Invisiblemente indignado

Todavía faltan un par de curvas antes de la recta hacia el Presupuesto General de la Nación para 2019. Pero de acuerdo con las trayectorias adoptadas durante esta semana, lo cierto es que el Gobierno tucumano se encamina a protagonizar un choque frontal con la Casa Rosada.

El gobernador Juan Manzur vino el miércoles a LA GACETA, para la entrevista con Panorama Tucumano, invisiblemente indignado. Sin perder la sempiterna sonrisa, fue particularmente enfático en el tono y, sobre todo, en el mensaje. Esta vez fue más allá del discurso que venía sosteniendo, referido a que no estaba dispuesto a resignar recursos y que la Provincia no tenía que hacer ningún ajuste porque no tiene las cuentas en rojo. Antenoche no le habló al Gobierno nacional sino a los tucumanos y les dijo que no está oponiéndose a que lleguen más fondos para su gestión sino que está negándose a que les quiten dinero a los tucumanos.

No es semántica: es el ultimátum que precede una declaración de guerra política.

Claro que si se busca la verdad en lo que se dice -enseña el psicoanálisis-, no hay que olvidar que siempre se dice a medias.

La cuenta principal que hace el Gobierno para sostener su argumento es que Tucumán, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, va a perder unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este año y el próximo.

La mitad del tijeretazo afecta al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de 5.000 millones de pesos.

El resto corta en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.100 millones de dólares que exporta Tucumán, más de $ 4.000 millones de pesos. Es, sostiene el oficialismo, plata que tampoco ingresará al territorio provincial.

A cambio del recorte, aseveran en la Casa de Gobierno, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral es la recaudación. Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación…

El segundo daño colateral (por aquello de que lo que se dice siempre está incompleto) refiere específicamente a los recursos de esta gestión. No dejan de ser dineros de los tucumanos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario tucumano, la cláusula gatillo de los salarios estatales. La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% debe afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se pagará el desfase, en una planilla salarial de $ 3.500 millones mensuales. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Por caso, la ampliación presupuestaria que solicita el Ejecutivo (y dentro de la cual el gasto salarial es preponderante) es de 9.000 millones de pesos.

El gobernador sonrientemente enojado viene de reunirse con gente enojada. En Buenos Aires, luego del encuentro de los gobernadores con los miembros del Gabinete presidencial, mantuvo un encuentro con los principales referentes de la CGT. Desde Antonio Caló hasta Juan Carlos Schmid, pasando por Héctor Daer. Desde la cabecera, que compartió con el santiagueño Gerardo Zamora, manifestó su hartazgo con las “maniobras del Gobierno” nacional, que discursivamente declara que quita fondos por un lado pero que los compensa por otro, cuando en realidad -subrayó- no es así. “Yo no soy economista, sé de Salud. Pero también soy turco: si me van a sacar para compensar, que no me saquen”, soltó -foto-. Al igual que él, los gremialistas sonrieron largamente. Y después se dedicaron a despotricar contra Macri y, de paso, contra los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta).

Manzur destila el enojo mediante la ironía, en todo caso, porque su socio político se encarga de comunicarla sin humoradas. Osvaldo Jaldo, en su “bajada de línea” en la Legislatura, y en Casa de Gobierno cuando queda a cargo del Ejecutivo, ubica el debate en el histórico eje entre unitarismo y federalismo. Jaldo, sintéticamente, pauta que es el centralismo porteño el que se quedará con los dineros que se repartían a las provincias mediante el Fondo Soja (pese a que no siembran soja en la Capital Federal, remarca) y mediante el subsidio del transporte, pese a que buena parte de él se sostiene con impuestos al gasoil (el combustible del campo), el cual no será eliminado. Otro tanto pregonó el miércoles respecto de la supresión de las tarifas sociales, cuando visitó el comedor infantil de la parroquia San Pedro Nolasco, en la capital. Allí reparten ahora 180 porciones diarias: el doble que hace sólo tres meses.

Cuando le preguntan cuánto inciden los errores del kirchnerismo en la crisis económica del macrismo, Manzur contestó frente a las cámaras de LA GACETA que todo Gobierno comete errores. Jaldo, en las reuniones con legisladores, funcionarios y dirigentes, dispara que el macrismo recibió problemas (pobreza, recesión, inflación), pero los empeoró a todos.

En todo caso, la diplomacia de Manzur y la beligerancia de Jaldo confluyen en una expectativa que el mandatario trajo de Buenos Aires: la suerte del Fondo Soja no está echada. El DNU que lo suprime no tiene asegurada su aprobación en la Cámara de Diputados. Buena parte de los contactos de Manzur en el puerto tuvieron que ver con esa pulseada. El “poroteo” de votos cuenta a diputados del PJ, del kirchnerismo, unos cuantos del Peronismo Federal y a casi todos los del Frente Renovador. Al aire, en el programa del diario que transmite Canal 10, Manzur reconoció que se reunió dos veces durante esta semana con Massa. “Con Sergio”, dijo el mandatario, para más complicidades.

De modo que Manzur fue a Buenos Aires, literalmente, a tomarse la foto que pidió Presidencia de la Nación en nombre de dar una imagen de gobernabilidad. Pero no firmó ningún acta acuerdo, ni dio un compromiso de palabra siquiera, respecto del Presupuesto 2019. Si debiera votárselo mañana, los diputados peronistas por Tucumán los votarían en contra. A eso apunta el insistente mensaje manzurista: ¿cómo les va a pedir a los parlamentarios nacionales por la provincia que voten para que lleguen 10.000 millones de pesos menos a la Provincia?

