21 Diciembre 2018
“LA JEFA”. Según el juez, la ex presidenta era la depositaria de las coimas. reuters
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita y por 27 hechos de cohecho en la causa de “los cuadernos de la corrupción”.
La sala I de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex subsecretario de del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita.
La Cámara validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a las fotocopias de los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de asociación ilícita.
“Los ocho cuadernos escritos por Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en su fallo.
Según la Cámara Federal, Centeno “fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista” ya que “lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes”.
Sobre los destinos del dinero, los magistrados destacaron que, de acuerdo con el relato de Centeno, fue en una primera etapa a “los domicilios del matrimonio presidencial” y en “el segundo período de narración” a la vivienda de Baratta y a la Quinta de Olivos.
Falta de mérito
A la mayoría de los empresarios imputados, la Cámara porteña les dictó la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita, y los procesó por cohecho (coimas), delito más grave que el de dádivas. En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el ex director de Lecsa, Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y los empresarios Aldo Roggio, y el CEO de Techint, Luis Betnaza. Los tres empresarios que quedaron dentro de la asociación ilícita fueron el financista Ernesto Clarens (organizador), el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner (organizador), y Gerardo Ferreyra.
Clarens y Wagner permanecerán en libertad tras haberse acogido al régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreyra seguirá en prisión. El Tribunal de Apelaciones confirmó además los procesamientos con prisión preventiva de los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Oscar Thomas, como miembros de asociación ilícita.
Excarcelados
La Cámara Federal revocó, además, la falta de mérito con la que habían sido beneficiados los empresarios Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta y Francisco Valenti, y los procesó como partícipes necesarios de cohecho, al hacer lugar a una apelación al respecto de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.
Entre los beneficiados por el fallo aparecen el ex juez Norberto Oyarbide y los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli, Javier Fernández y Jorge Mayoral, cuyos procesamientos fueron revocados y quedaron con falta de mérito.
En los casos de Oyarbide y Fernández, los jueces Bruglia y Bertuzzi entendieron que no fueron parte del supuesto sistema de recaudación de fondos ilegales pero podrían haber recibido dinero de la asociación ilícita, por lo que ordenaron extraer testimonios y enviarlos a sorteo para ser investigados.
El Tribunal ordenó liberar a ocho detenidos: a los ex funcionarios Hernán Gómez, Fabián García Rawson, Walter Fagyas y Hernán del Río y a los empresarios Raúl Vertúa, Carlos Mundin, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, estos dos últimos con prisión domiciliaria hasta el momento.
Cabe recordar que el PJ insiste en que no tratará en el Congreso el desafuero de Cristina hasta que no haya sentencia firme. (Télam)
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