27 Junio 2018
Gracias a un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Leonardo Violetto podrá eventualmente reingresar a la administración pública luego de haber sido echado por el Gobierno de José Alperovich en mayo de 2011 (se informa por separado). En la demanda, el abogado cesanteado indicó que había perdido su trabajo en la Fiscalía de Estado como consecuencia de la persecución a la que había sido sometido por su actuación en el pleito “Décima”, pero la Justicia convalidó la expulsión. Como consecuencia de ese juicio, en julio de 2010, el entonces fiscal de Instrucción en lo Penal Nº4, Carlos Sale, solicitó a Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3, que abriera una investigación jurisdiccional contra el entonces fiscal de Estado, Pedro Giúdice, y su adjunto, José Rubén Domínguez por presuntas irregularidades en un pago de $ 430.000 (U$S 107.000, según la cotización de la época). El denunciante y peronista disidente Oscar López indicó ayer que el requerimiento no prosperó.
Sale elevó la solicitud a Pisa a partir de una presentación penal interpuesta por los dirigentes opositores López y Enrique Romero. Paralelamente, el fiscal -Alperovich luego lo ascendió a fiscal de Cámara, previo concurso- inició actuaciones complementarias para indagar sobre la situación de la entonces directora judicial de la Fiscalía de Estado, Adriana Leonor Altuve de González. Según la crónica de LA GACETA, Sale había concluido que existían elementos para investigar la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, extorsión, exacciones ilegales, cohecho, falsificación ideológica de instrumento público, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario. López y Romero denunciaron que se había practicado un pago sin la autorización del gobernador Alperovich y sin que se diera intervención al Tribunal de Cuentas, según lo establece la Ley de Administración Financiera. En su momento, Giúdice negó las imputaciones.
Los denunciantes habían asegurado que el delito de coacción habría sido cometido en contra del entonces abogado apoderado de la Fiscalía de Estado, Leonardo Violetto, con el objetivo de conseguir, contra la voluntad del empleado y bajo amenaza de la pérdida del trabajo, que suscribiera un “convenio de dación de pago” en nombre del Gobierno. Precisamente, el fiscal Sale sugirió al juez Pisa que citara a declarar a Violetto, además de librar oficios a la Fiscalía de Estado, para que remitiera copias del mencionado expediente y del decreto del Poder Ejecutivo que establecía que el fiscal de Estado sólo podía autorizar pagos por hasta $ 28.000 sin autorización del gobernador.
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