06 Octubre 2013
MONTEVIDEO.- El fiscal uruguayo Enrique Viana denunció ayer que su país cedió soberanía y república al permitir la instalación de la pastera finlandesa UPM en su territorio y advirtió: "la industria de celulosa ha sido declarada poco menos que una cuestión de Estado, por lo que la Justicia está condicionada para regular cuestiones ambientales".
Viana agregó que el Estado se ha convertido en un socio de la industria de celulosa, lo que torna difícil que prosperen las demandas en defensa del medio ambiente. "Somos un país celulósico", denunció el funcionario judicial. Viana, que desde 2003 ha presentado demandas en su país contra la instalación de pasteras como la empresa finlandesa, volvió a alertar sobre la contaminación del sector luego de que el presidente uruguayo José Mujica autorizara de manera unilateral a UPM el aumento de la producción sin el consentimiento de la Argentina.
De todos modos, Viana lamentó que esas demandas tienen pocas posibilidades de prosperar porque en el Uruguay no poseen jurisprudencia de protección del medio ambiente.
El fiscal de Montevideo subrayó que cuando el Estado se vuelve socio, una suerte de socio gestor de estas empresas, mediando tratados y contratos de inversión, es muy difícil pensar que el Poder Judicial tenga independencia en este tipo de decisiones. En ese marco, Viana advirtió: "cuando usted firma tratados y contratos de inversión, lo primero que hace es ceder soberanía y república".
"Cuando usted cede los tres poderes del Estado, es muy difícil que ese Estado, condicionado y convertido en un socio de esa industria, le diga que no; es por eso que a este pedido de aumento de la producción era evidente que se le iba a contestar que sí", analizó.
En tal sentido, reflexionó: "si el Estado uruguayo le hubiera dicho que no, tendría que pagar el lucro cesante, es decir, lo que hubiera dejado de producir Botnia por producir más".
El fiscal remarcó que no sólo toda pastera contamina, sino que no hay plantas de celulosa de un millón de toneladas en ríos interiores en el mundo, ni siquiera en Finlandia, que vuelca todos sus vertidos tóxicos a mares abiertos y mares congelados. (Télam)
Viana agregó que el Estado se ha convertido en un socio de la industria de celulosa, lo que torna difícil que prosperen las demandas en defensa del medio ambiente. "Somos un país celulósico", denunció el funcionario judicial. Viana, que desde 2003 ha presentado demandas en su país contra la instalación de pasteras como la empresa finlandesa, volvió a alertar sobre la contaminación del sector luego de que el presidente uruguayo José Mujica autorizara de manera unilateral a UPM el aumento de la producción sin el consentimiento de la Argentina.
De todos modos, Viana lamentó que esas demandas tienen pocas posibilidades de prosperar porque en el Uruguay no poseen jurisprudencia de protección del medio ambiente.
El fiscal de Montevideo subrayó que cuando el Estado se vuelve socio, una suerte de socio gestor de estas empresas, mediando tratados y contratos de inversión, es muy difícil pensar que el Poder Judicial tenga independencia en este tipo de decisiones. En ese marco, Viana advirtió: "cuando usted firma tratados y contratos de inversión, lo primero que hace es ceder soberanía y república".
"Cuando usted cede los tres poderes del Estado, es muy difícil que ese Estado, condicionado y convertido en un socio de esa industria, le diga que no; es por eso que a este pedido de aumento de la producción era evidente que se le iba a contestar que sí", analizó.
En tal sentido, reflexionó: "si el Estado uruguayo le hubiera dicho que no, tendría que pagar el lucro cesante, es decir, lo que hubiera dejado de producir Botnia por producir más".
El fiscal remarcó que no sólo toda pastera contamina, sino que no hay plantas de celulosa de un millón de toneladas en ríos interiores en el mundo, ni siquiera en Finlandia, que vuelca todos sus vertidos tóxicos a mares abiertos y mares congelados. (Télam)
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