Por Irene Benito
20 Abril 2014
El tiempo que pasa es la verdad que huye. En el ámbito de la pesquisa del caso “Lebbos”, la cita del criminalista francés Edmond Locard devenida en principio básico de la medicina legal parece dar sustento a la acusación que pesa sobre la cabeza del fiscal Carlos Albaca, que no logró progresos de ninguna clase durante los siete años que el expediente estuvo en su poder. Pero a contrario sensu de la lógica del universo, la máxima de Locard fue introducida por el propio Albaca en el escrito jactancioso que elaboró con la pretensión de desvirtuar los cargos gravísimos contenidos en el sumario administrativo que ordenó la Corte.
Ese descargo es, en términos objetivos, el primer comentario que Albaca hace sobre “Lebbos” desde que las circunstancias -un informe comprometedor del abogado Bernardo Lobo Bugeau- lo obligaron a desprenderse de la causa. El fiscal se llamó al silencio mientras los acontecimientos -un dictamen demoledor de la instructora del sumario, la fiscala Marta Ignacia Jerez, y un par de solicitudes de juicio político- precipitaban su renuncia al cargo que ocupó durante dos décadas. La dimisión condicionada fue oficializada a finales de diciembre; un mes después, el contador que gobierna la provincia desde 2003 dio -sin más- el visto bueno requerido para que el dimitente se jubile con el beneficio del 82% móvil.
Parecía un adiós sin más contratiempos que la protesta de Alberto Lebbos, el padre de la víctima: un adiós fácil y rápido, como si Albaca hubiese hecho las cosas de tal suerte que no necesitase brindar explicaciones. Los pedidos de remoción fueron archivados por la comisión de Juicio Político que -con sumisión total al Poder Ejecutivo- preside el legislador oficialista Sisto Terán y la atención se concentró en los avances que en corto plazo logró Diego López Ávila, el tercer fiscal del caso “Lebbos”. El asunto “Albaca” estaba resuelto y cerrado incluso para Antonio Gandur, presidente de la Corte, que en febrero dijo que la dimisión de este satisfacía el interés de la Justicia, en la medida en que había ocurrido el cese del funcionario constitucional acusado de incumplir las obligaciones inherentes a su cargo.
Cuando nadie lo esperaba, “Carli” Albaca contraatacó furiosa y masivamente. Su verdad es que no está probado que Paulina Lebbos haya sido asesinada (mediante una asfixia mecánica con estrangulamiento manual) y él no ha podido hallar otra explicación verosímil para la muerte trágica ocurrida en 2006. Sólo el Gobierno y el pueblo de Tucumán quedan a salvo de un descargo que acribilla a Gandur; a Jerez; al alicaído ministro fiscal Luis De Mitri; a Alejandro Noguera, el primer fiscal apartado “para evitar sospechas” y luego ascendido a fiscal de Cámara; a López Ávila; a Miguel Gómez, Hugo Cabeza y César Agüero, los policías que colaboraron en la instrucción; al Cuerpo Médico Forense y a la Morgue Judicial, y a Alberto Lebbos, a su familia y a la mismísima víctima.
El ramalazo general, que incluye una disquisición repulsiva sobre la parafilia (desviación sexual), “olvida” justificar el secreto-cerrojo impuesto al trámite de la investigación: el fiscal no sólo no se detiene en la opacidad que promovió contra viento y marea sino que incluso reprocha a Gandur y a Jerez la violación del deber de reservar las actuaciones del sumario administrativo. Albaca también omite mencionar por qué no expresó antes sus dudas y por qué acunó la causa entre sus brazos. Pero el descargo vale como muestra del potencial destructivo de un fiscal que, en principio, ya no puede ser destituido y que permanecerá en su despacho hasta que se jubile, final que, según algunas lenguas de la Corte, no estaría precisamente “a la vuelta de la esquina”. El tiempo que pasa es la verdad que huye pero la verdad también es hija del tiempo: como si fuesen agujas, ambos apotegmas tejen el destino de Carlos Ramón Albaca.
Ese descargo es, en términos objetivos, el primer comentario que Albaca hace sobre “Lebbos” desde que las circunstancias -un informe comprometedor del abogado Bernardo Lobo Bugeau- lo obligaron a desprenderse de la causa. El fiscal se llamó al silencio mientras los acontecimientos -un dictamen demoledor de la instructora del sumario, la fiscala Marta Ignacia Jerez, y un par de solicitudes de juicio político- precipitaban su renuncia al cargo que ocupó durante dos décadas. La dimisión condicionada fue oficializada a finales de diciembre; un mes después, el contador que gobierna la provincia desde 2003 dio -sin más- el visto bueno requerido para que el dimitente se jubile con el beneficio del 82% móvil.
Parecía un adiós sin más contratiempos que la protesta de Alberto Lebbos, el padre de la víctima: un adiós fácil y rápido, como si Albaca hubiese hecho las cosas de tal suerte que no necesitase brindar explicaciones. Los pedidos de remoción fueron archivados por la comisión de Juicio Político que -con sumisión total al Poder Ejecutivo- preside el legislador oficialista Sisto Terán y la atención se concentró en los avances que en corto plazo logró Diego López Ávila, el tercer fiscal del caso “Lebbos”. El asunto “Albaca” estaba resuelto y cerrado incluso para Antonio Gandur, presidente de la Corte, que en febrero dijo que la dimisión de este satisfacía el interés de la Justicia, en la medida en que había ocurrido el cese del funcionario constitucional acusado de incumplir las obligaciones inherentes a su cargo.
Cuando nadie lo esperaba, “Carli” Albaca contraatacó furiosa y masivamente. Su verdad es que no está probado que Paulina Lebbos haya sido asesinada (mediante una asfixia mecánica con estrangulamiento manual) y él no ha podido hallar otra explicación verosímil para la muerte trágica ocurrida en 2006. Sólo el Gobierno y el pueblo de Tucumán quedan a salvo de un descargo que acribilla a Gandur; a Jerez; al alicaído ministro fiscal Luis De Mitri; a Alejandro Noguera, el primer fiscal apartado “para evitar sospechas” y luego ascendido a fiscal de Cámara; a López Ávila; a Miguel Gómez, Hugo Cabeza y César Agüero, los policías que colaboraron en la instrucción; al Cuerpo Médico Forense y a la Morgue Judicial, y a Alberto Lebbos, a su familia y a la mismísima víctima.
El ramalazo general, que incluye una disquisición repulsiva sobre la parafilia (desviación sexual), “olvida” justificar el secreto-cerrojo impuesto al trámite de la investigación: el fiscal no sólo no se detiene en la opacidad que promovió contra viento y marea sino que incluso reprocha a Gandur y a Jerez la violación del deber de reservar las actuaciones del sumario administrativo. Albaca también omite mencionar por qué no expresó antes sus dudas y por qué acunó la causa entre sus brazos. Pero el descargo vale como muestra del potencial destructivo de un fiscal que, en principio, ya no puede ser destituido y que permanecerá en su despacho hasta que se jubile, final que, según algunas lenguas de la Corte, no estaría precisamente “a la vuelta de la esquina”. El tiempo que pasa es la verdad que huye pero la verdad también es hija del tiempo: como si fuesen agujas, ambos apotegmas tejen el destino de Carlos Ramón Albaca.
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