01 Septiembre 2018
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a recibir una mala noticia desde los tribunales federales. Esta vez, con el voto de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, la Sala II de la Cámara federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a la senadora nacional en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En este expediente, el empresario patagónico Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares.
La decisión, según reprodujo Clarín.com, se tomó después de una serie de pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal federal Guillermo Marijuan. Tras el rechazo a realizar el llamado a indagatoria por parte del juez Casanello -había considerado que no había pruebas suficientes para realizar la citación-, la Sala II por voto mayoritario (con la disidencia del juez Leopoldo Bruglia) ordenó ayer que se la convoque a declarar.
Una de las premisas que fundan la orden de la Sala II responde a la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Báez y a Cristina. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex Presidenta fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones al Grupo Báez. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.
Además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio e la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.
“En todos los casos -marcados por grupos organizados para delinquir a través de defraudaciones al Estado, cohecho y lavado de activos- hay dos nombres que se repiten: Lázaro Báez y Cristina Fernández”, señaló en su voto Irurzún. Recordó que según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (que investigaron la defraudación en obra pública y las causas por lavado de dinero), “ello se explica por la relación de “prestanombre” del primero con la segunda, porque dado el grado de exposición de quien entonces detentaba la primera magistratura del país el dinero o los bienes no podían quedar registrados a su nombre”.
De estas maniobras, resaltó Irurzun, “habría determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación”, en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras ganaba obra pública nacional. Por ello, según el camarista “la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”.
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