05 Febrero 2020
Lula da Silva.
Rápido de reflejos y con movimientos políticamente estratégicos, el Papa Francisco comenzó febrero con todo. El Sumo Pontífice tuvo un rol protagónico clave en la negociación del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional.
“No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables”, afirmó la máxima autoridad de la Iglesia ante la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
El siguiente paso político apunta a Brasil. El Papa abrió su agenda pública al ex presidente de Brasil. El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva viajará la semana próxima a Roma para una audiencia con Franscisco, según lo confirmó hoy un portavoz del líder del Partido de los Trabajdores (PT).
Después de haber estado preso 580 días, el expresidente de Brasil fue puesto en libertad el viernes 8 de noviembre de 2019. Lula había sido encarcelado en abril de 2018.
Interrogatorio pendiente
El vocero de Lula dijo a Télam que el viaje quedó asegurado después de que la defensa legal del ex mandatario lograra la postergación de un interrogatorio judicial previsto para el 13 de febrero en un causa por supuestos delitos de corrupción.
Añadió que se hicieron consultas al sistema judicial que concentra las notificaciones de sentencias o procesamientos que pesan sobre Lula y la respuesta fue que no existen restricciones para salir del país, un derecho que no le ha sido negado por ningún juez o tribunal.
Lula envió la solicitud de postergación al juez federal de Brasilia Vallisney de Oliveira, quien iba a interrogarlo el 13 de febrero. Para esa fecha el ex mandatario es esperado en la Santa Sede, donde tiene prevista una audiencia con el papa Francisco.
Fue condenado en tercera instancia a 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
La otra pena que pesa sobre Lula es de 12 años y 11 meses de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia.
El juez de Oliveira pretende interrogarlo ahora por un presunto delito relacionado con la promulgación en 2009 de una prórroga de los incentivos fiscales para los fabricantes de coches a cambio de supuestos sobornos.
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