31 Julio 2014
El Ministerio Público Fiscal y Pupilar de la provincia se quedará hoy sin titular y sin fiscal de Instrucción de la II Nominación. El fin de las carreras de Luis De Mitri y de Carlos Albaca llega en el mismo momento y por la misma razón: el escándalo asociado a la investigación de la muerte de Paulina Lebbos. La presentación de la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación permitió a ambos funcionarios zafar de la destitución. A partir de mañana, el ex ministro De Mitri y el ex fiscal Albaca ingresarán al sector de los pasivos que perciben un haber con el beneficio del 82% móvil.
El cambio de ciclo del Ministerio Público local recuerda -salvando las distancias- a aquel cimbronazo que golpeó hace siete años a la Justicia Federal, cuando una serie de irregularidades en la tramitación de causas con títulos de la deuda pública derivó en la destitución del juez federal N°2, Felipe Terán, y la renuncia -también con fines jubilatorios- del juez federal N°1, Jorge Parache.
Al igual que en esos casos, De Mitri y Albaca se retiran de los Tribunales por la puerta de atrás y con una variedad de denuncias penales a cuestas. Por su actuación en “Lebbos” (controló la causa durante casi siete años), el ex fiscal ha de enfrentar al menos las presentaciones que en su contra hicieron la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), el diputado José Cano (UCR), y el letrado y peronista disidente Oscar López. Este último también denunció a De Mitri por supuesto encubrimiento, entre otros delitos, en un conjunto de investigaciones penales sensibles para el poder político.
Aquellas causas tuvieron escaso movimiento en parte porque fue y sigue siendo difícil conseguir un fiscal que se haga cargo de investigar a sus ex par y ex jefe. En ese sentido, el caso testigo es el derrotero de la denuncia de la CSJT, que originó la inhibición de nueve fiscales de primera instancia y tres de cámara, además de una declaración de nulidad del juez Francisco Pisa y de una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que revocó aquella decisión. El 4 de julio pasado, por fin, Pisa ordenó la apertura de una investigación jurisdiccional en contra de Albaca, pero dicho proceso especial (previsto para cuando existe un obstáculo fundado en privilegios constitucionales) se transformará hoy en una pesquisa ordinaria.
Las denuncias contra De Mitri y Albaca serían acumuladas en un mismo expediente, según fuentes judiciales. En paralelo, la rueda de excusaciones volverá a girar puesto que Carlos Sale, el fiscal de Cámara obligado por De Mitri a pedir a Pisa que abra una investigación, se reservó el derecho a cuestionar las inhibiciones que en su momento habían formulado los fiscales de primera instancia, conflicto que será resuelto por el juez de Instrucción.
Un anuncio inminente
En paralelo, se pondrán en marcha los mecanismos para cubrir las dos vacantes. El cargo vitalicio que mayor expectativas genera es el que ocupó De Mitri por decisión del ex gobernador Julio Miranda, posición equiparada al de vocal de Corte. El ministro no sólo controla a fiscales y defensores oficiales, y es una pieza clave para el establecimiento de la política criminal, sino que también dictamina en las causas que tramitan en el alto tribunal y ocupa uno de los tres sillones de la Junta Electoral Provincial (los otros pertenecen a los titulares de la CSJT y del Poder Legislativo).
Por prescripción constitucional, la designación del sucesor de De Mitri depende de la discrecionalidad del gobernador José Alperovich, que ya nombró a tres vocales de la Corte (Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse). El mandatario ha mantenido el asunto en reserva, pero fuentes de la Casa de Gobierno dicen que el elegido sería Edmundo Jiménez, secretario del Partido Justicialista, y ministro de Gobierno y Justicia desde 2003, y que el anuncio es inminente. El proceso sigue con el envío del pliego a la Legislatura, para que esa institución preste acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar quedará a cargo de los fiscales de Cámara.
El próximo titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, en cambio, saldrá del terceto que confeccione el Consejo Asesor de la Magistratura después de sustanciar un concurso público de antecedentes y oposición. Como ello insumirá al menos un semestre, la ex oficina de Albaca sería subrogada por Adriana Gianonni, fiscala de Instrucción de la VIII Nominación, hasta el fin de este año. Durante ese plazo, la Fiscalía II no entraría de turno, previsión que procura evitar que el despacho asuma causas nuevas.
