) daba cuenta de los síntomas de angustia y de humillación de Paola y remarcaba que afrontaba un nivel alto de riesgo. Ese informe estuvo acompañado de otro estudio del psiquiatra Juan Salvador Yalour, que hablaba de la peligrosidad del acosador Parada Parejas. Un año después, al cabo de 13 denuncias de la víctima, el 20 de octubre de 2020, Parada Parejas la asesinó cerca de su departamento en Barrio Norte, donde la había acosado a lo largo de cinco años.

Si la persona que pedía ayuda terminó asesinada, ¿la Justicia actuó bien o mal? Hubo mala praxis, no cabe duda. ¿De quién es la responsabilidad, y quién debe determinarlo? Acá entramos en un terreno fangoso que nos muestra a la Justicia como en una burbuja, alejada en los hechos de los requerimientos de la sociedad, pese a que sus integrantes claman para que se reconozca su tarea y que se aprecien las bondades del reformado Código Procesal Penal.

Limpieza y escándalo

La limpieza que la Comisión de Juicio Político y el gobernador Juan Manzur hicieron de las siete denuncias contra el juez Francisco Pisa no tapó el escándalo de la mala praxis con Paola. Apenas lo puso en evidencia. El mandatario dio el vía libre para que el magistrado, cuyo juzgado ha sido sometido a varias auditorías por su funcionamiento, se jubile con el 82% móvil de su sueldo de privilegio superior a $ 300.000 y libre de los límites que pone a los mortales la ley de solidaridad previsional (cobrará más dinero que en su época de activo). Pero esto ha dejado bajo sospecha pública las posibles vinculaciones entre poderes y la protección que se demandan. ¿Quién da esa protección? ¿El oficialismo? Por detrás de esto se supo que el hermano de Parada Parejas, empleado de la UNT, estaba en 2018 como contratado en la Legislatura. ¿Casualidad? ¿Hubo otras líneas internas entre gente del Poder Legislativo y quienes estaban investigando a Parada Parejas? Recordemos que Paola hizo 13 denuncias, que fueron tramitadas, además de Pisa, por otros dos jueces y por al menos cuatro fiscales. Los familiares de la víctima han presentado -junto al legislador José María Canelada- un pedido de juicio político contra la fiscala Mariana Rivadeneira, que recibió dos veces presentaciones de Paola (en persona, la profesora de Inglés le dijo: “yo necesito que Mauricio no se me acerque”) y las desestimó “por pruebas insuficientes”. Rivadeneira es fiscala regional de la Capital para las causas del nuevo Código y es fiscala de Delitos Complejos y Homicidios para causas del antiguo régimen penal.

Cadena de responsables

La familia Tacacho quiere que se avance sobre ella y más aún. “Rivadeneira no aplicó perspectiva de género y demostró desprecio, porque no le importó la vida de Paola. Incurrió en un grave error que terminó de la peor manera. Y hay otros responsables. Como el auxiliar de fiscal Fernando Isa también. Como (la fiscala Adriana) Reinoso Cuello también. Nosotros estamos en pie de lucha para avanzar contra todos estos funcionarios que incumplieron sus deberes. Conocemos las causas, el laberinto que recorrió Paola, sabemos que hay una cadena de responsables. El Estado falló a través de todos sus operadores y funcionarios públicos, que son estos fiscales, auxiliares de fiscales y el juez Pisa”, dijo Nilda Zerpa, prima de Paola.

La Comisión de Juicio político, que está silenciosa, tal vez tenga que decidir sobre dos fiscales. ¿Y el resto? Se habla del auxiliar fiscal Isa, que en la fiscalía 9a se ocupó de archivar la causa quemante de Tacacho (con los informes de la Ovifam y del psiquiatra) por “tratarse de hechos de vieja data” y “por falta de espacio físico”. ¿Qué responsabilidad tenía este ayudante fiscal que ahora está siendo sancionado, según lo que les dijo el secretario del Ministerio Público Fiscal, Tomás Robert, a los familiares de Paola? Los ayudantes de fiscal son un engendro de diluidas responsabilidades creado con la excusa de que que hay poca gente y con el objetivo de buscar la celeridad judicial de que se jactan ahora los magistrados con el nuevo código. Pero hay seis fiscales y 40 ayudantes fiscales. ¿Es Isa el responsable? ¿Le cabe juicio político? Sólo quien nombró a los ayudantes fiscales los remueve.

