25 Marzo 2020
MIGRACIONES. Imagen de la frontera entre Argentina y Bolivia, en La Quiaca. ARCHIVO
La Justicia se encontró con una traba para avanzar en la investigación del cumplimiento de la cuarentena para personas que regresaron del extranjero. La Dirección Nacional de Migraciones no comparte el informe diario que reciben de los puestos fronterizos, aeropuertos y puertos sobre los tucumanos que arribaron al país en las últimas semanas. Por tal motivo, no descartan tomar medidas para conseguir la información.
“Hasta el momento sólo estamos investigando los casos a través de las denuncias que nos hacen vecinos y conocidos a través de nuestras líneas telefónicas y casilla de correo. Pero con eso no alcanza, esa es una información parcial y no la realidad absoluta”, explicó el fiscal Carlos Picón que, junto a su par Mariana Rivadeneira, conducen la fiscalía especializada en atender este tipo de delitos.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que iniciaron los trámites hace más de 10 días sin tener una respuesta satisfactoria. “En principio se nos informó que en esa nómina había muchísima información delicada que no se podía compartir”, señaló el vocero del MPF.
Esa información fue catalogada como “delicada” porque en esa nómina podrían aparecer nombres de funcionarios públicos, empresarios y personas influyentes que no habrían cumplido con el aislamiento social obligatorio.
“No sabemos nada de ese tema, pero desde ya le adelanté que debemos tener esa lista. Si es necesario hacer un allanamiento, lo haremos. Y si es necesario aprehender alguna persona, también lo haremos. Así actuaremos con todos aquellos que no nos faciliten información clave”, indicó Picón en una entrevista con LA GACETA,
Denuncias
Por otra parte, La delegación Tucumán de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció en sede penal y pidió que se investiguen presuntos delitos cometidos por policias en el marco de la vigilancia por el aislamiento obligatorio.
La oficina presentó un listado con cuatros casos que se produjeron en Banda del Río Salí, Lastenia, San Cayetano y Yerba Buena.
Según el comunicado, en las tres primeras, efectivos solicitaron una coima de entre $2.000 y $4.000 para que los infractores quedaran libres. En tanto que en Yerba Buena, el hecho fue por apremios ilegales producidos en la detención de un menor.
El fiscal Picón señaló que la denuncia será investigada. Ayer por la tarde, se presentó en el Complejo Belgrano para controlar la tarea que se desarrolla e informar a los detenidos que no deben abonar ningún dinero para recuperar la libertad.
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