La Corte abre una pesquisa interna para esclarecer una denuncia de acoso laboral

La funcionaria Constanza Pujol ya no trabaja en la Cámara Civil y Comercial de esta ciudad junto al camarista Benjamín Moisá, y un sumario administrativo esclarecerá el conflicto que se desató entre ambos con motivo de la digitalización adoptada durante el asueto judicial extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán tomó ambas decisiones este viernes. Por un lado, abrió la pesquisa interna del supuesto acoso y violencia laboral denunciado por Pujol, y, por el otro, trasladó a la procuradora a la Cámara de Documentos y Locaciones de San Miguel de Tucumán, donde cumplirá funciones de relatoría.

Los vocales Claudia Sbdar (presidenta ) , Antonio Daniel Estofán (con firma digital remota), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos encargaron la instrucción del sumario dispuesto en la Sala II de la Cámara Civil y Comercial al camarista penal Fabián Fradejas (Acordada 386/20). En la decisión previa, los integrantes del alto tribunal invocaron “razones de servicio y ordenaron el traslado que había solicitado Pujol al interponer la denuncia contra Moisá el 22 de mayo.

La disputa de la Cámara Civil se inscribe en el funcionamiento institucional de emergencia diseñado por la Corte a partir del 17 de marzo a propósito de la prevención de la covid-19. Según la funcionaria, el camarista se opuso a implementar las herramientas tecnológicas y siguió exigiendo la prestación presencial de los servicios. Pujol afirmó que “fue sistemáticamente acosada” por su apego a las reglamentaciones que elaboró la Corte y que, más allá de sobrecargarla de tareas, el camarista la había colocado en una posición de desobediencia, incluso del decreto presidencial que obligaba a a los abogados a observar la cuarentena. La secretaria advirtió que Moisá había publicitado su disidencia con el esquema formulado por el alto tribunal en las redes sociales.

La denuncia dio pie al camarista para redactar una contestación de 17 carillas donde planteó la nulidad de la presentación de Pujol por carecer de la firma prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación; negó el cuestionamiento concreto; defendió su derecho a ventilar las decisiones del Poder Judicial y planteó sus discrepancias con la digitalización. Moisá consideró que él no podía acosar a quien no era su subordinada, sino una auxiliar con autonomía para dar fe sobre los actos judiciales. Y afirmó que Pujol se había erigido en juez de sus disposiciones y que tal vez su estrés obedecía a la normativa de emergencia que había emitido la Corte.

Las diferencias entre la funcionaria y el juez comenzaron en febrero de 2019, cuando aquella ascendió a secretaria de las tres salas de la Cámara. Moisá disintió con sus pares al rechazar la designación discrecional: según su criterio, correspondía que el cargo fuera cubierto por concurso.