Aunque su concubino la golpeaba, una mujer pidió que lo liberen porque sus hijos quedaban desamparad

Hubo 113 denuncias por lesiones y amenazas a mujeres, atacadas por sus parejas o sus ex parejas en el área del Centro Judicial de Monteros. “Hay casos de violencia de género todos los días. En nuestra jurisdicción, en esta última semana, se registraron tres de una gravedad inusitada. Está el hecho de una mujer que fue quemada por su concubino y permanece internada grave en un hospital de la capital” comentó a LA GACETA el juez de Instruccción en lo Penal y de Menores, Mario Velázquez. “La violencia está instalada en la sociedad y crece por distintas razones. Y la cuestión es que con el derecho punitivo no se resuelve esta problemática”, advirtió el magistrado. “Aquí hay cuestiones socio-educativa, cultural y económicas que definen un drama”, opinó.

Este centro judicial comprende los departamentos Monteros, Tafí del Valle, Simoca y Famaillá. De esas 113 denuncias, la Justicia dispuso hasta ahora 10 prisiones preventivas, unas 23 exclusiones de hogar, depósito de personas y restricciones de acercamiento.

La cantidad de mujeres agredidas podría ser mucho mayor, ya que sólo se denuncian y llegan a los Tribunales de Monteros los hechos de violencia extrema, según se advirtió.

Velázquez insistió en que lo penal no es la herramienta adecuada para la solución integral para este tipo de delito. “A diferencia del régimen previsto por la Ley 26.485 de Violencia Familiar, el juez de Instrucción en lo penal carece de otras medidas que acompañen y garanticen el diagnóstico interdisciplinario, asistencia psicológica gratuita, integración de las partes a programas educativos y terapéuticos, entre otros”, sostuvo. “El juez con competencia en los asuntos de familia es quien cuenta con mayores elementos para el tratamiento de esta problemática; otorgar mayor y mejor protección a la víctima, sin riesgo que se menoscaben las garantías que asisten al imputado en el proceso penal. También dispone de mejores condiciones para dar una adecuada solución a la problemática de fondo”, agregó.

Atacada y desamparada

En junio pasado el magistrado, tras dictar la prisión preventiva a Fernando Alcaraz por el delito de lesiones agravadas por el vínculo contra su concubina, resolvió oficiar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a los fines de que en forma inmediata, y por su intermedio, haga efectiva la tutela judicial y se brinde la asistencia integral a la víctima. La mujer había pedido la libertad de su agresor en razón del desamparo en que había quedado con sus dos hijos menores.

Sin respuestas

“Hasta hoy sigo esperando el cumplimiento de esa disposición”, aclaró el juez. “Esto revela la falta de contención del Estado frente a una situación que desborda”, remarcó. Velázquez, por otro lado, observó que lo punitivo también tiene sus limitaciones. “No en todos los casos se puede apelar a la privación de la libertad de los imputados. Tratándose de delitos por amenazas o lesiones, en su mayoría son excarcelables”, apuntó.

Precisó que en estos casos, para privar de su libertad a una persona, se tiene que determinar la peligrosidad procesal. “Aquí se debe presuponer que el imputado representa un peligro para la eficaz investigación del hecho y la aplicación efectiva de la ley; incluso, un peligro para la afectación a bienes jurídicos ajenos o reiteración delictiva” concluyó.