Conflicto en el Colegio de Abogados: una denuncia de acoso derivó en suspensiones

En medio de la pandemia y de la crisis institucional, el Colegio de Abogados de la Capital enfrenta un conflicto que trascendió sus puertas. Ocurre que una denuncia de supuesto acoso sexual y violencia de género derivó en sanciones para las dos partes.

Después de sustanciar un sumario, el Consejo Directivo suspendió por un mes sin goce de sueldo a la empleada denunciante y, a la vez, suspendió hasta el término del mandato a Guillermo Arévalo, el secretario denunciado (su período concluye en noviembre).

Jorge Contrera, abogado de la trabajadora, judicializó la sanción, y denunció al Colegio ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “Me desagradan las instituciones que enarbolan la bandera de la mujer, y, sin embargo, puertas adentro no formalizan un protocolo y no respetan la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Están tirando por la borda el prestigio ganado”, manifestó Contrera, ex secretario del Colegio. El presidente Marcelo Billone por su parte defendió la actuación de los consejeros. “En todo momento nos hemos manejado con prudencia y transparencia”, dijo.

Las actuaciones

El origen de la disputa se remonta a febrero de este año, cuando la empleada denunció a Arévalo. El Consejo Directivo resolvió instruir un sumario -Julia Chara e Ignacio Chasco Olazábal llevaron adelante la investigación- y suspendió preventivamente al dirigente cuestionado. Billone informó que, a los efectos de resguardar la confidencialidad y preservar a los implicados, sólo los instructores manejaron el expediente y este permaneció fuera de la entidad. “El sumario fue tramitado con absoluto respeto por el derecho de defensa de ambas partes, quienes actuaron con patrocinio letrado. Los instructores elevaron un informe al Consejo, y este órgano descartó el acoso y la violencia, pero sí entendió que había habido comportamientos inadecuados por parte del consejero y de la empleada, y por eso dispuso la suspensión”, relató Billone. Y si bien consideró que las partes podían acudir a la Justicia, advirtió: “hay colegas inescrupulosos que, ante la proximidad de las elecciones (internas), pretenden sacar algún rédito de esto, lo que por cierto es lamentable y evidencia su catadura moral”.

Ante el Inadi, la empleada refirió que los hechos se desarrollaron a lo largo de aproximadamente tres años: “Arévalo buscó una amistad por fuera de mis funciones con lo que pretendía obtener beneficios de índole sexual a los que nunca accedí, situación que generaba por parte de este acciones que repercutían en mi tarea. Arévalo, quien era el encargado de firmar casi toda la documentación que debo tramitar en mi oficina, se ausentaba de manera sistemática cada vez que obtenía un ‘no’ de mi parte”.

“Miles de mensajes”

La denunciante manifestó que rechazaba las insinuaciones y las actitudes lascivas, y que puso límite porque “no es no”. “Llegado el momento de visibilizar la situación y proteger a la víctima, el Colegio terminó sancionándome. Esto es una violencia institucional inusitada que merece un reproche y la publicidad. Desde el comienzo, el Colegio me trató de manera discriminatoria y pasó por alto la Ley 26.485. La tramitación de la investigación administrativa interna me afectó la salud porque todo el tiempo tuve miedo de encontrarme con el denunciado”, relató. Y añadió: “la actividad desplegada por el acosador está totalmente probada, no tan solo por el dictamen realizado por quienes tenían a su cargo la investigación, sino por el mismo Consejo Directivo que no hizo lugar a mi denuncia y, sin embargo, sancionó a Arévalo por una ‘inconducta’, término ambiguo y genérico para ocultar el acoso”.

En la denuncia original del 14 de febrero, la empleada expuso ante los consejeros las razones por las que estaba de licencia desde septiembre de 2019: manifestó que Arévalo “la molestaba” desde 2017 y la colocaba en situaciones vejatorias.

“El secretario entraba a mi oficina y me miraba fijamente; detenía los ojos en mis senos y me decía que era muy linda. Me mandaba mensajes de WhatsApp donde me manifestaba que le ‘producía ratones en la cabeza’. Por los rechazos, luego pasaba a ignorarme, a no saludarme y a ‘destratarme’ en público”, detalló. Según el relato, luego Arévalo le pedía disculpas y todo volvía a empezar. La empleada adujo que por este motivo estaba con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, y que los profesionales que la atendían le recomendaban no volver a su puesto hasta que el Consejo Directivo tomara las medidas para protegerla.

El órgano inmediatamente abrió la investigación. El 28 de febrero, Chara y Chasco Olazábal informaron a la administrativa que el objetivo del sumario era acumular prueba para determinar si presentaban cargos contra Arévalo, y que no tenían competencia para expedirse sobre su futuro laboral. Al presentar los chats, la denunciante del acoso dijo que había dado “continuidad” a las conversaciones que tanto la incomodaban por miedo a perder su trabajo.

En una contestación del 3 de junio, Arévalo rechazó las acusaciones “por no reflejar la realidad de los hechos”. Según las actuaciones, dijo que la empleada pretendía conferir a las cosas un sentido distinto al que tenían. “Manifiesta que los ‘miles de mensajes’ que intercambiaron reflejaban una relación de profunda confianza entre ambos. Niega que exista una situación de miedo, y que es la propia denunciante quien promueve alguna salida e, incluso, quien le comenta que necesita abrazos. Dice que es impensado que la víctima de acoso le envíe mensajes para decirle que lo extraña y que no sabe por qué él está distante. Pide que se observe la curiosidad de la empleada sobre su vida íntima y conyugal. Expresa que es la denunciante la que se benefició con la relación y no a la inversa”, aseguró Arévalo, de acuerdo a Chara y a Chasco Olazábal (el secretario suspendido no contestó los mensajes que le envió LA GACETA).

Tras analizar los antecedentes y las pruebas reunidas, los instructores concluyeron que había existido “un acoso sexual y laboral atenuado por la complejidad de las circunstancias fácticas”, y subrayaron la asimetría que existía entre Arévalo y su denunciante.

En la sesión del 26 de agosto y tras una exposición del consejero Marcelo Fénik, las autoridades del Colegio optaron por descartar la denuncia en una votación dividida, y por considerar que las anomalías detectadas incumbían a denunciante y denunciado.

Al notificarle la sanción que debía extenderse entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre, Billone dijo a la trabajadora que había incurrido en una “grave violación a sus deberes al pretender servirse de Arévalo para obtener ciertos privilegios en el trato o prerrogativas indebidas ajenas a los estándares de la relación laboral”. Entre las faltas que enumeró, el presidente achacó a la denunciante haber pretendido que Arévalo la apoyara para obtener traslados a otras oficinas; eventuales ascensos; anticipos de haberes; préstamos; adelantos de licencias y contrataciones de terceros.

Billone añadió que la empleada había requerido la ayuda del secretario para realizar otros trabajos que cumplía en forma paralela al suyo en el Colegio (venta de dispensers de agua y de rollers) y le había pedido que intercediera directamente para que la entidad comprara los productos. El presidente también le endilgó haber hecho “comentarios insidiosos a Arévalo para sugerirle que no era respetado y que en el Colegio otros tomaban decisiones que lo dejaban de lado como jefe de personal”, y la “implementación de una suerte de sistema de delación de sus compañeros”.