15 Agosto 2016
CAJA DE RESONANCIA. En comisiones de la Cámara Baja, Aranguren informará y recibirá los cuestionamientos. dyn
BUENOS AIRES.- La presencia del ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, mañana, ante comisiones de la Cámara de Diputados para explicar los nuevos cuadros de tarifas de luz y gas, concentra la expectativa de la actividad parlamentaria de esta semana.
Además, en relación del conflicto generado por el ajuste tarifario, el Frente para la Victoria pidió una nueva sesión especial para el miércoles con el fin de volver a impulsar el tratamiento de un proyecto de ley destinado a retrotraer los valores de las facturas a niveles anteriores al aumento, precisó un vocero del bloque. El proyecto del diputado sanjuanino José Luis Gioja propone que las tarifas se ajusten según la variación salarial y de manera gradual y progresiva, contempla el llamado a audiencias públicas y el mejoramiento de parámetros para la determinación de una tarifa social.
La propuesta de Gioja contempla que se retrotraigan los valores de los servicios de luz y gas a enero y abril, respectivamente, y que desde ese punto de partida se ajusten según las variaciones del salario mínimo, vital y móvil, multiplicado por 1,5 (sumado un 50%), y establecer ese criterio para futuros aumentos. “Este proyecto corrige el impacto negativo sobre la población de los aumentos irrazonables y desproporcionados que estableció el Gobierno nacional”, dijo Gioja. En los fundamentos del proyecto se reconoce que “algunas tarifas están desactualizadas”, pero alega que “el modo elegido por el Gobierno (para actualizarlas) no ha sido el correcto”.
A la espera de una definición de la Corte Suprema, dirigentes nacionales y provinciales criticaron la judicialización del tema: fue objetada por los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la canciller Susana Malcorra, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mientras que el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo que el tarifazo “se implementó pésimamente”. A su vez, el diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, replicó las críticas de funcionarios por el congelamiento de tarifas, y planteó que en la reunión en la Cámara Baja “no está en juego ninguna herencia recibida sino el escandaloso tarifazo del Gobierno de (Mauricio) Macri”.
Garavano aseguró que “hay una sobredosis de Comodoro Py”, que “es una parte muy chica de la Justicia”, y denostó la “excesiva judicialización de las decisiones políticas”, al tiempo que reconoció que zanjar el conflicto “es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará”. Stanley advirtió que si la Corte Suprema suspende la suba de tarifas autorizada por el Gobierno “se retrotrae todo a una situación previa y se perdería la tarifa social”, aunque estimó que el alto tribunal no tomaría una medida así.
En igual sintonía, Bordet dijo que “no se puede seguir judicializando” el aumento a las tarifas de los servicios y confió en que “la Corte Suprema pueda tomar una definición en esta semana para llevar certidumbre”. (DyN)
Además, en relación del conflicto generado por el ajuste tarifario, el Frente para la Victoria pidió una nueva sesión especial para el miércoles con el fin de volver a impulsar el tratamiento de un proyecto de ley destinado a retrotraer los valores de las facturas a niveles anteriores al aumento, precisó un vocero del bloque. El proyecto del diputado sanjuanino José Luis Gioja propone que las tarifas se ajusten según la variación salarial y de manera gradual y progresiva, contempla el llamado a audiencias públicas y el mejoramiento de parámetros para la determinación de una tarifa social.
La propuesta de Gioja contempla que se retrotraigan los valores de los servicios de luz y gas a enero y abril, respectivamente, y que desde ese punto de partida se ajusten según las variaciones del salario mínimo, vital y móvil, multiplicado por 1,5 (sumado un 50%), y establecer ese criterio para futuros aumentos. “Este proyecto corrige el impacto negativo sobre la población de los aumentos irrazonables y desproporcionados que estableció el Gobierno nacional”, dijo Gioja. En los fundamentos del proyecto se reconoce que “algunas tarifas están desactualizadas”, pero alega que “el modo elegido por el Gobierno (para actualizarlas) no ha sido el correcto”.
A la espera de una definición de la Corte Suprema, dirigentes nacionales y provinciales criticaron la judicialización del tema: fue objetada por los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; la canciller Susana Malcorra, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mientras que el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sostuvo que el tarifazo “se implementó pésimamente”. A su vez, el diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, replicó las críticas de funcionarios por el congelamiento de tarifas, y planteó que en la reunión en la Cámara Baja “no está en juego ninguna herencia recibida sino el escandaloso tarifazo del Gobierno de (Mauricio) Macri”.
Garavano aseguró que “hay una sobredosis de Comodoro Py”, que “es una parte muy chica de la Justicia”, y denostó la “excesiva judicialización de las decisiones políticas”, al tiempo que reconoció que zanjar el conflicto “es un tema central que tiene que resolver la Justicia y el Gobierno la respetará”. Stanley advirtió que si la Corte Suprema suspende la suba de tarifas autorizada por el Gobierno “se retrotrae todo a una situación previa y se perdería la tarifa social”, aunque estimó que el alto tribunal no tomaría una medida así.
En igual sintonía, Bordet dijo que “no se puede seguir judicializando” el aumento a las tarifas de los servicios y confió en que “la Corte Suprema pueda tomar una definición en esta semana para llevar certidumbre”. (DyN)
Lo más popular
