La realidad arde y la burocracia lo ignora

Está en debate el informe que el Ministerio de Seguridad entregó, tarde y mal, a los legisladores. Por esa tardanza, lo que se discute es la falta de respuestas a las preguntas que habían hecho los parlamentarios -fundamentalmente de la oposición- en virtud del apremio que significa una realidad de violencia que parece estallar paso a paso. El ministro Claudio Maley, que en lo que hace a comunicaciones no parece encontrar el camino adecuado, respondió por escrito y en forma personal a cada legislador, con lo cual se generó un problema burocrático: hubo que unificar todas las respuestas por mesa de entradas de la Comisión de Seguimiento de la ley de Emergencia en Seguridad. Todo eso dio lugar a que varios se retiraran de la reunión, porque no podían debatir un extenso informe de 278 páginas que no habían leído y porque no encontraban forma práctica de compartir las respuestas a sus preguntas. Un sinsentido de todas las partes, propiciado por la conducta del funcionario.

Ahí quedó el informe. ¿Sirve o no? “Aburrido”, dijeron unos. “No lo explicó”, dijeron otros. Todos opositores. Los oficialistas, que siguen la obediencia debida (no se entiende por qué), se quedaron en silencio. Pero alguien lo tiene que leer porque ahí está expuesto, precisamente, lo que se hace (y no se hace) en política de seguridad. De lo que se hace se podrá entender la percepción que tiene el Gobierno de su política (y los opositores podrán ver por qué se persiste en ciertas cosas). Y de lo que no se hace se podrá, acaso, sacar conclusiones sobre la crisis de seguridad que azota a la provincia.

Fracaso contra el narcomenudeo

El informe es, en algunos tramos, aburrido. Pero también tiene datos inquietantes. Se reconoce la existencia de organizaciones familiares que se dedican al narcotráfico en los barrios vulnerables. Problema instalado -dice- y “con gran cantidad de jóvenes adictos y, por lo tanto, aumento de la violencia”. Plantea un fracaso para combatirlo porque, dice, la Justicia Federal no está en condiciones de hacerle frente por falta de infraestructura. Más solapadamente, reconoce que la Provincia también padece esa falta de infraestructura y por eso no se ha aplicado la ley provincial contra el narcomenudeo. Pide “destrabar” la desfederalización de la lucha antinarco. Gran debate para Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que llevan una mora de tres años. Claro, el informe tiene una mirada acrítica sobre la Digedrop (más bien la elogia; es un autoelogio) mientras menciona el aumento sustancial de secuestro de drogas.

También se da cuenta del área Transporte (con accidentes, número de vehículos en la provincia y comparación acrítica con otras provincias del NOA) y plantea las dificultades operativas por falta de personal (pide inspectores para Transporte y agentes para Policía Vial, y vehículos). También es acrítico: atribuye responsabilidad en accidentes a la falta de obras públicas en rutas nacionales. Resulta apremiante -dice- la creación de una patrulla motorizada de seguridad vial, con 15 motos de alta cilindrada (no se habla de dónde saldrá el presupuesto en una Policía en la que todo se va en sueldos). Se menciona el Servicio Penitenciario: quedó expuesto que las cárceles están desbordadas (hay 1.328 internos y entran 1.255, por lo tanto las comisarías también están desbordadas); se habla de un proyecto para montar una alcaldía en el ex hospital Militar; el proyecto duerme el sueño de los justos en la Nación. Otro, para erigir un establecimiento carcelario en Benjamín Paz (en algún futuro). Se habla de pulseras electrónicas, de equipamiento, de falta de chalecos antibalas; se habla del Patronato de Liberados; de la sección Análisis Delictual, que ya está haciendo un mapa del delito en Capital, Yerba Buena y Marti Coll. Nuevamente, el informe es acrítico: dice que los resultados son “satisfactorios porque optimizan la distribución de recursos”. Y plantea hacer un mapa para toda la provincia. En eso trabaja “un pasante de la Universidad Tecnológica Nacional”, dice, lo cual evidencia las carencias presupuestarias con que se trabaja. Se dan datos de incremento de denuncias de delitos; se habla de la sección Operaciones Policiales y su proyecto “Barrios seguros” para “La Bombilla”, “El Sifón” y Matadero (se sumarían a las tareas de policía comunitaria que hay en los barrios Costanera, Alejandro Heredia, ATE y Aguas Corrientes. Nuevamente, el informe acrítico no indica qué resultados hubo en los ocho meses que lleva funcionando el programa.

Se cuenta cuántos vehículos posee la fuerza (no se dice cómo y por qué se rompieron los que no están operativos); cuántas armas hay; cómo funciona Antecedentes Penales (se entregan 280 certificados de buena condicta por día); se hace relevamiento de la infraestructura en comisarías y se plantea montar una nueva, la 15ª, en el barrio Manantial Sur, que ya llega a las 2.500 personas. Hay un proyecto para denuncia digital interesante: todas las comisarías de la Capital tienen internet (excepto la 5ª), pero carecen de computadoras. Plantea comprar 232 PC de escritorio, más estabilizadores de tensión e impresoras. No dice de dónde saldrá la plata para esto... pero ya debería la Provincia estar debatiéndolo, porque, en teoría, permitiría estandarizar la recepción de informaciones y avanzar hacia una buena recopilación estadística. Y hacer mapas del delito. Y hacer diseños estratégicos. ¿O eso no es importante?

El resultado de la reunión ha sido frustrante. Un ministro poco afecto a las comunicaciones, que no parece decidido a hacer cambios sustanciales en una Policía que funciona de manera casi autónoma y que siempre ha sido reacia a las reformas, a menos que se trate de cambios que encajen en su modelo. Este se sustenta en las ideas de patrullaje en vehículos, reacción post delito (en eso trabaja el 911), idea de vigilancia constante (con cámaras filmadoras), más aumento constante de vehículos y de personal y operativos en sitios de conflicto. El policía actual atiende incidentes, está desbordado por ellos, pero no analiza situaciones para prevenir. Por eso mide su efectividad en la cantidad de detenciones y no alcanza a estudiar la razón por la cual hay cada vez más violencia, si cada vez se detiene más gente. Ayer circulaba en redes sociales policiales un informe crítico por el “tremendo descontrol en los barrios más alejados del centro, sobre todo provocado por la falta de normas de convivencia”. La pregunta es: ¿dónde está el análisis de la efectividad de las medidas que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad? ¿Maley es demasiado precavido o sólo actúa dentro de los límites que le imponen el gobernador, Juan Manzur, y el vice, Osvaldo Jaldo?

Sin conclusiones

El resto son convidados de piedra. La comisión de emergencia en seguridad, creada en 2016, no ha producido un informe propio sobre la tarea realizada en este tiempo -su vigencia ha sido prorrogada, aunque ya la abandonaron integrantes como el camarista federal Ricardo Sanjuán-. Tampoco se ha creado el grupo de trabajo de expertos para analizar lo que se ha hecho. El legislador Fernando Valdez (UCR) dice que la gente que integra la comisión (del PE, la Legislatura y la Justicia) no se da tiempo para dedicarse de lleno a producir políticas de reforma integrales. Las críticas (casi todas opositoras) se han hecho a título personal, incluso los proyectos y las pocas leyes aprobadas son a título personal, pero no hay conclusiones críticas de la Comisión en su conjunto.

Al cabo de dos años siguen pendientes los debates sobre el Código de Convivencia (”está para tratamiento”) y se esperan lentamente los informes cuatrimestrales del Ministerio, como el que hoy está generando rabietas, y que parece condenado a perderse en la lenta burocracia. Afuera, la realidad arde.