En ese punto, la indignación del Gobierno tucumano con la gestión de Mauricio Macri sólo es la mitad del encono. La otra mitad del enojo tiene otro nombre: José Alperovich. En rigor, el margen de negociación de Manzur con la Nación enflaquece porque el tucumano cuenta con pocos “porotos” que aportar en las votaciones en el Congreso. En la Cámara Baja, de los cinco peronistas tucumanos dos son kirchneristas (Marcelo Santillán y Mirta Alicia Soraire), así que corren por su propio andarivel. Y de los otros tres, cuenta con Gladys Medina y con Pablo Yedlin, pero no siempre con José Fernando Orellana.

En el Senado la situación es infinitamente peor. Manzur es, acaso, el único gobernador del país que hoy no cuenta ni con un senador. La radical Silvia Elías de Pérez milita en Cambiemos y José Alperovich y Beatriz Mirkin militan en el alperovichismo.

Pero la herencia hipotecada del mandatario anterior es mucho más que bancas ocupadas por representantes ajenos a su sucesor (consecuencia derivada, también, de que el gobernador ni siquiera es el oficialismo del PJ tucumano). El legado incluye el largo silencio del alperovichismo (del que Manzur fue dos veces vicegobernador) durante el kirchnerismo (del que Manzur fue ministro de Salud). Y durante ese período, el Gobierno nacional no llamaba a las provincias para pedirles que acompañaran un recorte de fondos: les retenía coparticipación de prepo, sin que mediara siquiera un instrumento público que permitiese tal cosa.

Cuando el manzurismo denuncia que la Casa Rosada quiere ahora, para bajar el déficit público nacional, que las provincias se vuelvan deficitarias por el recorte de fondos, lo que también está diciendo es que, por primera vez después del largo kirchnerismo, las provincias tienen superávit en sus cuentas. ¿La razón? La coparticipación está ahora limpia de afectaciones “sucias”, como la retención del 15% que venía desde el menemismo para garantizar el pago de los aportes estatales a las AFJP. Néstor Kirchner reestatizó la jubilación y desde 2006 dejó de haber un pacto fiscal que autorizase a la Nación a mantener esa quita. Pero Kirchner siguió quedándose con uno de cada seis pesos que debía remitir a las provincias.

Santa Fe, Córdoba y San Luis accionaron contra esa poda ante la Corte Suprema de la Nación, que falló una semana antes de que asumiera Macri. Desde entonces, además de coparticipación sin afectación, la Nación también devuelve a las provincias el dinero mal retenido por los Kirchner.

Alperovich jamás reclamó esa plata. Cuando LA GACETA le preguntó por qué, contestó que la Nación, en realidad, mimaba a Tucumán con fondos “extra” a la coparticipación federal. Sin embargo, esa idea se estrelló contra la realidad en 2010. El kirchnerismo había acumulado 10.000 millones de pesos en ATN, que podía repartir de manera discrecional porque su única pauta es atender “emergencias y desequilibrios financieros”. Era la oportunidad para mimar a Tucumán, porque no había que sujetarse a la coparticipación. Si los Aportes del Tesoro Nacional hubieran sido coparticipables, le hubieran correspondido a Tucumán 480 millones de pesos, pero no era el caso: el kirchnerismo podía darle cuanto quisiera a la Provincia. Sin embargo, sólo le dio 480 millones de pesos. Con el mismo criterio de coparticipación, a Buenos Aires le habrían tocado 2.000 millones de pesos, pero les otorgaron 4.000 millones de pesos.

Frente a esa realidad, el ex gobernador contestó que el trato de “provincia privilegiada” llegaba con obras públicas. El caso paradigmático es la nueva ruta 38: el tramo Concepción-Aguilares costó 17 millones de pesos el kilómetro para una cinta asfáltica de 7,5 metros de ancho (un carril de ida y otro de vuelta), debidamente pintada. En el mismo momento, Salta prolongaba su autopista de circunvalación a la capital: dos carriles de ida, dos de vuelta, más iluminación, más carterlería, más banquinas pavimentadas. Todo eso, por sólo $ 10 millones el kilómetro.

Ni hablar del tramo Aguilares-Alberdi: a dos años de su inauguración, debió ser cerrado durante casi un semestre porque sus tres puentes presentaban fallas... Al final, de los mimos para los tucumanos lo más claro que pudo verse fue al tucumano José López llevando, amorosamente, 9 millones de dólares en bolsos cariñosos para que les dieran contención afectiva en un convento.

El reciente pasado alperovichista confronta el reclamo manzurista. Pero no desde la chicana que plantea “antes, cuando estaba el peronismo, no se quejaban; y ahora, cuando gobierna otro signo que les dio más dinero en el inicio, reclaman porque habrá ajuste”.

En realidad, la confrontación es histórica. Si la Provincia hubiera recibido lo que le correspondía por ley durante el kirchnerismo, que gobernó durante la mayor bonanza capitalista occidental en medio siglo, el ajuste que hoy quiere imponer la Nación seguiría siendo injusto, pero sus consecuencias seguramente serían, estructuralmente, algo menos tremendas que lo que se avizora.