La democracia no se mancha

Nuestra democracia es, no hace falta explicarlo, el gobierno del pueblo. Así lo dice la etimología del vocablo y también la Constitución Nacional. Sin embargo, desde hace tiempo las dificultades que tienen los representantes del pueblo para comunicarse con sus representados han hecho que, paulatinamente, surjan diferentes acciones y formas en las que ese pueblo busca manifestarse cuando toma conciencia de que sus mandados no acatan sus órdenes y menos aún cubren sus necesidades.

Y no cumplen con esos mandatos porque los valores que se priorizan son económicos y no éticos o de otra índole. Sólo valen los monetarios. Al principio, el ciudadano se resiste a ese cambio. Con el tiempo se acostumbra y no tiene problemas de trabajar en negro, de votar según la paga y de participar en partidos que no tienen gente, sino sólo sellos o parientes de los líderes.

En estos primeros años del siglo XXI la tecnología ha sido de una gran ayuda para subsanar aquellos problemas de comunicación. Así, un solo tuit con una denuncia o con un deseo se puede convertir en una movilización e incluso podía servir para corregir conductas. Después, la violencia de las redes dejó todo como al principio.

En vez de cumplir con sus funciones y con las personas que les delegaron el poder, los principales actores de nuestra democracia pasaron a ser los representantes autónomos de empleados. Y ellos en lugar de escuchar a quienes les dan el poder se abroquelan, se defienden y, por las dudas, tratan de que sólo se los escuche a ellos. Los espacios de libertad con los que se crearon las redes se convirtieron en terrenos vacíos que había que ocupar para escucharse a sí mismos. Convertidos en ocupas de la virtualidad (en la jerga le llaman quintas), los trolles y operadores salieron a responder deteriorando la política.

Es lo mismo que cuando en un acto político el orador se siente eufórico y emocionado por los aplausos recibidos, cuando en realidad el 70 por ciento de los aplaudidores fueron llevados y pagados para hacerlo.

Y así, de a poco, la reacción del Estado ejecutado por un sector político se ve incapaz de actuar por el bien común de todos y siente que sólo debe hacerlo para su equipo. Eso no sólo divide, sino que además relativiza el poder de la ley y, obviamente, deriva en desconfianza y en violencia.

Pero los que reaccionan no son sólo los ciudadanos: también lo hacen los representantes y los principales operadores. Ellos se convierten rápidamente en hipócritas.

Hechos, no palabras

Hace pocos días un abogado comentó –palabras más, más palabras menos- que la Justicia con su transformación en el proceso penal iba en ascensor, mientras que la otras estructuras del Estado iban por la escalera. Concretamente, se resolvía un caso en la Justicia, pero la persona que había estado detenida y ya liberada, no podía salir porque Rentas no tenía cómo recibir un pago en domingo, además de otras trabas. La queja por una falla se subsanó rápidamente, pero vino acompañada con venganza porque en el acto al abogado le llegó una inspección. Cuando se le pidió su testimonio desde la prensa, eligió callar. No quería más problemas. Haber dicho la verdad ayudó a mejorar una institución para el bien común, pero le trajo perjuicios personales.

En días recientes ocurrió un asesinato muy bien organizado. Murió Ana Dominé. En el acto salieron a buscar a los asesinos. Muchos vecinos saben qué pasó y conocen a algunos de los culpables. No se animan a hablar. No pueden.

La hipocresía de los principales actores se traslada a las instituciones y el Estado se vuelve hipócrita. No le alcanza la vista para mirar a todos y sólo puede detenerse en un sector.

Por ese mismo motivo los ciudadanos que no encuentran la respuesta en quienes eligen, ni tampoco encuentran un diálogo libre en las redes sociales donde las reacciones virtuales son tan violentas como las presenciales, han tomado conciencia de que lo único que pueden –y deben- hacer es poner el cuerpo y por eso salen a la calle.

El miércoles pasado más de una persona en la Casa de Gobierno esperaba que la marcha por la seguridad que estalló tras el asesinato de la empresaria Dominé fuera multitudinaria. Querían que en la masa crítica del Poder Ejecutivo se diera cuenta de que las cosas no están bien. No pueden decirlo. No se animan. Tienen miedo. Pero en su interior saben que algo no funciona correctamente.