Dicha transición sería aprovechada para reorganizar una fiscalía que está sumida en el desorden, según un informe reciente del Cuerpo de Auditores de la CSJT. El alto tribunal intervino de hecho en lo de Albaca al disponer el desembarco de su Oficina de Gestión; la apertura de un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de la secretaría y el traslado del funcionario Emilio Salazar a la biblioteca del Poder Judicial. El lugar de ese secretario será ocupado por Exequiel Enrique Zelaya, que proviene de la fiscalía de Guillermo Herrera.
El cambio de ciclo del Ministerio Público local recuerda -salvando las distancias- a aquel cimbronazo que golpeó hace siete años a la Justicia Federal, cuando una serie de irregularidades en la tramitación de causas con títulos de la deuda pública derivó en la destitución del juez federal N°2, Felipe Terán, y la renuncia -también con fines jubilatorios- del juez federal N°1, Jorge Parache.
Al igual que en esos casos, De Mitri y Albaca se retiran de los Tribunales por la puerta de atrás y con una variedad de denuncias penales a cuestas. Por su actuación en “Lebbos” (controló la causa durante casi siete años), el ex fiscal ha de enfrentar al menos las presentaciones que en su contra hicieron la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), el diputado José Cano (UCR), y el letrado y peronista disidente Oscar López. Este último también denunció a De Mitri por supuesto encubrimiento, entre otros delitos, en un conjunto de investigaciones penales sensibles para el poder político.
Aquellas causas tuvieron escaso movimiento en parte porque fue y sigue siendo difícil conseguir un fiscal que se haga cargo de investigar a sus ex par y ex jefe. En ese sentido, el caso testigo es el derrotero de la denuncia de la CSJT, que originó la inhibición de nueve fiscales de primera instancia y tres de cámara, además de una declaración de nulidad del juez Francisco Pisa y de una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que revocó aquella decisión. El 4 de julio pasado, por fin, Pisa ordenó la apertura de una investigación jurisdiccional en contra de Albaca, pero dicho proceso especial (previsto para cuando existe un obstáculo fundado en privilegios constitucionales) se transformará hoy en una pesquisa ordinaria.
Las denuncias contra De Mitri y Albaca serían acumuladas en un mismo expediente, según fuentes judiciales. En paralelo, la rueda de excusaciones volverá a girar puesto que Carlos Sale, el fiscal de Cámara obligado por De Mitri a pedir a Pisa que abra una investigación, se reservó el derecho a cuestionar las inhibiciones que en su momento habían formulado los fiscales de primera instancia, conflicto que será resuelto por el juez de Instrucción.
Un anuncio inminente
En paralelo, se pondrán en marcha los mecanismos para cubrir las dos vacantes. El cargo vitalicio que mayor expectativas genera es el que ocupó De Mitri por decisión del ex gobernador Julio Miranda, posición equiparada al de vocal de Corte. El ministro no sólo controla a fiscales y defensores oficiales, y es una pieza clave para el establecimiento de la política criminal, sino que también dictamina en las causas que tramitan en el alto tribunal y ocupa uno de los tres sillones de la Junta Electoral Provincial (los otros pertenecen a los titulares de la CSJT y del Poder Legislativo).
Por prescripción constitucional, la designación del sucesor de De Mitri depende de la discrecionalidad del gobernador José Alperovich, que ya nombró a tres vocales de la Corte (Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse). El mandatario ha mantenido el asunto en reserva, pero fuentes de la Casa de Gobierno dicen que el elegido sería Edmundo Jiménez, secretario del Partido Justicialista, y ministro de Gobierno y Justicia desde 2003, y que el anuncio es inminente. El proceso sigue con el envío del pliego a la Legislatura, para que esa institución preste acuerdo. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar quedará a cargo de los fiscales de Cámara.
El próximo titular de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, en cambio, saldrá del terceto que confeccione el Consejo Asesor de la Magistratura después de sustanciar un concurso público de antecedentes y oposición. Como ello insumirá al menos un semestre, la ex oficina de Albaca sería subrogada por Adriana Gianonni, fiscala de Instrucción de la VIII Nominación, hasta el fin de este año. Durante ese plazo, la Fiscalía II no entraría de turno, previsión que procura evitar que el despacho asuma causas nuevas.
Dicha transición sería aprovechada para reorganizar una fiscalía que está sumida en el desorden, según un informe reciente del Cuerpo de Auditores de la CSJT. El alto tribunal intervino de hecho en lo de Albaca al disponer el desembarco de su Oficina de Gestión; la apertura de un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de la secretaría y el traslado del funcionario Emilio Salazar a la biblioteca del Poder Judicial. El lugar de ese secretario será ocupado por Exequiel Enrique Zelaya, que proviene de la fiscalía de Guillermo Herrera.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
