Albornoz ya cumple su primera condena firme

Albornoz ya cumple su primera condena firme

El represor había pasado seis días en su casa tras un fallo de Casación. El TOF hizo lugar a un pedido del MPF para que se ejecute la sentencia de “Romero Niklison” El ex jefe de inteligencia de la Policía había sido penado en 2011 por la “matanza” de cinco militantes de Montoneros en el barrio Echeverría

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30 Noviembre 2014
Roberto “El Tuerto” Albornoz cumple desde esta semana su primera condena firme a perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Villa Urquiza.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, del Tribunal Oral Federal (TOF) local, dispusieron el cumplimiento de la pena por pedido de Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF) y Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad).

Los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtieron que la sentencia dictada en 2011 por la causa conocida como “Romero Niklison” estaba firme desde el 22 de abril pasado y requirieron que se proceda de inmediato a la ejecución de la sentencia. Sobre el represor pesan otras tres condenas a perpetua por su rol durante el terrorismo de Estado (causas “Jefatura I”, “Aguirre-Weiss” y “Arsenales II-Jefatura II”). y es juzgado por estos días en la megacausa “Villa Urquiza”, por los crímenes cometidos en esa penitenciaría contra presos políticos.

El ex policía de 83 años se desempeñó como jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), órgano de inteligencia, y fue el mandamás del centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura, de acuerdo con las sentencias dictadas. Albornoz permanecía encarcelado desde septiembre de 2012 (antes tenía domiciliaria), cuando el TOF dispuso el encierro de una treintena de imputados de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” para garantizar la concreción del debate. La situación de Albornoz, sin embargo, cambió este mes.

El 6, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala III) -a instancias de un planteo del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a todos los penados del megaproceso a la situación procesal anterior al megajuicio hasta tanto la sentencia quede firme. Albornoz, entonces, pasó seis días en su casa con custodia de la Policía, fuerza en la que tuvo un puesto de mando. Esto irritó al MPF, las querellas y organismos de Derechos Humanos.

El 11, el TOF hizo lugar a un recurso de reposición presentado por los fiscales Peralta Palma y Patricio Rovira y determinó el regreso a la cárcel para la continuidad del juicio en curso.

“Romero Niklison”
El 20 de mayo de 1976, policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros (Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen) durante un allanamiento ilegal en una casa del barrio Echeverría. En marzo de 2011, el TOF condenó al ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y a Albornoz por el hecho. En los fundamentos, el Tribunal consideró que las víctimas murieron ejecutadas y que se trató de una “matanza cruel”.

Por las “omisiones” en la investigación de este caso, el ex juez federal Manlio Martínez será sometido a juicio en febrero.

Organismos de derechos humanos se reunirán con poviña tras la liberación de represores
Organizaciones de derechos humanos que habían presentado un habeas corpus colectivo tras la liberación de condenados de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” mantendrán mañana una audiencia con el juez federal N°2 Fernando Poviña. La abogada Julia Vitar presentó un escrito previo al encuentro en el que solicitó una serie de medidas para el resguardo de víctimas, testigos y querellantes y tendiente a lograr el control sobre los represores. Requirió, por ejemplo, que se trabaje en la identificación y ubicación de los posibles afectados. También, le pidió a Poviña que solicite informes al Tribunal Oral Federal (TOF) sobre las medidas para constatar que no se violen las domiciliarias. Por otro lado, reclamó que el juez disponga la prohibición de acercamiento por parte de los ex miembros de fuerzas de seguridad a las víctimas, testigos y querellantes.

La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso la libertad de 17 imputados y otorgó prisión domiciliaria a otros 13 hasta que quede firme la sentencia. La Fiscalía y querellantes advirtieron sobre el riesgo de fuga y el peligro para la integridad física y psíquica de las víctimas. 

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