Trabados con el arrebato

Cuando Nadia Chumba fue atacada por un motoarrebatador, que la arrastró por media cuadra para robarte el teléfono en Córdoba al 500, se propuso hacer público el caso para que cambien las cosas. “Quiero conocer la cara del arrebatador. Que reciba la represalia por lo que hizo”, dijo. Cuatro meses después, relató de nuevo su historia en el programa “Panorama Tucumano” del miércoles pasado. “No se hizo nada”, concluyó.

La historia de Nadia ejemplifica el derrotero de los padecimientos de las víctimas de este tipo de delito callejero, el que más inquieta a la población. Su ataque ocurrió en pleno microcentro, lleno de cámaras de vigilancia y gran número de policías de calle. Incluso hubo una agente que la asistió inmediatamente después del violento ataque.

Sin registro, nada concreto

El comisario de la seccional 1ª le dijo que esa zona no figuraba en los mapas del delito porque no se reciben denuncias de ahí. El mismo fiscal Diego López Ávila había dicho en ese entonces que los ataques de motochorros eran más frecuentes fuera del microcentro. “Por eso quise hacer la denuncia”, explica Nadia. “Me llamaron del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un programa de asistencia a la víctima. Estuvieron un abogado y una secretaria de la Fiscalía de Robos y Hurtos, y cuando llegué para hablar de lo que me había pasado apareció el comisario, con cámaras y periodistas, y la verdad es que sentí que querían usar mi caso para quedar bien ellos. Me llamaron durante dos semanas para decir ‘ya pedimos las cámaras’ y no hubo nada concreto, en realidad. Jamás pude ver la filmación con el rostro del ladrón. Tampoco pidieron las filmaciones de los negocios de esa cuadra”, relató.

Añadió que ella avisó a los especialistas del área informática de la Policía que quien le había robado el teléfono lo estaba usando. “Le mandé la captura de pantalla a la policía. Nada”.

Esta historia de frustración ocurre con un caso de delito menor pero muy violento, que causa a sus víctimas, cuando no heridas, una tremenda conmoción y pánico de salir a la calle, y que puede ocurrir en cualquier parte, tal como se puede ver en los testimonios brindados en el programa de LA GACETA.

Además, sobre el arrebato no hay datos claros, excepto los escuetos informes aportados por el Ministerio de Seguridad a la Comisión de Emergencia en seguridad de la Legislatura en abril pasado. ¿Cuántos hay por día? ¿Dónde ocurren? Nadie da suficientes precisiones que permitan hacerse una idea. Es que la cifra negra es altísima, porque muy poca gente hace la denuncia.

Daniel Suárez, el jefe del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), dice que “tratan” de reducir el delito “considerablemente” y que los equipos de esta división motorizada –la tercera del mismo tipo creada en los últimos 15 años- “están capacitados para prevenir”. Es, ciertamente, un área montada especialmente para enfrentar el principal problema del delito callejero, lo cual es una respuesta a la angustia que este genera en la sociedad. Pero las explicaciones son vagas: “No está creciendo la cantidad de arrebatos, sino disminuyéndose”, explica Jorge Dib, jefe de la Dirección de Investigaciones, y lo justifica en que tratan de neutralizar la reventa de los objetos en el mercado negro, “entonces se disminuye considerablemente el accionar delictivo”, dice. Poco serio.

El fiscal López Ávila, en cambio, dio a entender que hay una traba tremenda en el sistema frente a este delito, que se califica como robo y tiene una pena menor. Aunque haya una norma para que se les dicte prisión preventiva a los arrebatadores capturados in fraganti, al poco tiempo estarán en la calle porque la pena es de entre un mes y seis años. Nada. No es una novedad esto. Se sabe desde hace mucho tiempo, cuando el arrebato comenzó a ser una plaga en las calles (desde hace 15 años al menos) y llegó a los índices de hoy, cuando la provincia y el país exhiben un historial de frustraciones legales y fracasos totales en cuanto a prevención y en cuanto a resolución de los casos.

La historia de Nadia Chumba es una muestra. “Ni siquiera me ayudaron –como me prometieron- a tramitar el documento para ir a votar. Una queda con miedo, con psicosis”. dice, y cuenta que dejó atrás la esperanza de que se resuelva algo de ese ataque. “Ya no quiero renegar con la Justicia que tenemos”, concluye.

Según se sabe, las autoridades de Seguridad quieren preparar un Sistema Unico de Información Criminal para centralizar y analizar los datos, incluyendo indicadores de eficacia. Pero se trata de un proyecto que quizás esté listo en septiembre y aún se ignora cómo se tendrán índices confiables y verídicos para medir la dimensión delictiva.

Sistema que expulsa a las víctimas

El sistema de denuncias sigue dependiendo de las comisarías, que envían de manera caótica los partes policiales en papel o que los distribuyen –discrecionalmente- por redes de WhatsApp. El Ministerio Fiscal ha montado desde el año pasado mesas de denuncias pero estas tienen horarios restringidos de recepción y esto obliga a la gente a trasladarse a trubunales para contar sus casos. El sistema sigue siendo expulsor de las víctimas de delito, tanto de parte de la Policía como de parte de la Justicia. Y esto es grave en los casos de arrebato, que se denuncian muy poco y se sufren mucho.

Los antecedentes de la tarea policial muestran que se sigue aplicando las mismas estrategias para enfrentar los fenómenos que han ido creciendo. Basta ver lo sucedido en Yerba Buena: hace casi un año, en octubre, la “ciudad jardín” quedó conmocionada por la muerte del adolescente Valentín Villegas, asesinado por un motoarrebatador. Se dijo que se iba a aumentar en 50 agentes la dotación de policía de la zona, hubo reuniones con vecinos y se anunció que se iban a incorporar 700 vigías a tareas policiales en la provincia.

No ocurrió otro crimen pero los ataques de arrebatadores se van incrementando, esta vez en la avenida Solano Vera. Ahora el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, denuncia que los 50 policías extras fueron retirados en enero. Por cierto, tampoco la Guardia Urbana municipal de Yerba Buena se ha duplicado, como se prometió, y su horario de acción es de día, cuando gran parte de los robos en la Solano Vera ocurren de noche. Ahora, después de las denuncias públicas, hay bicipolicías en la zona y los comisarios conversan con los vecinos para trazar un mapa del delito.

El gran problema de la Policía no es la Policía, que arrastra desde hace décadas la misma manera de trabajar, sino el poder político, que confunde verticalismo militarizado con eficacia, y operativos y detenciones a mansalva de personajes (que después son liberados) con prevención.

La Policía y la Justicia no le encuentran el nudo a este asunto, y no lo estudian en su dimensión, enfrascados en sus propias estrategias y justificándose en sus carencias. Así ocurrió en casos como el de Nadia Chumba: cero prevención, cero investigación, cero resolución. La cuestión debería estar discutiéndose sin pausa en los más altos niveles, incluyendo la Comisión de Emergencia en Seguridad, en el intento de responder a una pregunta básica: ¿si lo que hacemos no tiene resultados, cómo se cambia esto?