Encubridores de Estado

11 Feb 2018

Esconder, ocultar, camuflar, tapar, velar, callar, celar, desfigurar, disfrazar, disimular, enmascarar, fingir, paliar, recatar, reservar, solapar, soterrar, silenciar, tapar. Todos sinónimos de encubrir

Detrás de la muerte de Paulina Lebbos, de los miles de engañados que quieren acceder a una casa del Instituto de la Vivienda o de la existencia efímera de algunos partidos políticos se advierten muchas de aquellas acciones. Un hilo conductor los instala en la misma línea y tiene a funcionarios del Estado, de altas e inferiores jerarquías, conjugando aquellos verbos, involucrados en irregularidades.

Cuando los delitos cometidos en la administración pública saltan a la luz se convierten en verdaderos dramas sociales y políticos. Por eso se ocultan, disimulan o disfrazan algunas conductas que siempre tienen beneficiarios y perjudicados directos; los encubridores por un lado y los que sufren daños irreparables en carne propia, por otro.

El Estado siempre aparece detrás como el responsable directo, a causa las debilidades propias de un sistema que facilita los deslices humanos. Carece aún de los anticuerpos para primero descubrir y luego expulsar a los que usufructúan de los talones de Aquiles que les ofrece la estructura administrativa estatal. Los controles son débiles -insuficientes e ineficientes- porque algunos de los responsables de hacer que las cosas marchen como es debido miran para otro lado, por interés, conveniencia o por favores recibidos.

Por este motivo, para algunos hombres devenidos en políticos el Estado es una oportunidad de negocios, ya sea para enriquecimiento propio, de familiares o de amigos y conocidos -huelgan los ejemplos, que terminan en juicios y en la cárcel-; y también en una ventanita para pequeñas corruptelas de funcionarios menores que tras un prolongado tiempo en la gestión pública se tientan con lo ajeno -huelgan los ejemplos, que terminan en sumarios o cesantías-.

El “eternizamiento” en los puestos administrativos y los sueños de ser “eternos” en el poder político conllevan peligros, y vienen con contraindicaciones -corrupción, principalmente-, pero no con el antídoto moral preciso para enfrentar las debilidades humanas. Eficientizar los controles y transparentar la gestión pública constituirían un par de condiciones necesarias; pero no suficientes.

Disfraz de impunidad

Paulina Lebbos fue asesinada hace 12 años, pero el juicio para encontrar a los culpables comenzó hace pocos días. Detrás de todos los acusados hay una trama de encubrimiento y de protección. A la historia le caben todos aquellos sinónimos. Mucho se hizo para ocultar pruebas y desviar la investigación. ¿Por qué?, ¿quiénes? El Estado detrás, porque los responsables de conducir los organismos e instituciones involucradas no actuaron debidamente, por omisión o complicidad. Accionaron para provecho propio o para beneficio ajeno.

Hoy hay ex funcionarios imputados en el proceso judicial. Mucho falta por saber sobre el trágico destino de la joven. Se debe desenmascarar aquello que se oculta tras un disfraz. Las preguntas son miles, inquietantes algunas, porque muchos aspectos conducen a sostener que hay algo que no se quiere que se sepa.

Es como una gran red de protección que puede abarcar al asesino de Paulina y a los encubridores del crimen, “protegidos” precisamente por los resquicios que deja de un sistema que les permitió obrar impunemente. Es un reto de honestidad hacer justicia, un desafío para quienes desde las distintas instituciones del Estado -desde los cargos que tienen ocupantes permanentes hasta de aquellos que tienen un paso temporal por la gestión-; deberán mostrar que pese a las debilidades que ofrece el sistema nadie quedará impune.

Gestores o funcionarios falsos

El Estado dijo no a través de Carolina Vargas Aignasse a los cientos de engañados por falsos gestores que les prometían el acceso a una vivienda del IPV. Les avisó que no tendrán prioridad a la hora de recibir una casa del Instituto, ya que hay otros tucumanos inscriptos a la espera de obtener el ansiado techo propio. Fue la respuesta universal, según un integrante del Ejecutivo a la hora de analizar la postura del Gobierno frente a la demanda de los cientos de estafados que pretenden que la Provincia les reconozca sus “derechos”.

Lo curioso es que entre los damnificados hay personas que se inscribieron correctamente en el IPV y que llevan esperando más de 15 años una respuesta favorable desde un organismo estatal. Aspecto que revela una verdad de la calle: que son más los que entienden que por derecha no se obtiene nada y que por izquierda los alcanzará la fortuna. Esta creencia generalizada de que nada se consigue honestamente es sostenida por la conducta de aquellos malos funcionarios del Estado que se aprovechan de sus cargos, y es la que favorece la aparición de los pícaros que se aprovechan de las necesidades de los desprevenidos. Y la que generó un mecanismo corrupto.

Por eso los gestores falsos, las ventanillas paralelas, las mafias internas; en fin, una corruptela que no sería posible si los controles -desde la honestidad de los “controladores”- actuaran correctamente. Al IPV, desde los negocios armados entre empleados y empresas constructoras o desde las avivadas para sacar dinero a los que ansían una vivienda, lo han convertido en una unidad de negocio, en un instrumento para que unos pocos obtengan dinero. Y si las mismas personas son las que se han mantenido mucho tiempo administrándolo, no cabe sorprenderse de que se hayan abierto “quioscos” florecientes.

