Inquieta la situación del sistema carcelario

La sucesión de noticias sobre irregularidades delictivas cometidas contra presos en el sistema carcelario de la provincia ha llegado a niveles inquietantes, a tal punto que está a consideración de la Corte Suprema de Justicia un pedido de tratar la denuncia por abusos a dos presidiarios que denunciaron que se negaron a vender drogas que les habrían dado guardia cárceles. Este asunto, que involucra tanto a la Justicia local como a la federal, compromete tanto a las autoridades penitenciarias como de Seguridad, así como a las judiciales, puesto que el juez de Ejecución de Sentencia ha sido mencionado en las denuncias. El sistema carcelario tiene mala fama. De por sí, el trabajo con las personas detenidas o encerradas por delitos es complicado y requiere no sólo de gente idónea y capacitada, sino libre de las presiones y las tensiones que genera el ambiente carcelario.

Mucho de esto se ha visto en los últimos cuatro años en un sistema que entró en colapso a raíz de la cantidad desmesurada de personas detenidas: unos 1.300 presos en las unidades penitenciarias, y otros 800 detenidos en comisarías. Esta superpoblación dio lugar a un habeas corpus de dos fiscales por las condiciones deplorables y el hacinamiento de los detenidos en las seccionales, que ha derivado en reuniones y reclamos entre la Justicia y el Gobierno, que se acallaron un tanto cuando Institutos Penales erigió un módulo para alojar a 200 internos. Pero con frecuencia los conflictos por hacinamiento vuelven a aflorar. El problema no ha sido solucionado, ni mucho menos. Hace tres años estalló el escándalo por la muerte de un preso que había denunciado que guardia cárceles querían obligarlo a vender drogas. Tras el asesinato, quedaron cuestionadas la tarea del juez de Ejecución de Sentencia y su personal como la de los funcionarios de Institutos Penales. Ahora -en las últimas semanas- ha vuelto a denunciarse que hay guardias que pretenden obligar a reos a vender drogas, y que incluso han llegado a torturas y abusos -un preso denunció que fue abusado por otro preso- y en medio de este escándalo se hizo pública la denuncia de una jueza contra la máxima autoridad de Institutos Penales a causa del ingreso de pastillas psicotrópicas al penal de Concepción. Esta funcionaria renunció hace pocos días. Por otra parte, desde la Nación se asegurarían medidas de protección para la jueza, por presuntas amenazas recibidas.

Es decir que la Corte Suprema tiene en sus manos un problema complejo, que ha trascendido el territorio. Pero no se trata de que se resuelvan estas irregularidades, sino de ver el contexto complejo que ha llevado a esta situación, que es responsabilidad también de las autoridades de Seguridad. ¿Los jueces y funcionarios judiciales de quienes dependen procesados y condenados visitan los presidios para conocer las condiciones de convivencia? ¿Se tiene en cuenta el problema de la drogadicción en los penales, vinculada con el tráfico de estupefacientes y pastillas? Se dice que casi el 80% de los detenidos tiene problemas de adicción y no reciben tratamiento intensivo. Por cierto, lo que denuncian los presos, hoy, excede lo que podría llamarse “tráfico familiar” y se vincula más con algún tipo de organización dedicada a este negocio ilícito. No se trata de esperar que los fiscales que recibieron las denuncias desarrollen sus investigaciones. Las autoridades de Seguridad y las judiciales deberían coordinar acciones para resolver estos problemas y también para aceitar el manejo de las instituciones carcelarias que parecen abandonadas a su suerte.