01 Julio 2018
EDUARDO ROBINSON | ECONOMISTA
Luego de un primer semestre con elevada volatilidad, con una devaluación del peso con respecto al dólar del 60%, con fuerte suba de la inflación que en la primer parte del año terminará acumulando alrededor del 12%, cuando las proyecciones de hace 180 días atrás, daban cuenta de una tasa anual del 15%, con un enfriamiento de la actividad económica que ya empezó a verificarse con el dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de abril, que muestra una caída del 1% con relación a igual mes del año pasado y un 3% con respecto de marzo pasado, con un saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos que registró entre enero y marzo del año en curso el mayor déficit para ese período, al llegar a 9.623 millones de dólares (-1,5% del PBI), el déficit aumentó 34% respecto de igual período del año pasado. En paralelo, durante el primer cuatrimestre, las tarifas de servicios públicos se incrementaron lo que fue un factor que alentó la inflación. En este contexto de debilidad de las variables macroeconómicas internas y de elevada incertidumbre en el contexto externo, el gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
¿Cuáles son los argumentos del gobierno para acordar con el FMI?, blindar a la economía de las turbulencias externas, sobre todo del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Durante el primer trimestre del año las proyecciones para la economía argentina eran bastante alentadoras. Se proyectaba una expansión del orden del 3% del PBI, un dólar a 23 pesos para fin de año, una inflación del 20%.
Pero, ¿qué pasó para que en pocas semanas hayan cambiado significativamente el contexto y las proyecciones? Hacia fines de abril se produjo un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, este hecho provocó la salida de capitales de la mayor parte de los países con mercados emergentes, lo que depreció las monedas en relación al dólar y cayeron los índices bursátiles, sin embargo, estos efectos fueron exacerbados en Argentina. La moneda no dejó de debilitarse con respecto al dólar, la suba fue casi exponencial pese a las agresivas intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario y a la fuerte suba en la tasa de interés de referencia de la política monetaria, que en pocos días pasó del 27,25% al 40%, con el fin de restar presión a la compra de dólares. ¿Por qué las turbulencias internacionales impactaron más en Argentina? Porque el perfil de la economía argentina continúa mostrando más vulnerabilidades en comparación con otros países.
El problema de fondo, sigue siendo el crónico déficit fiscal que tiene la economía. En este sentido, la actual gestión eligió un programa económico que básicamente consiste en disminuir gradualmente el desequilibrio en las cuentas públicas, financiándolo con endeudamiento externo e interno. Esto hace que el ingreso de dólares, tienda a elevar la exposición de riesgo de la economía a la suba de las tasas de interés internacionales, en otras palabras, al crecer la dependencia del financiamiento externo, si se encarece el crédito sube la fragilidad de la economía. Máxime, un país que tiene antecedentes muy frescos respecto de caer en cesación de pagos. Cuánto más caro se hace el costo de tomar deuda, más vulnerable se torna la situación fiscal de la economía. ¿Cuáles fueron las consecuencias del temblor financiero? Aceleración de la inflación, encarecimiento del crédito, desaceleración de la actividad económica, pérdida de poder adquisitivo del salario e incremento de la pobreza, entre otras.
Lo que se viene
La pregunta pertinente es, ¿qué se espera para el ya mentado segundo semestre? Marcada desaceleración de la actividad económica, inducida en gran medida por caída de la obra pública, inflación más alta en los meses que vienen por el efecto de la devaluación y suba del costo de materias primas y combustibles, debilidad del salario lo que reducirá el consumo e inestabilidad financiera. El dólar, si bien puede tener menos oscilaciones, dependerá de la evolución de las monedas de otros países y de que se reduzca o no la incertidumbre. Viene una desaceleración, con alta probabilidad que se convierta en recesión porque el gobierno es casi nada lo que puede hacer para implementar políticas contracíclicas. Esto es, en materia fiscal no puede incrementar el gasto ni reducir impuestos, dado que precisamente el acuerdo vigente con el FMI establece una aceleración para que se reduzca el desequilibrio, tampoco puede subir salarios del sector público ni hacer una política monetaria expansiva dada la elevada inflación y las presiones sobre el dólar.
En otras palabras, no puede incentivar la demanda agregada, esto es el consumo, ni la inversión pública, ni el gasto, y las exportaciones dependen del contexto externo, más allá del alivio relativo que puede tener el sector exportador por la devaluación. Que no se agudice la recesión dependerá de la oferta agregada, de las expectativas para la inversión de mejoras en la tecnología y en la productividad. El problema es que ahora la reducción del déficit fiscal es un compromiso externo, producto del crédito con el FMI. En un supuesto que el gobierno no logre reducir la brecha fiscal, puede haber observaciones por para del organismo internacional lo que puede complicar las perspectivas. Si a este cuadro se le suma que el rumbo hacia el equilibrio fiscal necesita de acuerdos políticos en la antesala de elecciones presidenciales, la dosis de incertidumbre puede incrementarse más. Por lo tanto, el destino de la macroeconomía de los meses que vienen estará sujeta a la recuperación de la credibilidad del sector privado para dinamizar la inversión.
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