Por Marcelo Batiz
17 Agosto 2014
BUENOS AIRES.- El discurso oficial dejó olvidada hace tiempo la mención de los “superávits gemelos”. Uno, el comercial, cada día se muestra más enclenque y el otro, el fiscal, hace años se transformó en un déficit que no para de crecer.
Un tradicional ardid administrativo, al que todos los Gobiernos echan mano para mostrar números más o menos presentables, diferencia al resultado fiscal en “primario” y “financiero”, en el que el primero no tiene en cuenta los gastos en servicios de la deuda. Esa diferencia permite confeccionar gacetillas en las que, por ejemplo, se indica que en junio de 2014 el déficit primario fue de apenas $ 286,8 millones. Al lector desprevenido quizás se le pase por alto que el déficit financiero fue un 5.714% mayor, con $ 16.676,6 millones.
En términos caseros, presentar el resultado primario sin referirse al financiero sería lo mismo que mostrar los gastos del hogar sin incluir, por ejemplo, la cuenta del supermercado. El resultado sería tan auspicioso como irreal porque, créase o no, la cuenta del supermercado hay que pagarla. Pero a esa particular forma de presentar los números se le añade uno de los aspectos más controvertidos de la denominada “contabilidad creativa”, que es la de incorporar a los ingresos corrientes del Tesoro transferencias de otros organismos como el Banco Central, el PAMI y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Con esos aportes se conformaron en junio “Rentas de la Propiedad” por $ 23.842,9 millones.
Sin esa asistencia, el déficit financiero sería de $ 40.519,5 millones en tan solo un mes. O, si se prefiere, en junio el Estado nacional generó un millón de pesos de déficit cada 63 segundos. Los aportes de “Rentas de la Propiedad” siempre se utilizaron de manera discrecional para intentar equilibrar las cuentas del Tesoro, aunque un repaso de los resultados de los últimos seis años dan la pauta de cómo el barril sin fondo de la administración pública terminó por esterilizar ese aporte, a pesar de su permanente crecimiento.
En 2008 no hubo problemas. Las “rentas” permitieron subir el resultado financiero positivo de $ 6.369,9 millones a $ 14.654,8 millones. En ese caso, el maquillaje solamente mejoró cuentas que por sí solas ya eran superavitarias. Ya en 2009, el auxilio fue necesario para que el déficit financiero pasara de $ 22.880,6 millones a $ 7.131,1 millones.
En 2010, la asistencia de las rentas de la propiedad debieron más que duplicar a las del año anterior. Gracias a ella, el déficit financiero de $ 29.065,5 millones pasó a ser un superávit de $ 3.067,9 millones.
A partir de 2011 no hubo cosmética que pudiera disimular el deterioro fiscal. Desde entonces, se registró déficit financiero con o sin aportes de rentas de la propiedad. No hay BCRA, Anses ni PAMI que alcancen. Ese año el resultado financiero cerró con un rojo de $ 30.663,8 millones, que serían $ 54.053,5 millones sin la ayuda milagrosa. El derrumbe fiscal se agravó en 2012, con $ 55.564,7 millones u $ 84.321,9 millones, en tanto que las cuentas de 2013 arrojaron sendos déficits de $ 64.477,5 millones y $ 123.736,7 millones, con o sin la asistencia de rentas de la propiedad.
El primer semestre de 2014 muestra resultados que hacen prever un año con un déficit sin precedentes. El déficit financiero “sin ayuda” fue de $ 69 millones en enero, 9.512,8 millones en febrero, 17.263,3 millones en marzo, 9.226,2 millones en abril y 6.217,7 millones en mayo.
Los $ 40.519,5 millones de junio completan un semestre con un rojo de $ 82.808,6 millones. Casi 10.000 millones de dólares al cambio oficial. En tiempos en que se siguen barajando alternativas sobre cómo pagar los 1.600 millones reclamados por los fondos buitre, no está de más recordar que esa suma equivale al déficit de un mes.
Tampoco resulta ocioso contrastar el déficit real del sector público nacional de $ 82.808,6 millones con los 97.893,1 millones de subsidios otorgados por el mismo sector público a diferentes agentes económicos privados y estatales. Una reducción de estos redundaría en una mejora equivalente de aquellos, con los beneficios adicionales de la necesidad de una menor emisión monetaria, menos presión alcista del tipo de cambio y, a la postre, la neutralización de la inflación que generarían los aumentos tarifarios.
