Advierten que en otras provincias la “desfederalización” generó mayores gastos y poco impacto

“Tengo una posición escéptica con respecto a este tipo de normas que se probaron en otras provincias”, opinó esta mañana en Buen Día el fiscal federal N°2 de Tucumán, Pablo Camuña. Se refirió al proyecto que aprobará mañana la Legislatura para desfederalizar los casos de narcomenudeo.       

Añadió que la Procuraduría General no tiene una posición tomada, aunque la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) está a favor de esta iniciativa, que ya se aplica en otras provincias. 

Camuña afirmó que duda de la eficacia de este tipo de medidas, teniendo en cuenta las experiencias que se dieron en otros distritos como Córdoba o Salta. “Si hay una decisión política de ir en ese sentido, está bien en tanto se consideren algunas cuestiones y se puedan anticipar. La aplicación  en otras jurisdicciones generó varios problemas bastante significativo. Se termina aplicando una política que genera mayores gastos y menor impacto en la realidad de la comunidad”, explicó.

Enumeró los inconvenientes que se registraron e identificó tres principales. En primer lugar, las “zonas grises gigantescas”. “Hay una diferencia entre una organización narcocriminal mediana o grande que opera internacionalmente y un dealer barrial. En el medio de esos extremos hay una cantidad de casos que no se pueden clasificar inicialmente ¿Quién determinará qué es narcomenudeo? Se necesitaría un un sistema muy reglamentado que coordine. De otra manera, perderemos tiempo en cuestiones de competencia. Es un riesgo que aún hoy tenemos, imagínense con dos fueros”.

Otro punto que subrayó fue la persecución penal a los consumidores. “Se dio en las instancias provinciales que se persigue durante los primeros años al que consume y la tenencia de cantidades mínimas. Se produce una superpoblación carcelaria de consumidores o de personas de bajos recursos que cometen delitos de menor cuantía relacionados con estupefacientes. Si lo que se quiere abordar es el consumo de estupefacientes y la violencia asociada, la justicia penal tiene un impacto mínimo sobre eso. La mirada meramente punitivista, que apunta a la persecución y condena, tiene bajo efecto en el consumo de la población”, detalló.

Por último, aseguró que se generará una necesidad de infraestructura. Precisó que en la Justicia Federal cuentan con 300 empleados en dos edificios para seguir con este tipo de causas desde la denuncia hasta los juicios orales.  

“Si el problema tiene que ver con cómo funciona el fuero federal, en los últimos año se desarticularon 12 organizaciones de narcocriminalidad organizada. Según el Ministerio de  de Seguridad de la Nación estamos en cuarto lugar de cantidad de ‘quioscos’ barriales de venta de drogas que se desmontaron y  hay 150 condenados por estos delitos en cuatro años. Este  sería el piso si uno quiere mejorar la situación”, consideró.