El día de la marcha, el Gobierno se presentó en un programa televisivo de LG Play representado por un legislador. Fue Gerónimo Vargas Aignasse quien actuó de vocero. No lo hizo el gobernador, quien no termina de darse cuenta que los viajes a Buenos Aires para sacarse una foto con Alberto Fernández ya no pagan como antes. Tampoco lo hizo algún ministro ni mucho menos el titular de la cartera de Seguridad, Claudio Maley. Vargas Aignasse llegó al programa con los bolsillos llenos. Dijo que el gobernador le pidió que informara que casi 1.000 millones se destinarían a la seguridad. La respuesta política sigue siendo plata. Los planes o no son claros, o no funcionan, o no se comparten. Curiosamente, estos mismos dirigentes gobiernan la provincia desde hace 16 años. Sin embargo, a la hora de asumir responsabilidades ya no tienen nada que ver los unos con los otros. El gobierno de 12 años de José Alperovich, durante los cuales se enriquecieron muchísimos dirigentes, parece que fuera la gestión de un enemigo desconocido. Sobran los dedos de la mano para contar a los que no los comprenden las generales de la ley en el actual gobierno manzurista.

La hipocresía se desparrama como un virus. Así se declama federalismo en cualquier gobierno, pero los privilegios se quedan a vivir en Buenos Aires.

El presidente ha quedado entrampado en su pasado. Es su historia política la que lo condena. Cada vez que toma una decisión y se mira en su espejo, aparece su joven imagen en la que él mismo luce sosteniendo lo contrario. Pasa con la agresiva campaña con el cepo, donde no sólo se lo ve a él despotricando sino también a sus funcionarios y a la misma vicepresidenta, que también tienen ahorros millonarios en dólares. Es llamativo cómo ciudadanos de clase media tienen declaraciones patrimoniales más altas que el mismo Macri o que políticos que a simple vista son multimillonarios. Paulatinamente, se les va haciendo más difícil a los gobiernos poner orden cuando sus procederes los contradicen.

Incluso, muchos dirigentes políticos y gremiales han encontrado un buen lugar para hacer negocios en la actividad comercial y allí generan trabajo en negro o explotaciones que en sus discursos o en las leyes que votan o en los convenios que defienden no tienen cabida.

La salida de empresas y de capitales del país es aplaudida por el propio Estado y por sus brazos virtuales en las redes, cuando deberían ser lágrimas por el atraso que se va a producir.

Estas situaciones generan malestar, pero también miedo e inseguridad. El lugar que al ciudadano le queda para resguardo es la Justicia. Pero también ella va siendo un brazo de la política, porque está más atenta a que sus necesidades sean atendidas que a frenar la delincuencia o la droga, cuyos dealers ya son más importantes que los punteros barriales que alguna vez fueron la puerta de entrada a la política honesta y sana.

El miércoles muchos tucumanos salieron a la calle y los efectivos policiales desaparecieron. No pudieron soportar la agresividad ni el malestar de la gente gritándoles su impericia, su incapacidad y su miedo. Ergo, los policías se fueron. El divorcio es cada vez mayor.

Manchado

La hipocresía lleva ínsita en su significado el fingimiento de cualidades o sentimientos que en verdad no se tienen. Pero también se finge por miedo o por confusión. Uno de los más confusos de los últimos días es el vicegobernador Osvaldo Jaldo quien está muy preocupado por defender a un compañero justicialista. “Un peronista jamás deja solo a un compañero”. Esa es una máxima del barrio, del partido, pero no puede trasuntar las instituciones. Menos aún cuando el amigo o el compañero se mandó una macana. Jaldo también se confunde cuando repasa una frase típica de la política que dice “qué le hace una mancha al Océano”. En este caso, pareciera que el vocal de la Corte Daniel Leiva es el Océano y el vicegobernador está quedando demasiado manchado. Todos los que dependen de la billetera legislativa (incluida la oposición) baila a su alrededor y actúan en consecuencia, pero quien maneja la batuta y dirige la orquesta en defensa de Leiva es Jaldo.

No es 19

Como repite un tierno político peronista, pero disidente, la dirigencia está afectada por el virus y está perdiendo el olfato político y el gusto por hacer el bien común. Siguiendo con su misma metáfora muchos no consiguen darse cuenta que la Covid es 19; no es 21, ni es 23. Sin embargo, todos trabajan como si lo fuera.

En el oficialismo no se hace nada sin pensar en las elecciones que vienen y así dan pasos en falso y, obviamente, en la oposición pasa lo mismo, como el intendente Roberto Sánchez que ya tiene pintadas promocionando su candidatura a gobernador. Un anuncio inoportuno y de baja calidad.