Usaron la estructura del organismo y sus papeles, sino ¿cómo es posible que entre los engañados hubiera gente que estaba inscripta legalmente? Se puede pensar que alguien conocía esa lista, que se la entregó a una tercera persona para que hiciera el “negocio” y que había funcionarios con responsabilidades de adjudicación formando parte del entramado. Nadie puede hacerse el distraído -gil, vulgarmente dicho- y decir que no sabía qué pasaba en el IPV, ni sus autoridades, ni lo que estaban arriba de ellas. Y si se escudan en el popular “no sabía” es porque no hicieron nada en materia de controles para “saber”.

Es una manera de descuidar al Estado, de ser cómplices por omisión. Para qué acceder a la función pública desde la política si no se piensa que mejorando los servicios que brinda el Estado se está beneficiando a la comunidad; el fin último de la acción política: la comunidad organizada. O sea, más calidad institucional en definitiva.

En fin, si aquel sistema subsistía en 2018, era porque funcionaba, y si funcionaba era porque algunas viviendas seguramente se entregaron por este mecanismo de “izquierda” a no inscriptos. Si no tendríamos que pensar que todos son ingenuos, por no usar otro concepto menos elegante. Habría que ver si se puede conocer a todos los que en los últimos 14 años recibieron una vivienda y determinar si estaban inscriptos. Si alguno no lo estaba, bien se le podría preguntar cómo hizo para obtener su casa.

Por ahí, quién sabe, tal vez tire un nombre que ayude a la investigación de la Justicia. Es una tarea titánica. En la página oficial del IPV se señala que entre 2003 y 2015 se ejecutaron 14.103 viviendas. En cambio, en la biografía de Alperovich de Twitter, se menciona entre sus logros la concreción de 26.000 viviendas. Se puede leer el siguiente párrafo: “durante la gobernación de Alperovich se realizaron más viviendas que en toda la historia del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Retomando, lo que desnudan los “falsos gestores” es la existencia de una estructura delictiva interna en el organismo, que expone al Estado detrás, ingenuo, con sus debilidades a cuestas para que unos cuantos astutos de enriquezcan a costilla de la necesidad y de la esperanza de cientos de incautos. El Estado no puede darles una satisfacción material a los engañados, pero los dirigentes políticos sí pueden y deben darle garantías a toda la sociedad de que el IPV va a trabajar para todos y no para una clientela propia.

Costará deshacer la idea de que el Estado es un “botín de guerra”, porque esa creencia tiene muchos soldados enfrascados en su propia batalla, luchando precisamente desde alguna trinchera interna del propio Estado.

Números de la desmesura

¿Por qué la formación y corta existencia de los partidos políticos están en el hilo conductor de los desvíos que permiten las debilidades del Estado? Porque al amparo de la legislación electoral vigente se avanza con medidas que terminan afectando al sistema de representación política, a las organizaciones partidarias y a los ciudadanos que ya no soportan los cientos de boletas en el cuarto oscuro.

En diciembre de 2015, la Junta Electoral Provincial trazó una descripción crítica sobre las elecciones y puso el acento en el acople, en la cantidad de partidos políticos que participaron y en la cifra de expedientes entrados solicitando el reconocimiento como organización política. Una exorbitancia de partidos. Es válida la queja apuntando a responsabilidades ajenas, aunque sin mirarse el ombligo, porque la JEP también es parte del problema, más allá de la normativa en la que se ampara para reconocer jurídicamente la existencia de estos organismos.

La JEP precisó ese mes que en los comicios de 2015 participaron 454 partidos políticos y que hubo 1.457 acoples. Observaba la desmesura, pero no su participación en tamaño despropósito. Vayan unos datos para que se entienda la afirmación: 1- entre el 14 y 22 de junio de 2015, a sólo dos meses antes de elegir gobernador, 295 partidos realizaron comicios internos para elegir autoridades partidarias y candidatos para la elección general: 2- entre el 11 y el 19 de junio de 2015, la JEP reconoció la personalidad jurídica a 305 partidos políticos -que participaron de la elección general del 23 de agosto-; 3- hasta el jueves último, a 146 de esas 305 organizaciones que habilitó para participar de los comicios la propia JEP les declaró la caducidad. Las inhabilitó por no hacer elecciones internas y por no presentar documentos que verifiquen que tienen vida propia; por no cumplir con la ley.

En la propia Junta, al margen de la legislación electoral que facilita algunas decisiones, también hay que poner la atención, porque si bien lamenta que hayan participado 454 partidos, reconoció a más de 300 sólo ocho semanas antes de la elección. Los males y desmanes del acople no vinieron solos.

Crimen, viviendas y partidos; detrás de estas tres historias, el Estado que ampara a encubridores que le dan pequeños golpes. Encubridores de Estado. Se dice que 2018 es el año de la reforma política; sin embargo, más allá de lo electoral, debería pensarse en una reforma del Estado que apunte a la transparencia de su funcionamiento, para que nadie vaya por izquierda a los quioscos que funcionan en la gestión estatal. Todo por derecha, sin condimento ideológico, claro.

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