Un juez detecta casos de sarna y habilita el celular en las cárceles

Las cárceles deben soportar tres crisis simultáneas: la inherente a los lugares de detención; la económica y la sanitaria. Mario Velázquez, juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, consideró esa triple emergencia para exhortar al servicio penitenciario a cargo del Poder Ejecutivo a permitir el empleo de teléfonos celulares a los presos en las condiciones de seguridad previstas en un protocolo elaborado a tal fin. Esta habilitación fue cuestionada ayer por familiares de víctimas de delitos (se informa por separado). En la misma resolución dictada a instancias de la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís, el juez ordenó la curación de una decena de ciudadanos con sarna alojados en la Comisaría de Famaillá, medida que la Policía ejecutó el sábado. Esta patología fue detectada en un establecimiento cuyos responsables habían informado el cumplimiento de medidas de salubridad e higiene.

El acceso al teléfono está justificado en la circunstancia de que los presos quedaron de hecho incomunicados con sus familiares: el juez recordó que, para impedir el contagio del coronavirus, las autoridades suspendieron o restringieron las visitas. Y advirtió que esta veda, así como preserva la salud de la población carcelaria, extrema el confinamiento de los privados de la libertad y genera una presión que puede derivar en hechos de violencia, como el felizmente sofocado en la cárcel de Concepción a comienzos de la cuarentena.

En definitiva y sin desconocer que el acceso al celular había dado lugar en el pasado a conductas ilícitas, el magistrado de Monteros consideró que no había alternativas puesto que, a los fines de evitar los contagios de la covid-19, tampoco era recomendable el uso del teléfono público, en el caso de que existiere. El juez alegó que la ausencia de noticias del mundo exterior acentuaba los efectos nocivos del aislamiento, el hacinamiento y la angustia, máxime en una coyuntura general tan delicada.

El hábeas corpus de Ferreyra Asís ingresó el 2 de abril: se trata de una presentación muy amplia que, con invocación de la pandemia, solicita, entre otras medidas especiales y excepcionales, la priorización de las prisiones domiciliarias para ciertos casos de riesgo o situaciones intermedias (semilibertad y semidetención). Velázquez consideró que él era incompetente para resolver sobre la libertad de todos los presos y colocó este aspecto del planteo en manos de la Corte Suprema de Tucumán.

Como consecuencia de la presentación de Ferreyra Asís, el juez dispuso la constatación de las circunstancias de detención en las comisarías de Simoca y de Famaillá, que son los ámbitos de alojamiento de los presos de los Tribunales de Monteros puesto que el establecimiento policial de esa ciudad está cerrado por refacciones desde septiembre. En Famaillá, donde el cupo habilitado por la Corte es de cinco detenidos, había casi tres veces más al momento del control. Diez presentaban sarna: Velázquez llamó la atención que, mientras el jefe de la Unidad Regional Oeste, Raúl Armando Villafañe, y el comisario José Eduardo Díaz describían la situación como “normal”, un informe médico actualizado daba cuenta de un cuadro muy contagioso por la vía del contacto con la piel lesionada.

“Es una realidad muy grave. Las medidas informadas por el jefe de la Comisaría de ninguna manera se estuvieron cumpliendo o lo hicieron de manera deficiente”, cuestionó. A continuación, el juez ordenó que los enfermos fueran tratados con el jabón y la crema recetados para esta patología, y recibieran una muda diaria de ropa limpia. Además, dispuso la desinfección cada 12 horas de los calabozos incluidas las rejas y tratamientos preventivos para los presos sanos.

Amenaza por mensaje: la diputada Bonaerense Píparo denunció que su agresor la amedrentó desde la cárcel

Carolina Píparo, diputada de la provincia de Buenos Aires (Juntos por el Cambio), expuso ayer que uno de sus agresores, Carlos Moreno, le había mandado mensajes de texto intimidatorios desde la cárcel. Píparo expresó que el preso había usado un celular para contactarla por Facebook. La diputada fue baleada en 2010 a la salida de un banco en La Plata, hecho en el que falleció su bebé. El Servicio Penitenciario Bonaerense informó este domingo que había secuestrado el teléfono del preso, según la web Primer Plano Online. La publicación plasma el repudio de las víctimas del delito hacia las medidas de flexibilización de la privación de la libertad adoptadas con motivo de la pandemia. “Todos estamos en peligro”, advirtieron.