18 Enero 2020
El gobierno de coalición progresista de España tomó ayer las primeras medidas para frenar el “pin parental”, un controvertido mecanismo que pretende que los padres puedan controlar contenidos educativos, que impuso el partido ultraderechista Vox a sus socios conservadores y liberales en las regiones de Murcia, Madrid y Andalucía.
La puesta en marcha de la medida impulsada por Vox supondría reconocer a los padres el derecho de vetar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres sobre diversidad sexual, o igualdad, lo que socava las políticas públicas en defensa de la diversidad LGTBI, la lucha contra la homofobia o violencia machista.
El ascendente partido de extrema derecha español se refiere a estos valores como “ideología de género” y encuadra el “pin parental” como una medida de defensa de la “libertad” frente al “adoctrinamiento” de la izquierda.
Este argumento lo suscribió también el conservador Partido Popular de Pablo Casado y el liberal Ciudadanos, quienes necesitan el apoyo de Vox para gobernar tanto en Murcia como en Madrid.
Por el contrario, el gobierno formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos sostiene que la iniciativa de Vox intenta establecer una especie de “objeción de conciencia encubierta” contra contenidos curriculares y vulnera la propia legislación española y los derechos humanos.
“Seremos firmes en defensa de los derechos de los ciudadanos, y especialmente de los menores”, aseguró ayer la ministra de Educación española, Isabel Celáa.
El Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez aprobó en un primer paso un requerimiento que insta al gobierno regional de Murcia (el primero en implementarlo) a retirar el “pin parental” y advierte que si no lo hace avanzará por la vía judicial.
“Estamos hablando de currículum básico, de actividades complementarias que determinan los centros y que forman parte tronco educativo, vulnera el derecho de la persona a ser educada, el derecho fundamental de la constitución”, remarcó la ministra.
La iniciativa de Vox también “supone una ruptura del pacto de Estado sobre la violencia de género, que habla de reforzar y ampliar la educación afectivosexual, y es un elemento claro de censura y machismo”, cuestionó Irene Montero, la flamante ministra de Igualdad, del partido Unidas Podemos.
“Para este Gobierno, la educación en valores igualitarios, la educación afectivosexual, es uno de los pilares de la democracia y la mejor forma de seguridad ciudadana”, zanjó Montero. (Télam)
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