En la película “El rati horror show” (2010), que muestra descarnado el laberinto jurídico policial de la negación de justicia y de la manipulación a la comunidad, el realizador Enrique Piñeiro pone en el estrado a los integrantes del tribunal oral federal de la CABA que condenó a Fernando Carreras por la llamada “Masacre de Pompeya”, ocurrida en 2005. El fallo fue cambiado por otro tribunal y luego la Corte Suprema dictaminó el sobreseimiento de Carreras, que sin embargo todavía sigue perseguido por la Justicia: una cámara civil lo condenó en diciembre pasado a pagar indemnización a las víctimas.

Piñeyro sentó en la película a tres marionetas de los jueces y les mostró las pruebas falsas sobre las que se habían sustentado para la condena. “Miren, miren. ¿No pidieron material de archivo ustedes?” Les lee el artículo 269 del Código Penal, que prevé penas para magistrados que condenan con pruebas falsas. ¿Hay artículos para magistrados que niegan justicia pese a que haya pruebas concretas? La película, que examina los procederes policiales y judiciales y la impunidad de los poderes conectados entre sí, fue presentada para estudio en Tucumán por la fallecida camarista penal María del Pilar Prieto, que dictaba una materia vinculada con la criminología y la ética judicial. Se la estudió poco.

Pantano de responsabilidades corridas

Nuestro medio está empantanado en un sistema de responsabilidades corridas. La Corte Suprema, supuesto organismo de control de la administración de la Justicia, le pidió en noviembre el listado de las 13 denuncias al Ministerio Público Fiscal y este se lo negó, aduciendo en un comunicado sin firma, que le había entregado los datos a la familia de la víctima, lo cual fue luego negado por los Tacacho. Esas 13 causas están siendo ahora expuestas en notas de LA GACETA por la periodista Irene Benito. Las publicaciones no parecen haber provocado en la sociedad la inquietud, la expectativa y la indignación que causaron en su momento los pedidos de juicio político al juez Pisa.

Estas 13 denuncias, que describen el laberinto que recorrió Paola (al decir de su prima) muestran también el silencio de la Corte. ¿No siguen en funciones el juez Pisa y todos los jueces, fiscales y funcionarios que actuaron en el caso de Paola? ¿Cómo estarán actuando en otros casos? Se dice que lo que el ayudante fiscal Isa hacía cuando mandó la causa de Paola al archivo era enviar causas al sistema conclusional, que es el limbo al que van los casos no resueltos antes del nuevo código. Se dice también que cuando hay una denuncia sobre un ataque reiterado (por ejemplo en casos similares al de Paola) se pregunta si hubo denuncias anteriores y si la respuesta es positiva, se lo sigue enviando al limbo conclusional. Este sistema burocrático se sustenta de operadores que parecen aislados en sus burbujas. “Ser delincuente en Tucumán es muy barato”, ha sentenciado Alberto Lebbos, voz autorizada para hablar de los laberintos judiciales.

La película de Piñeyro tiene un epílogo: “como antes y como ahora, y como en casi todos los tiempos, cuando llega la noche la gente se va a dormir. Algunos lo hacen donde no deben y por razones equivocadas, lejos de sus hijos y de sus familias. Otros, con más suerte, y menos injusticias sufridas, pueden hacerlo al amparo de sus hogares ya seguros. Otros seguramente no pueden dormir pensando en todas las cosas malas que han hecho”. Y muestra las marionetas de los jueces durmiendo en medio de una avenida. Por cierto, a más de una década de la condena a Carrera, esos jueces siguen actuando. ¿Hay también burbujas protectoras nacionales?

El filme concluye con una cita del cómico Tato Bores: “desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”.