La cuenta no es tan difícil. Hasta un ministro de Economía la puede hacer.
Un tradicional ardid administrativo, al que todos los Gobiernos echan mano para mostrar números más o menos presentables, diferencia al resultado fiscal en “primario” y “financiero”, en el que el primero no tiene en cuenta los gastos en servicios de la deuda. Esa diferencia permite confeccionar gacetillas en las que, por ejemplo, se indica que en junio de 2014 el déficit primario fue de apenas $ 286,8 millones. Al lector desprevenido quizás se le pase por alto que el déficit financiero fue un 5.714% mayor, con $ 16.676,6 millones.
En términos caseros, presentar el resultado primario sin referirse al financiero sería lo mismo que mostrar los gastos del hogar sin incluir, por ejemplo, la cuenta del supermercado. El resultado sería tan auspicioso como irreal porque, créase o no, la cuenta del supermercado hay que pagarla. Pero a esa particular forma de presentar los números se le añade uno de los aspectos más controvertidos de la denominada “contabilidad creativa”, que es la de incorporar a los ingresos corrientes del Tesoro transferencias de otros organismos como el Banco Central, el PAMI y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Con esos aportes se conformaron en junio “Rentas de la Propiedad” por $ 23.842,9 millones.
Sin esa asistencia, el déficit financiero sería de $ 40.519,5 millones en tan solo un mes. O, si se prefiere, en junio el Estado nacional generó un millón de pesos de déficit cada 63 segundos. Los aportes de “Rentas de la Propiedad” siempre se utilizaron de manera discrecional para intentar equilibrar las cuentas del Tesoro, aunque un repaso de los resultados de los últimos seis años dan la pauta de cómo el barril sin fondo de la administración pública terminó por esterilizar ese aporte, a pesar de su permanente crecimiento.
En 2008 no hubo problemas. Las “rentas” permitieron subir el resultado financiero positivo de $ 6.369,9 millones a $ 14.654,8 millones. En ese caso, el maquillaje solamente mejoró cuentas que por sí solas ya eran superavitarias. Ya en 2009, el auxilio fue necesario para que el déficit financiero pasara de $ 22.880,6 millones a $ 7.131,1 millones.
En 2010, la asistencia de las rentas de la propiedad debieron más que duplicar a las del año anterior. Gracias a ella, el déficit financiero de $ 29.065,5 millones pasó a ser un superávit de $ 3.067,9 millones.
A partir de 2011 no hubo cosmética que pudiera disimular el deterioro fiscal. Desde entonces, se registró déficit financiero con o sin aportes de rentas de la propiedad. No hay BCRA, Anses ni PAMI que alcancen. Ese año el resultado financiero cerró con un rojo de $ 30.663,8 millones, que serían $ 54.053,5 millones sin la ayuda milagrosa. El derrumbe fiscal se agravó en 2012, con $ 55.564,7 millones u $ 84.321,9 millones, en tanto que las cuentas de 2013 arrojaron sendos déficits de $ 64.477,5 millones y $ 123.736,7 millones, con o sin la asistencia de rentas de la propiedad.
El primer semestre de 2014 muestra resultados que hacen prever un año con un déficit sin precedentes. El déficit financiero “sin ayuda” fue de $ 69 millones en enero, 9.512,8 millones en febrero, 17.263,3 millones en marzo, 9.226,2 millones en abril y 6.217,7 millones en mayo.
Los $ 40.519,5 millones de junio completan un semestre con un rojo de $ 82.808,6 millones. Casi 10.000 millones de dólares al cambio oficial. En tiempos en que se siguen barajando alternativas sobre cómo pagar los 1.600 millones reclamados por los fondos buitre, no está de más recordar que esa suma equivale al déficit de un mes.
Tampoco resulta ocioso contrastar el déficit real del sector público nacional de $ 82.808,6 millones con los 97.893,1 millones de subsidios otorgados por el mismo sector público a diferentes agentes económicos privados y estatales. Una reducción de estos redundaría en una mejora equivalente de aquellos, con los beneficios adicionales de la necesidad de una menor emisión monetaria, menos presión alcista del tipo de cambio y, a la postre, la neutralización de la inflación que generarían los aumentos tarifarios.
La cuenta no es tan difícil. Hasta un ministro de Economía la puede hacer.
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